¿Qué requisitos deben concurrir en la prueba indiciaria para constituirse en actividad probatoria de cargo para condenar?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en sentencia de 13 de octubre de 2016, con cita en anterior sentencia nº 220/2015, de 9 de abril que recogía el contenido de la STC 128/2011, de 18 de julio, la cual, enlazando con ideas reiteradísimas, sintetiza la doctrina sobre la aptitud de la prueba indiciaria para constituirse en la actividad probatoria de cargo que sustenta una condena: » A falta de prueba directa de cargo, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que: 1) el hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente probados; 2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados; 3) se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia, para lo  que  es  preciso,  en  primer  lugar,  que  el  órgano  judicial  exteriorice  los  hechos  que  están  acreditados,  o indicios,  y,  sobre  todo  que  explique  el  razonamiento  o  engarce  lógico  entre  los  hechos  base  y  los  hechos consecuencia;  y,  finalmente,  que  este  razonamiento  esté  asentado  en  las  reglas  del  criterio  humano  o  en las reglas de la experiencia común o, «en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes» (SSTC 300/2005, de 21 de noviembre, FJ 3; 111/2008, de 22 de septiembre, FJ 3 y 70/2010, FJ 3). Asumiendo «la radical falta de competencia de esta jurisdicción de amparo para la valoración de la actividad probatoria practicada en un proceso penal y para la evaluación de dicha valoración conforme a criterios de calidad o de oportunidad» (SSTC 137/2005, de 23 de mayo, FJ 2 y 111/2008, de 22 de septiembre, FJ 3), sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en  este  ámbito  de  enjuiciamiento  cuando  «la  inferencia  sea  ilógica  o  tan  abierta  que  en  su  seno  quepa  tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada» (SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 4; 111/2008, de 22 de septiembre, FJ 3; 109/2009, de 11 de mayo, FJ 3; 70/2010, de 18 de octubre, FJ 3; 25/2011, de 14 de marzo, FJ 8).”

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¿Qué requisitos deben concurrir para la comisión de un delito de coacciones?

Nos enseña la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de octubre de 2016 que “el delito de coacciones se comete cuando, sin estar legítimamente autorizado, se impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe o se le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. La jurisprudencia de esta Sala ha declarado retiradamente que «… la violencia como medio comisivo de la coacción puede serlo tanto física como moral, ésta última a través de una intimidación personal e incluso a través de las cosas, siempre que de alguna manera afecte a la libertad de obrar o a la capacidad de actuar del sujeto pasivo (S. 11 de marzo de 1999)», (STS nº 214/2011, de 3 de marzo). En el mismo sentido, se afirmaba  en  la  STS  nº  982/2009,  de  15  de  octubre ,  que  «esta  Sala  se  ha  inclinado  por  la  admisión  en  la comprensión de la violencia, a la intimidación personal e incluso la violencia a través de las cosas, siempre que de alguna forma afecte a la libertad de obrar o a la capacidad de actuar del sujeto pasivo impidiéndole hacer lo que la ley no prohíbe o compeliéndole a hacer lo que no quiere (STS nº 628/2008).”

En cuanto al tipo subjetivo, explica el alto Tribunal que «debe abarcar no sólo el empleo de la fuerza o violencia que doblegue la voluntad ajena, sino que es preciso también que ésta sea la intención del sujeto activo, dirigida a restringir de algún modo la libertad ajena para someterla a los deseos o criterios propios», (STS nº 628/2008, de 15 de octubre). En esta misma sentencia se enumeraban los requisitos de este delito en la forma siguiente: » a) Una conducta violenta de contenido material, como vis física, o intimidación, como vis compulsiva, ejercida sobre el sujeto pasivo, ya sea de modo directo o de modo indirecto. b) La finalidad perseguida, como resultado de la acción, es la de impedir lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiere, sea justo o injusto. c) Intensidad suficiente de la acción como para originar el resultado que se busca, pues de carecer de tal intensidad, se podría dar lugar a la falta. d) La intención dolosa consistente en el deseo de restringir la libertad ajena, lógica consecuencia del significado que tienen los verbos impedir o compeler. e) Que el acto sea ilícito -sin estar legítimamente autorizado- que será examinado desde la normativa exigida en la actividad que la regula». En sentido similar la STS nº 595/2012, de 12 de julio, citada por los recurrentes.”

En el caso concreto examinado por la Sala de lo Penal se señala que “en  el  caso,  se  declara  probado  que  los  recurrentes  acudieron  a  la  tienda  en  la  que  trabajaba  el denunciante  para  cobrar  la  deuda,  diciéndole  que  saliera.  Este  les  dijo  que  se  marcharan,  cerró  la  puerta, y  los  recurrentes  la  aporrearon.  Según  esta  descripción  fáctica,  la  violencia  existente,  ejercida  sobre  las cosas, puede entenderse como una reacción airada de los recurrentes ante la actitud poco colaboradora del denunciante, pero no está orientada a obligarle a abonar la deuda que reclamaban. No se pretende con ella obligarle a hacer o a dejar de hacer alguna cosa. Por lo tanto, no se cumplen las exigencias derivadas del tipo penal, por lo que, aun cuando los hechos pudieran ser constitutivos de una falta de amenazas, hoy día, delito leve, no se formuló acusación por ello, por lo que el motivo será estimado y se dejará sin efecto la condena por el delito de coacciones.”

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¿Cabe acumular condenas únicamente relativas a hechos cometidos en una misma época? y de ser así ¿qué debe entenderse por época a estos efectos?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en sentencia de 6 de octubre de 2016 recuerda que “en  la  tradicional  jurisprudencia  de  esta  Sala  Segunda,  la  acumulación  de  condenas conforme a lo dispuesto en el artículo 988 LECr tiende a hacer efectivas las previsiones del Código Penal en lo referente al tiempo máximo de cumplimiento efectivo en los supuestos de condenas diferentes por varios delitos, según los límites que vienen establecidos en el artículo 76.1 de dicho Código , que consisten, de un lado, en el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido y, de otro lado, en veinte, veinticinco, treinta o cuarenta años, según las excepciones alternativamente especificadas en esa norma.”

Destaca el alto Tribunal en esta sentencia “la  relevancia  de  la  fijación  del  límite  de  cumplimiento  de  condenas,  pues  «la necesidad  de  arbitrar  una  fórmula  jurídica  que  modere  los  inaceptables  efectos  propios  de  un  sistema  de cumplimiento basado en la mera acumulación cuantitativa, está en el origen de los distintos preceptos que, desde  el  Código  Penal  de  1870,  han  introducido  límites  jurídicos  a  la  idea  del  cumplimiento  sucesivo  de las  penas  privativas  de  libertad.  La  doctrina  histórica  ya  había  aducido,  en  contra  del  estricto  sistema  de acumulación  material,  razones  basadas,  de  una  parte,  en  el  desprestigio  en  el  que  podían  incurrir  unos órganos judiciales capaces de imponer penas superiores a la duración ordinaria de la vida humana. También se recordaba el devastador mensaje dirigido al delincuente, obligado a eliminar toda esperanza de reinserción social  y,  en  fin,  el  contrasentido  que  implicaba  la  posibilidad  de  llegar  a  castigar  de  forma  más  grave  una sucesión de delitos de menor entidad, frente a otros de mucha mayor eficacia lesiva. Es entendible, pues, que los sucesivos Códigos Penales de 1870 (art. 89.2), 1928 (art. 163.1), 1932 (art. 74) y 1944 (art. 70.2), insistieran, con uno u otro matiz, en la fijación de ciertos topes cuantitativos, también presentes en la fórmula que inspira el art. 76.1 del vigente CP » (sentencia núm. 14/2014, de 21 de enero con cita de otras varias).”

Y al respecto reconoce que “la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo  ha  ido  matizando  su  jurisprudencia gradualmente  para  flexibilizar  los  requisitos  exigibles  en  toda  acumulación,  en  especial  la  conexidad,  que se  interpreta  como  presupuesto  exclusivamente  relacionado  con  el  momento  de  comisión  de  los  hechos delictivos. Como indica la STS núm. 909/2013, de 27 de noviembre, -concordante con la anterior redacción del art. 76.2 CP -, impera la denominada «conexidad temporal», de modo que resulta pacífica la aplicación de este régimen de acumulación a condenas que hubieren sido impuestas en procesos distintos, con la única exigencia de que los hechos a que las mismas se refieran hubieren podido enjuiciarse en un solo procedimiento (STS núm. 31/1999, de 14 de enero). Al tiempo, se advertía que este criterio expansivo, favorecedor de la acumulación jurídica de condenas, no permite entender que en cualquier caso, sea cual fuere la fecha de comisión de los hechos y su conexión con otros que ya han sido objeto de enjuiciamiento, los límites fijados en el art. 76.1 del CP operarían como límites absolutos; al contrario, tanto la regla 2ª del art. 70 del Código Penal de 1973, como el vigente artículo 76.2 cuando se interpone el recurso, condiciona la posibilidad de la acumulación en relación a penas impuestas en  distintos  procesos  a  que  los  hechos,  por  su  conexión  o  el  momento  de  su  comisión,  pudieran  haberse enjuiciado  en  uno  sólo;  consecuentemente  ni  los  hechos  ya  sentenciados  cuando  se  inicia  el  periodo  de acumulación contemplado ni los hechos posteriores a la última sentencia que determina dicha acumulación.”

Por  tanto, añade la Sala de lo Penal “como  indica  la  sentencia  ya  citada  núm.  14/2014,  de  21  de  enero,  en  observancia  de  la redacción normativa vigente en esa fecha, son dos los criterios a ponderar en aplicación de estas normas: «a)  En  primer  lugar,  con  un  criterio  amplio  en  cuanto  a  la  clase  de  los  delitos  a  acumular  («ratione materiae»),  interpretando  la  conexión  desde  perspectivas  sustantivas,  alejadas  del  criterio  de  la  conexión procesal  de  los  arts.  17  y  300  LECr,  de  tal  forma  que,  en  consideración  a  las  razones  humanitarias  que constituyen  el  fundamento  de  estas  normas,  la  clase  concreta  de  delito  cometido  no  ha  de  ser  obstáculo que pueda impedir su aplicación. Este criterio amplio en beneficio del reo permite la acumulación de todas las  condenas  que,  por  la  época  en  que  ocurrieron  los  hechos  delictivos,  pudieron  haber  sido  objeto  de  un único procedimiento. Si no lo fueron por razones de índole territorial, o por la diferente clase de infracciones cometidas, o por haber sido tramitados unos procesos con rapidez y otros con lentitud, o por cualquier otra razón, si se trata de hechos de una misma época, cualquiera que fuese la razón procesal por la que no todos fueron enjuiciados en una misma causa, cabrá acumular la totalidad de las penas impuestas a los efectos de  aplicar  esos  límites  máximos  impuestos  por  las  referidas  normas  sustantivas,  en  consideración  a  unos criterios humanitarios, repetimos, ajenos a los avatares procesales concretos de cada procedimiento. Así pues, venimos aplicando criterios de la máxima amplitud en cuanto a la interpretación de la conexión expresamente exigida en nuestras normas penales. b)  En  segundo  lugar,  con  un  criterio  estricto  en  cuanto  a  la  otra  exigencia  expresamente  requerida en nuestros Códigos Penales: que los diferentes procesos, en los que esas diversas condenas a acumular se impusieron, «pudieran haberse enjuiciado en uno solo» («ratione temporis»). Cuando hay una sentencia condenatoria es claro que los hechos delictivos cometidos con posterioridad a tal sentencia no pudieron ser objeto  de  aquel  otro  proceso  anterior  en  que  ya  ésta  había  sido  dictada.”

Como conclusión y dando respuesta a la pregunta formulada el Tribunal declara que “esta  Sala  viene  fundando  esta limitación en la peligrosidad que existiría, como facilitadora de la comisión de nuevos delitos, cuando un condenado, por las penas que ya tiene impuestas, sabe que puede cometer algún delito porque la pena correspondiente a esta nueva infracción no tendría que cumplirla al haberse ya superado, con las condenas anteriores, los límites legalmente establecidos. Evidentemente no puede favorecerse el sentimiento de impunidad que habría de seguir a ese conocimiento y para ello es imprescindible ser exigente en cuanto al cumplimiento de este requisito de carácter temporal: solo cabe acumular entre sí aquellas condenas penales relativas a hechos de una misma época, entendiendo épocas diferentes aquellas que se encuentran separadas por la existencia de alguna sentencia condenatoria.”

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