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La solicitud de copia de la grabación del juicio ¿constituye una causa legal de suspensión del plazo para recurrir?

La respuesta que ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la sentencia número 1744/2023 de 18 de diciembre, es negativa, aunque con ciertos matices.

Razona el alto Tribunal sobre esta cuestión que “en la sentencia 612/2022, de 20 de septiembre, dijimos, por lo que ahora interesa, que la doctrina general que emana de las sentencias 244/2018, de 24 de abril, y 395/2018, de 26 de junio, es que la solicitud de una copia de la grabación del juicio no constituye una causa legal de suspensión del plazo para recurrir, y que la regla general es que, mientras no se acuerde judicialmente la suspensión del cómputo de ese plazo, la suspensión no se produce, de tal forma que, en principio, si la solicitud de suspensión por este motivo (petición de una copia de la grabación de la vista) se hace antes de que se consuma el plazo, la resolución judicial que accede a lo solicitado, pero cuando ya ha transcurrido el plazo, no evita el efecto preclusivo del cumplimiento de ese plazo sin que se hubiera interpuesto el recurso, sin perjuicio de que atendiendo a circunstancias muy extraordinarias (que en el caso de la sentencia 395/2018 se apoyan en la diligencia adoptada por la parte apelante que había solicitado la copia de la grabación después de la vista y antes de que se dictara la sentencia, y al serle desfavorable esta y plantearse el recurso, inmediatamente verifica que la grabación esta dañada y solicita una nueva copia) dicha regla general pueda ser excepcionada.”

Recuerda el alto Tribunal también que “en la sentencia 1147/2023, de 13 de julio, consideramos justificada la admisión de un recurso de apelación interpuesto transcurrido el plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia, ya que, atendidas las circunstancias concurrentes (la recurrente en apelación solicitó copia de la grabación con suspensión del plazo para recurrir dos días después de la notificación de la sentencia sin que el juzgado se llegara a pronunciar sobre la suspensión interesada y, tras entregársele un CD en blanco, formuló una nueva solicitud, presentando el recurso un día después de que se le entregara la copia), «no puede apreciarse en este caso una conducta contraria a la buena fe en la demandada apelante, que pudo legítimamente interpretar que la anunciada respuesta a su petición de suspensión, que no llegó a producirse, estaba vinculada a la entrega de la copia, por lo que podía razonablemente pensar que las deficiencias del juzgado no podían perjudicar su derecho a recurrir».

Derivado de esta jurisprudencia la Sala de lo Civil concluye declarando que “la sentencia de primera instancia se notificó el 20 de julio de 2017, así que dicha notificación ha de tenerse por realizada al día siguiente hábil al de su recepción ( art. 151.2 LEC), esto es, el 21 de julio. Por lo tanto, en principio, el plazo para recurrir vencía el 20 de septiembre y el recurso de apelación podía presentarse hasta las 15:00 h del día hábil siguiente ( art. 135.5 LEC), esto es, hasta las 15:00 h del día 21, de lo que se seguiría, también en principio, que al haberse presentado el 4 de octubre, su presentación se produjo fuera de plazo. Ahora bien, las circunstancias del caso nos permiten observar: (i) que la Comunidad pidió el CD de la vista al día siguiente de la celebración del juicio; (ii) que el 25 de julio, esto es, dos días hábiles después de la notificación de la sentencia recaída en primera instancia, reiteró dicha solicitud, dado que no había sido respondida, solicitando, al propio tiempo, la suspensión del plazo para recurrir; (iii) que dicha solicitud de suspensión la formuló, nuevamente, al solicitar, el 7 de septiembre, la aclaración de la DO del 1 de septiembre, notificada el siguiente día 6, que acordó entregarle el CD de la vista, pero sin pronunciarse sobre la suspensión del plazo para recurrir que también había solicitado; (iv) y que el 15 de septiembre, antes, por lo tanto, del día que, en principio, cabía apreciar vencido el plazo para recurrir, se dictó una nueva DO, notificada el siguiente día 25, acordando contar el plazo de 20 días para poder hacerlo desde la notificación, el 6 de septiembre, de la DO del día 1, de lo que resultaba que el plazo de veinte días para recurrir vencía el 4 de octubre y, por lo tanto, que el escrito de recurso podía presentarse hasta las 15:00 h del día siguiente, 5 de octubre ( art. 135.5 LEC), habiendo la Comunidad presentado el recurso de apelación el día 4 de octubre a las 12:32 h. Y lo que se desprende de las circunstancias anteriores, con independencia de todos los avatares procesales posteriores, es que la Comunidad actuó de forma diligente, sin contravenir las reglas de la buena fe procesal y confiada, dado el contenido de la DO dictada el 15 de septiembre, de que interponía su recurso en plazo. Es más, la conclusión de que el recurso se presentó en plazo seguiría siendo la misma incluso asumiendo (que es a lo más a lo que podría aspirar la Comunidad según Inmocencor) que el plazo de 20 días para recurrir se suspendió desde el 25 de julio (en que la Comunidad volvió a pedir la entrega del CD) hasta el 6 de septiembre (en que se notificó a la Comunidad la DO del día 1 y se le entregó el CD que había pedido), ya que: (i) si la notificación de la sentencia de primera instancia ha de tenerse por realizada el 21 de julio, entonces hasta el 25 de julio en que se suspendió el plazo para recurrir tan solo había transcurrido un día; (ii) y si el plazo se reanudó el día 7 de septiembre, al haber estado suspendido hasta el día anterior, entonces, restando para interponer el recurso 19 días, el plazo vencía el 3 de octubre y el escrito de recurso podía presentarse hasta las 15:00 h del día siguiente. Por lo que habiéndose presentado a las 12:32 h del día 4 de octubre la conclusión sería que el recurso también se había presentado en plazo.”

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¿Se puede sustituir un recurso presentado por otra versión del mismos dentro del plazo para recurrir?

La respuesta a esta curiosa cuestión nos las ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que en sentencia número 1744/2023 de 18 de diciembre, que en un apartado denominado observaciones previas declara que “1. El escrito presentado el 27 de mayo de 2017 no puede sustituir al que ya había presentado, interponiendo conjuntamente el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, el día 24 anterior. Con el escrito presentado el 24 de mayo de 2017 los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación quedaron definitivamente interpuestos. La interposición del recurso no es un acto procesal de formación sucesiva o provisorio y susceptible de repetición, sino de realización única que se perfecciona y se considera jurídicamente existente cuando el escrito de interposición se presenta ante el tribunal y se introduce en el proceso produciéndose su adquisición procesal. Tal y como establece el art. 135.1 LEC, en su párrafo tercero, «Presentados los escritos y documentos por medios telemáticos, se emitirá automáticamente recibo por el mismo medio, con expresión del número de entrada de registro y de la fecha y la hora de presentación, en la que se tendrán por presentados a todos los efectos (el subrayado es nuestro)».

Añade la Sala que “además, aceptar la sustitución del escrito presentado el día 24 por el que se presentó el día 27, porque «por error, fue presentada una versión equivocada de dichos recursos y no la última de ellas redactada y ultimada […] por lo que estando aún en el plazo de veinte días legalmente establecido para ello, se presenta […] la versión correcta […]», conllevaría primar el descuido a costa del esmero en la actuación procesal, y podría provocar situaciones absurdas al dar a entender que se pueden presentar, siempre que se haga dentro del plazo de los 20 días, sucesivas versiones del escrito de interposición del recurso.

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¿Cómo se atribuye la competencia territorial para conocer de los delitos cuya instrucción corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en Auto número 20014/2024 de 11 de enero lo explica claramente incidiendo en que “ el art. 15 bis LECrim. establece que la competencia territorial para conocer de los delitos cuya instrucción corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, será atribuida al lugar del domicilio de la víctima. Según el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de esta Sala de 31 de enero de 2006, por domicilio de la víctima habrá de entenderse el que ésta tenía cuando, eventualmente, se produjeron los hechos punibles, en cuanto ello responde mejor al principio de Juez predeterminado por la Ley, no dependiendo de posibles cambios de domicilio, criterio que también es también el mantenido en la Circular 4/05 de la FGE y ha sido aplicado en numerosas resoluciones posteriores (entre ellas, ver en igual sentido autos de 8/12/18 cuestión de competencia 20909/14; de 8/2/18 cuestión de competencia 20917/17; de 28/2/18 cuestión de competencia 21083/17, de 28/2/18 cuestión de competencia; 20044/18 y de 25/5/18 cuestión de competencia 20188/18 entre otros muchos).”

Concluye la Sala declarando que “de acuerdo con lo expuesto siendo Coslada el domicilio de la víctima en el momento de cometerse los hechos, ese juzgado sería el competente. Aunque quisiera decirse que la víctima tiene domicilio al mismo tiempo en Coslada y en Munera, el primero sería el de mayor arraigo. En los casos de coexistencia de varios lugares de residencia más o menos simultaneados debe darse primacía, por suponer el fuero que responde con más fidelidad a la finalidad que buscaba el legislador al introducir el art 15 bis, a aquel lugar en el que la víctima tenga mayor arraigo. No cabe, así, atribuir la competencia a un lugar de partido judicial donde cambia el domicilio después de cometidos los hechos, u otro donde acude esporádicamente, sino al de mayor arraigo. El de Coslada es un domicilio preexistente que tras los hechos se ha convertido en el único efectivo. Por ello, se determina que la competencia para la instrucción de las DP corresponde al Juzgado de Violencia contra la Mujer nº 1 de Coslada en DP nº 875/22, debiendo asumir las incoadas ante el Juzgado Mixto nº 1 de Villarrobledo en sus DP nº 397/22 que se acumulan a las primeras.”

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¿En qué se diferencian los delitos de organización y grupo criminal de la codelincuencia?

Sobre este concreto particular, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en sentencia nº 930/2023 de 18 de diciembre de 2023, nos enseña que “los delitos de organización y grupo criminal exigen -esa es una de las principales diferencias con la codelincuencia- que el concierto se extienda a la comisión de una pluralidad de delitos. Si el delito es único, habrá sencillamente codelincuencia pero sin esta tipicidad añadida. Pero, cuando estos preceptos hablan de «delitos» están pensando en hechos delictivos aisladamente considerados, aunque luego, a efectos de calificación jurídica dogmáticamente deba hablarse de un único delito. En el más socorrido de los ejemplos: si un grupo de personas se concierta para una operación de venta de droga, estaremos ante un delito de tráfico de drogas. Si se establecen para dedicarse a operaciones de venta de drogas, estaremos ante un único delito contra la salud Pública (como deriva de la estructura del tipo), pero en concurso con un delito de grupo u organización criminal, según los casos, en cuanto hay voluntad de repetir la actividad delictiva. A los efectos del art. 570 bis CP habrá pluralidad de acciones delictivas, aunque éstas acaben constituyendo un único delito.”

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¿Qué ocurre si un acusado pacta con la acusación pública una conformidad previo reconocimiento de hechos pero en su interrogatorio niega los hechos? ¿Qué debe hacer la Fiscalía?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo examina esta cuestión y sentencia número 930/2023 de 18 de diciembre de 2023 declara lo siguiente: “Al inicio del juicio oral se produjo una incidencia, que, por más que esté autorizada por una práctica más o menos extendida, no se ajusta escrupulosamente a la legalidad: una conformidad parcial. El legislador solo otorga eficacia a la conformidad prestada por todas las partes pasivas, con la única excepción de las personas jurídicas acusadas que consienten un tratamiento separado a estos efectos. Varios de los acusados llegaron a un acuerdo con el Fiscal: su reconocimiento de los hechos y aceptación de la pena se traduciría en una singular causa de atenuación (también de dudosa legalidad: confesión tardía) a la que se conferiría una eficacia privilegiada. El Ministerio Público se comprometió a efectuar una modificación de conclusiones según lo convenido. Como algunos acusados no estaban conformes, el juicio prosiguió para todos, en decisión acorde a la legalidad.”

Explica la Sala que “Las defensas de los conformes se aquietaron a la calificación del Fiscal asumiéndola junto con la pena, tras confesar sus respectivos representados los hechos. El ahora recurrente, al parecer, se posicionó junto a quienes aceptaron ese pacto con la acusación pública. De hecho, al ser requerido en los preliminares del juicio en la forma establecida por la Ley por parte de la Presidencia, indicó que reconocía los hechos atribuidos. Pero, llegado el momento de su interrogatorio, lejos de responder de forma congruente con ese compromiso y asentimiento inicial, rechazó su responsabilidad negando conocer que la tarea que le pidieron efectuar -desplazamiento- tuviese nada que ver con el tráfico desustancias estupefacientes. Actuó sin dolo, sostuvo.”

Ante esta situación el alto Tribunal razona que ante esta circunstancia “con toda lógica, el Fiscal no modificó sus conclusiones en la forma que hizo para los otros acusados que sí se conformaron y asumieron sus responsabilidades. ¿Cómo iba a apreciar una atenuante de confesión a quien había negado su culpabilidad y cuya defensa reclamaba la absolución? Y recayó una sentencia de condena, no en los términos que, según alega, había pactado con el Fiscal; condena más grave, por tanto, que la recaída frente a los coacusados que sí reconocieron los hechos y que se ajustaba a la modificación del Fiscal.”

Señala la Sala que el recurrente en casación “ahora aduce que se trató de un malentendido derivado del natural nerviosismo y reclama la vigencia de ese pacto; un pacto que carece de eficacia legal alguna y que, además, él incumplió primeramente. No podemos apreciar una atenuante de confesión a la vista de la secuencia de los hechos. Ni el tribunal de instancia, ni el de casación pueden ajustar su actuación a un acuerdo entre acusaciones y defensa que no ha cristalizado de forma oficial, entre otras cosas porque la conducta del acusado no se atuvo a lo que exigía su compromiso. Han de resolver de acuerdo con la legalidad. Con asistencia profesional letrada como tenía, no es aceptable que creyese, apartándose de la actitud procesal de los otros coacusados conformes, que bastaba con un reconocimiento luego retractado para obtener una atenuante de confesión cualificada en el caso de no alcanzar la absolución que solicitó expresamente reivindicando su inocencia.”

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Cuál de las penas marca el inicio del plazo para la cancelación de antecedentes penales ¿La más grave o la más larga?

A esta relevante cuestión responde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que en sentencia núm. 933/2023 de 18 de diciembre de 2023, en los siguientes términos: “se suscita un problema de cancelación de antecedentes penales. Se ha apreciado la reincidencia (art. 22.8 CP). Pero, según se argumenta, el antecedente que alimenta esa reincidencia debiera considerarse cancelado en tanto operando con la forma de cómputo establecida en el art. 136 CP en caso de suspensión de condena (fecha en que la pena hubiera quedo extinguida de haberse cumplido contando como dies a quo el momento en que se notificó la resolución de suspensión), el antecedente habría quedado ope legis cancelado un mes antes de la comisión de los hechos. Explica el recurrente que la pena quedó suspendida el 18 de diciembre de 2018. Si a esa fecha sumamos la duración de la pena de prisión (6 meses) el dies a quo quedaría fijado el 18 de junio de 2019. El antecedente sería cancelable el 18 de junio de 2021, antes de la comisión de los hechos enjuiciados. Habría que estar a la pena privativa de libertad impuesta (prisión de seis meses) y no a otras penas de mayor duración pero menos graves (alejamiento, prohibición de tenencia de armas).”

Añade la Sala que “el problema suscitado tiene interés: ¿cuál de las penas marca el inicio del plazo de cancelación? ¿La más grave-en este caso la prisión- o la más larga -en este caso prohibición de aproximación por un año y seis meses y de prohibición de tenencia de armas por un año y un día? Las dos tesis contarían con argumentos a favor. Entendemos que ha de estarse a la pena más duradera. No puede considerarse cancelado un antecedente penal cuando todavía está desplegando eficacia de manera patente: subsisten penas vivas que están cumpliéndose. En otro caso convertiríamos los delitos menos graves por la penalidad (delitos que solo llevan aparejadas penas de inhabilitación frente a los que junto a la inhabilitación aparece una pena conjunta de prisión) en infracciones cancelables más tardíamente. Además son esas otras penas (de un año y seis meses y un año y un día) las que determinan el plazo de cancelación a tenor del art. 136 CP. Será de tres años; y no de dos años si se desprecian a estos efectos, como ha hecho el recurrente) las penas no privativas de libertad.”

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Para la aplicación del subtipo agravado del artículo 263.2 CP del delito de daños ¿debe atenderse a la cuantía del daño o a la afectación de los intereses generales?

Esta interesante cuestión  ha sido resuelta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su sentencia número 890/2023 de 29 de noviembre en la que declara que “El contenido del injusto atiende, entre otros supuestos, al valor social de los bienes de dominio o uso público o comunal dañado, sin tener en cuenta el perjuicio patrimonial. Su deterioro o destrucción afecta no solo a su valor, sino que también puede afectar, en el caso del transporte público, a la capacidad operativa del sistema derivado del paro total o parcial del servicio, retrasos, disrupciones de frecuencias, etc. En definitiva, con independencia del valor del daño, la conducta delictiva incide negativamente en la prestación de un servicio público y perjudica a la colectividad. Como señalábamos en la sentencia núm. 983/2016, de 11 enero de 2017, «el fundamento de la agravación se halla en el menoscabo de la utilidad pública prestada por los locales o en los perjuicios que ocasiona en el funcionamiento del servicio público a que los bienes se encuentran afectos. Sobre este punto nuestro Código acoge la idea de que el bien dañado esté afecto a un servicio público, destacando que la afectación o vinculación a dicho servicio es sin exigencia añadida de que tal destino o aplicación lo sea en función a su especial naturaleza o por haber sido objeto de algún tipo de acondicionamiento».

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¿Qué significa el carácter extraordinario del recurso de casación?

Lo explica muy claramente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su reciente sentencia nº 881/2023 de 29 de noviembre señalando que “ El recurso de casación tiene naturaleza extraordinaria. Quiere decirse con ello que los gravámenes que la resolución recurrida pudiera representar para la parte solo pueden ser impugnados sobre la base de unos concretos motivos legalmente previstos y sujetos, en su conjunto y cada uno de ellos, a una particular disciplina. No es una decisión legislativa, o una configuración normativa, producto de la mera casualidad o el azar. Se persigue con ello que, una vez agotadas las dos instancias previas, solo determinados eventuales defectos imputables a la última de ellas puedan ser corregidos, formalizando los términos en los que el nuevo debate debe discurrir. De este modo, si el Tribunal Supremo, por más que lo hiciera animado por el loable propósito de favorecer los derechos fundamentales del recurrente, o en general sus legítimos intereses, alterase estas reglas, remodelando las quejas, dándoles libérrimamente el cauce que nos pareciera más adecuado desde el punto de vista técnico o buscando potenciar su alcance, estaría abandonando su natural posición de equidistancia entre las partes, supliendo las eventuales deficiencias que apreciase en el planteamiento de cualquiera de ellas, reconstruyendo el escenario del debate y, si se quiere, abandonando la posición del observador para integrarse sin disimulo en el objeto observado. Y ello, además, cuando ese nuevo escenario, perfilado definitivamente, en nuestra sentencia, no permitiría ya a las partes recurridas, –que enfrentaron los motivos del recurso en los términos en los que éste viene configurado, en atención a las cristalizadas exigencias relativas a cada uno de ellos–, ninguna clase de reacción eficaz. También las partes recurridas, no hace falta insistir en ello, resultan ser titulares de derechos fundamentales e intereses legítimos, que podrían padecer en ese caso. En este juego de equilibrios es preciso insertar nuestra concreta función en el marco del recurso extraordinario de casación.

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¿Puede el Tribunal de enjuiciamiento revocar el procesamiento en la fase intermedia?

La respuesta en sentido negativo la ofrece la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la sentencia nº 895/2023 de 29 de noviembre de 2023 en la que expone lo siguiente: “En el presente caso, el auto recurrido 4/2021, de 26 de octubre, acuerda confirmar el auto de conclusión del sumario dictado por el instructor y sobreseer provisional la causa, dejando sin efecto el procesamiento que venía acordado por auto de 9 de febrero de 2021, dictado por el Juzgado instructor, sin que conste que el auto de procesamiento fuera recurrido.”

Para el alto Tribunal “En principio, aplicando los anteriores criterios, el citado auto no sería recurrible porque no estamos ante una resolución definitiva, pues se trata de un sobreseimiento provisional y no libre, pero no podemos obviar que existe una imputación contra los acusados, anterior al sobreseimiento acordado por la Audiencia Provincial, consistente en un auto de procesamiento contra Eliseo y Edmundo , por delito de abuso sexual. Hay que tener en cuenta, como dijimos en nuestra sentencia 189/2013, de 10 de julio, que el tradicional auto de procesamiento de nuestro sistema procesal clásico constituye el equivalente al juicio de acusación. Solo la decisión de un Juez estimando que existen indicios bastantes para sostener la acusación por unos hechos, permite entrar en el acto del juicio oral. Sin procesamiento no cabe acusación en el procedimiento ordinario. La suficiencia de la base indiciaria es sentada por el Instructor al decretar el procesamiento. Sobre el fondo del auto de procesamiento, solo podrá pronunciarse el Tribunal llamado al enjuiciamiento si se interpone un recurso.”

Concluye la Sala que “En momentos posteriores (fase intermedia) podrá el Tribunal de enjuiciamiento comprobar la concurrencia de los dos otros requisitos necesarios para abrir el juicio oral: i) que existe una parte legitimada dispuesta a sostener la acusación; y ii) que esos hechos indiciariamente fijados revisten caracteres de delito ( arts. 642 a 645 LECrim). Pero no puede revisar el juicio de acusación más que a través de los recursos que se entablen frente al procesamiento. No cabe una revocación del procesamiento en la fase intermedia que es lo que realmente ha hecho la Audiencia en este caso, negando que haya indicios de criminalidad, donde el Instructor sí los vio, por que dictó auto de procesamiento contra los investigados. Basta con constatar esto, sin entrar a analizar la solvencia o no de los indicios para dar la razón a la recurrente. Esa valoración ya se efectuó por el Instructor y no fue cuestionada, no se recurrió el auto de procesamiento. No es ahora replanteable como se infiere del art. 645.2 LECrim. Ese precepto, en efecto, se ha infringido. (…………………….) El sobreseimiento provisional en la fase intermedia solo es procesalmente viable si todas las partes lo solicitan ( art. 645 LECrim, STC 171/1988 de 30 de septiembre citada y STS 70/2013, de 21 de enero). Podemos concluir, al igual que la sentencia de esta Sala, anteriormente referenciada, que la apertura del juicio oral en el sistema acusatorio mixto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige como presupuestos: a) Que exista una parte distinta del Tribunal, dispuesta a sostener la pretensión acusatoria ( nemo iudex sine actore). Aquí la hay. b) Que los hechos objeto del proceso sean subsumibles en un tipo penal. No lo cuestiona la Audiencia. c) Que la pretensión acusatoria goce de «razonabilidad», es decir que concurran indicios de que han sucedido los hechos y de que en ellos ha participado el acusado. Es el juicio de acusación que, según se ha dicho, en nuestro procedimiento penal originario se encuentra encerrado en el auto de procesamiento. Aquí, se dictó auto de procesamiento que mantiene su eficacia pues no fue impugnado. El auto de procesamiento supone depositar en manos de la acusación la llave para la apertura del juicio oral que, en ese caso, no podrá ser rechazada más que por falta de acusación, o por la atipicidad de los hechos ( art. 645 LECrim). Eso explica que solo sea ese rechazo el que puede ser revisado en casación mediante un juicio jurídico (art. 848). No sería lógico burlar esas previsiones abusando de un sobreseimiento provisional inviable en esta fase lo que aconseja la postulada interpretación extensiva de esa pasarela a la casación.”

Como colofón la Sala de lo Penal incide en lo siguiente: “Finalizamos afirmando que en la fase intermedia la Audiencia Provincial sólo tiene capacidad para evaluar el concurso de los dos primeros presupuestos; no el tercero que solo puede fiscalizar a través del recurso contra el procesamiento en la forma contemplada en el art. 384 LECrim. No habiéndose atenido a esa distribución de funciones ha infringido el derecho a la tutela judicial efectiva. El motivo ha de estimarse.

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¿Existe el derecho a la presunción de inocencia invertida a favor de la acusación?

La respuesta a esta cuestión nos la ofrece la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que en sentencia número 901/2023 de 30 de noviembre declara que “Titular de la presunción de inocencia -decíamos en la STS 1043/2012, 21 de noviembre- es el sujeto pasivo del proceso penal. Las partes acusadoras no gozan de un derecho fundamental, basado en la misma norma, consistente en que no se confiera a la presunción de inocencia una amplitud desmesurada, o a que se condene siempre que exista prueba de cargo practicada con todas las garantías susceptible de ser considerada «suficiente» para lograr la convicción de culpabilidad ( SSTS 1273/2000 de 14 de julio, 577/2005 de 4 de mayo, 1022/2007 de 5 de diciembre entre otras). Por definición las partes acusadoras carecen de legitimación para invocar la presunción de inocencia. No existe un reverso de ese derecho fundamental. Las discrepancias contra la sentencia absolutoria habrán de buscar otro agarradero casacional. Si es la sentencia de apelación la que aplica la presunción de inocencia, esa cuestión no automáticamente será replanteable en casación. Insisten en esta idea las SSTS 10/2012, de 18 de enero y 1377/2011, de 23 de diciembre: «… sólo el imputado tiene derecho a la presunción de inocencia, este derecho no lo tiene la parte acusadora, no hay -por decirlo plásticamente un derecho a la presunción de inocencia invertida a favor de la acusación».

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