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¿Qué es la alevosía proditoria, la alevosía súbita o inopinada y la alevosía de desvalimiento?

Estas cuestiones encuentran respuesta en la sentencia número 201/2019 de 10 de abril, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, con cita en anterior sentencia de 28 de enero de 2010 recuerda “el criterio uniforme de la jurisprudencia de la Sala Segunda -expresado, entre otras, en la STS 49/2004, 22 de enero – cuando distingue entre las distintas modalidades ejecutivas de naturaleza alevosa: a) alevosía proditoria , equivalente a la traición y que incluye la asechanza, insidia, emboscada o celada, situaciones en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera; b) alevosía súbita o inopinada , llamada también «sorpresiva», en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible y c) alevosía de desvalimiento , en que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima, como acontece en los casos de niños de corta edad, ancianos debilitados, enfermos graves o personas ebrias en fase letárgica o comatosa, dormidas o privadas de conocimiento.”

En el caso examinado por el alto Tribunal se indica que “de entre las tres modalidades la recurrente se postula la segunda, ya que la sorpresa que alega nos deriva a esta vía, y en esta línea ya expusimos en la sentencia de esta Sala 183/2018 de 17 Abril 2018, que la propia esencia de la alevosía se encuentra en el desarrollo de una conducta agresora que, objetivamente, puede ser valorada como orientada al aseguramiento de la ejecución en cuanto tiende a la eliminación de la defensa, y, correlativamente, a la suspensión de eventuales riesgos para su aporte procedentes del agredido, lo que debe ser apreciado en los medios, modos o formas empleados…», añadiendo que «Sobre la apreciación de la alevosía se ha pronunciado este Tribunal Supremo (entre otras en Sentencia 775/2017 de 30 Nov. 2017,Rec. 10425/2017 ) señalando que «conviene recordar que el art. 22.1ª del C. Penal dispone que la alevosía concurre «cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido». En el caso que nos ocupa debemos valorar dos aspectos:1.- El     punto de vista objetivo en la conducta del autor por medio de una conducta agresora que, objetivamente, puede ser valorada como orientada al aseguramiento de la ejecución, en cuanto tiende a la eliminación de la defensa. Y en este caso tal aseguramiento existe, dado que el recurrente entra en la habitación de la víctima de forma sorpresiva, dado que ella en ningún momento pensó que pudiera llegar a realizar la conducta que realizó posteriormente el recurrente, dado lo que momentos antes ella había ejecutado al entrar en el baño y quitarle la idea que tuvo el recurrente. 2.- El punto de vista subjetivo, en cuanto el dolo del recurrente en su mecánica comisiva se proyecta no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. Y en este caso ese riesgo no existió y sí el aseguramiento de lo que pretendía hacer, como es acabar con la vida de la víctima.» Y en la STS 282/2018, de 13 de junio, recordábamos que, como ya ha declarado esta Sala del Tribunal Supremo en Sentencia 183/2018, de 17 Abril, «la propia esencia de la alevosía se encuentra en el desarrollo de una conducta agresora que, objetivamente, puede ser valorada como orientada al aseguramiento de la ejecución en cuanto tiende a la eliminación de la defensa, y, correlativamente, a la suspensión de eventuales riesgos para su aporte procedentes del agredido, lo que debe ser apreciado en los medios, modos o formas empleados, que en este caso son evidentes para asegurar el resultado y las nulas posibilidades de defensa, dado lo sorpresivo del acto del condenado ahora recurrente. «Además, ya dijimos en la Sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo 247/2018, de 24 Mayo 2018 que «atendiendo a cada caso concreto, es posible apreciarlos desde una perspectiva de género, ante la forma de ocurrir los hechos en el ataque del hombre sobre la mujer que es su pareja o ex pareja, y con un mayor aseguramiento de la acción agresiva por las circunstancias concurrentes que reducen la capacidad defensiva de la víctima, como en este caso ocurrió ante un ataque sorpresivo en su propio hogar, o en el de sus padres, con una aparición sorpresiva de su ex pareja con una escopeta y con clara intención de acabar con su vida. Así, el autor empleó medios y modos tendentes a asegurar lo que finalmente ocurrió, ya que actuó de forma sorpresiva para evitar cualquier mecanismo de defensa de la víctima.»

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¿Cómo se determina la competencia territorial en el delito de amenazas?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (cuestión de competencia nº 20119/2019) en Auto de 11 de abril de 2019 recuerda que en estos supuestos “como decíamos en los autos de 18/05/15 Cuestión de Competencia 20163/2015 y el auto 21/9/2018, entre otros muchos, esta Sala viene resolviendo estas cuestiones a favor del Juez del domicilio de los ofendidos y del lugar donde se reciben las ofensas, considerando por tanto como elemento del tipo el conocimiento del ofendido y es que las amenazas son infracciones de mera actividad que se consuman con la llegada del mal a su destinatario. En el caso que nos ocupa del tenor de la denuncia, se deduce con meridiana claridad que la denunciante se encontraba en Madrid cuando recibió las amenazas. Así consta en la denuncia presentada en Madrid cuando relata que «el  día  de  hoy  ha  recibido  varios  mensajes…» . No consta, sin embargo, donde se encontraba el denunciado cuando las profirió. Por ello y conforme al art. 14.2. LECrim. a Madrid corresponde la competencia.”

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¿Cuál es el plazo de prescripción para la reclamación por parte de la administración de los gastos de urbanización?

Responde a esta interesante y conflictiva cuestión la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo número 459/2019 de 4 de abril que declara que “consideramos como interpretación más acertada que el plazo de prescripción de los gastos de urbanización es el de las acciones personales previstas por el artículo 1964 del Código Civil y que la normativa tributaria sólo sería aplicable, en su caso, a partir del momento en que se iniciase la recaudación ejecutiva, tras dictarse la correspondiese resolución determinante del apremio, que -entonces sí- transformarían la deuda urbanística posibilitando su reclamación por dicha vía.”

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¿Existe alguna excepción para no imponer las costas a quien desiste de un recurso extraordinario?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Auto de 9 de abril de 2019 (recurso nº 1595/2017) recuerda que “un asunto similar a este ha sido resuelto por esta sala en el auto de 27 de noviembre de 2018 (recurso nº 1523/2018). En el dijimos y damos por reproducido lo siguiente:»[…] Recuerda el auto de 13 de julio de 2016 (recurso 1502/2015), que a su vez menciona el de 9 de septiembre de 2015 (recurso. 2908/2013), que esta sala tiene dicho en numerosas resoluciones que el desistimiento en los recursos extraordinarios comporta, como regla general, la condena en costas para la parte que lo interpuso, ya que crea una situación que equivale a la desestimación del recurso, y resulta aplicable, en tal caso, el art. 398.1 LEC, que remite al art. 394 LEC. Todo ello al margen de que si no ha existido actuación procesal alguna dela contraparte no se practique la posterior tasación de costas (entre otros, AATS de 4 de noviembre de 2015, recurso 2400/2014, de 29 de marzo de 2011, recurso 1083/2010; de 17 de septiembre de 2013, recurso 2064/2012,  y de 25 de febrero de 2014, recurso 3168/2014).”

Añade como excepción el alto Tribunal que “aunque es cierto que esta sala en algunos casos no ha hecho pronunciamiento alguno sobre costas, como, por ejemplo, cuando hay conformidad de las partes sobre su no imposición (AATS de 4 de marzo de 2015, recurso 191/2014, 24 de septiembre de 2013, recurso 2732/2012, 9 de octubre de 2012, recurso 2178/2009, y 14 de septiembre de 2010, recurso 977/2009), aquí no acontece ninguna razón para no aplicar el criterio general[…].”

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¿Quién tiene derecho a percibir el justiprecio por una expropiación en una comunidad de propietarios el antiguo propietario o el adquirente?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en Auto de 10 de abril de 2019 (recurso nº 1005/2017) que nos recuerda que “el Tribunal Supremo en sentencia166/2017 de 8 de marzo de 2017 ha contemplado un supuesto procedente también de los mismos hechos y en donde también se planteaba la cuestión de quién tenía derecho a percibir la parte proporcional del justiprecio según la cuota de participación de la comunidad. Y se concluye por esta sala que no procede la reclamación de dicho justiprecio por los anteriores propietarios al nuevo titular que la recibió, pues se trata de un derecho vinculado a la propiedad, y la venta al demandado se hizo comprendiendo todos los derechos inherentes a la propiedad sin hacer mención alguna en la escritura de venta al hecho de la expropiación (que se conocía) y a la expectativa de percibir una indemnización de cada propietario. Y razona lo siguiente: «Finalmente, también se ha de considerar que la percepción de indemnización por privación de elementos comunes va unida al propio bien de dominio particular y, en consecuencia, ha de atribuirse al dueño actual como  ocurre  -sin  perjuicio  de  los  convenios  particulares  entre  vendedor  y  comprador-  con  las  derramas aprobadas para realizar mejoras en elementos comunes a cuyo pago siempre quedará afecto el inmueble, y así deberá pagarlas frente a la comunidad quien sea su propietario actual sin perjuicio de quién lo fuera en el momento en que se aprobó la realización del gasto. En definitiva, habiendo vendido los demandantes su propiedad en las mismas condiciones en que ellos la adquirieron en 1981, es claro que la privación de parte delos elementos comunes perjudica al nuevo propietario y, en consecuencia, ni siquiera podría sostenerse que éste ha experimentado una ganancia injustificada.”

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¿Puede aprobarse en junta la bajada a cota cero de un ascensor si no existe proyecto previo?

La respuesta, de sentido negativo, y que supone la declaración de nulidad de acuerdo comunitario nos las ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, en sentencia número 216/2019 de 5 de abril declara lo siguiente: “En el recurso de casación y ya en la demanda se alegaba por los dueños de los locales, que se había aprobado la bajada del ascensor a cota 0, sin proyecto alguno que definiese la obra a realizar, lo que constituía un manifiesto abuso de derecho (artº 18.1 c) de la LPH), en cuanto que como anunciaba la comunidad, pretendía ocupar parte del local de uno de los demandantes. La ausencia del referido proyecto provocaba un acuerdo ausente de fundamentación, pues no se ofrecía a los comuneros información suficiente, y se desprotegía a los disidentes dejándolos indefensos, en cuanto no conocían los aspectos a impugnar de un proyecto que no existía. Por todo ello, procede estimar el recurso de casación, y asumiendo la instancia anulamos el acuerdo de 17de septiembre de 2014 de la comunidad de propietarios, en cuanto que se adoptó el acuerdo en manifiesto abuso  de  derecho,  impidiendo  que  los  demandantes  pudiesen  hacer  uso  de  su  legítimo  de  derecho  de defensa, al ocultar la comunidad los términos en los que se iba a desarrollar la obra (no hubo proyecto), que previsiblemente podía afectar a los locales de los comuneros disidentes.”

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¿Qué es la garantía o aval a primera demanda o a primer requerimiento?

Responde a esta cuestión la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en sentencia número 217/2019 de 5 de abril declara que “la denominada garantía o aval a primera demanda o primer requerimiento es un contrato autónomo de garantía que, según la sentencia 937/1999, de 10 de noviembre, «cumple una función garantizadora tendente a conseguir la indemnidad del acreedor beneficiario frente al incumplimiento de su obligación contractual por el deudor ordenante.”

Añade la Sala que “en  esta  modalidad  contractual,  el  garante  asume  una  obligación  abstracta  e  independiente  de  pagar  la obligación del sujeto garantizado, desde el mismo momento en que sea requerido por el acreedor y sin oponer excepciones de ningún tipo, ni siquiera la nulidad de la obligación garantizada (véanse, al efecto, la Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de crédito contingentes, de 11de diciembre de 1995; y las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional para las Garantías a Primera Demanda, de 1992). 2.- A diferencia de lo que sucede con la fianza ordinaria (según la sentencia 81/2014, de 4 de marzo, el avala primer requerimiento es una fianza con determinadas especialidades), no se requiere el incumplimiento dela obligación principal, ya que estas garantías pueden ser hechas efectivas a simple requerimiento. En las SSTS 81/2014, de 4 de marzo, 330/2016, de 19 de mayo, y 679/2016, de 21 de noviembre, hemos resaltado que una de las notas características que diferencian el aval a primer requerimiento de la fianza regulada en el Código Civil es su no accesoriedad, por lo que para la efectividad de la garantía no es preciso demostrar el incumplimiento de la obligación garantizada, sino que para hacer efectivo el cumplimiento de esta bastará con la reclamación del deudor. Así como que el garante no puede oponer al beneficiario que reclama el pago otras excepciones que las que se deriven de la garantía misma, pues lo contrario supondría desvirtuarla naturaleza de esta obligación. La característica del aval a primer requerimiento es la de dar nacimiento a una obligación de garantía inmediata, que pierde su carácter accesorio de la obligación principal, en el que la obligación del garante es independiente de la obligación del garantizado y del contrato inicial (SSTS 735/205, de 27 de septiembre; 979/2007, de1 de octubre; y 671/2010, de 26 de octubre). Pero sin que impida el ejercicio de las acciones que puedan surgir a consecuencia del pago de la garantía (SSTS 1057/2001, de 14 de noviembre; y 697/2002, de 5de julio) o para determinar el grado de cumplimiento de la obligación principal garantizada.3.- En consecuencia, los términos en que esté redactado este tipo de aval son de capital importancia, dada su autonomía, por lo que la interpretación conforme al art. 1281.1 CC se revela prácticamente imprescindible.”

Por último el alto Tribunal recuerda que “la sentencia 438/2012, de 13 de julio, con cita de otras muchas, la regla de interpretación literal es prevalente y solo cuando resulte insuficiente para averiguar la voluntad de las partes contratantes, entra en juego el llamado canon de la totalidad, es decir, el conjunto de reglas complementario y subordinado previsto en los arts. 1281.2 a 1289 CC.”

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¿Cuándo se considera que los intereses moratorios de un préstamo son usurarios?

Responde a esta cuestión la Sala de lo Civil del Tribunal en sentencia número 189/2019 de 27 de marzo que “hemos de partir de la jurisprudencia sobre préstamos usurarios y distinguir entre el interés remuneratorio y el de demora. Como recordamos en la sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, conforme al art. 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, de represión de la usura, «para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser «notablemente superior al normal del dinero», el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». En el presente supuesto, según refiere el propio recurrente, en el año en que se pactó (2008), en operaciones hipotecarias a un año el interés medio estaba situado en el 5,99% y en operaciones hipotecarias a más de 10años en el 5,76% (TAE 6,18%). El interés pactado, del 10% anual, con ser superior al medio, no entra dentro de la consideración de «notablemente superior» y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».3.  La  jurisprudencia  sobre  la  aplicabilidad  de  la  Ley  de  Usura  a  los  intereses  moratorios  se  encuentra compendiada en la reciente sentencia 132/2019, de 5 de marzo :»Como regla general, la jurisprudencia de esta sala, representada, verbigracia, por las sentencias 869/2001, de2 de octubre ; 430/2009, de 4 de junio ; y 709/2011, de 26 de octubre , considera que, dada la distinta naturaleza de los intereses remuneratorios y los moratorios, a éstos últimos no se les debe aplicar la Ley de Usura, pues cuando en ella se habla de intereses se hace referencia a los retributivos, ya que hay que contar con el carácter bilateral de la obligación y la equitativa equivalencia de las prestaciones de los sujetos de una relación jurídica que es bilateral, onerosa y conmutativa, en la que el interés remuneratorio es el precio del préstamo (STS 44/2019, de 23 de enero).”

Para el alto Tribunal “mientras que los intereses moratorios sancionan un incumplimiento del deudor jurídicamente censurable, y su aplicación tanto sirve para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y completa, el daño que el acreedor ha recibido, como para constituir un estímulo que impulse al deudor al cumplimiento voluntario, ante la gravedad del perjuicio que le producirían el impago o la mora. «No obstante, en algún caso ( sentencias 422/2002, de 7 de mayo , y 677/2014, de 2 de diciembre ), también se han reputado usurarios los intereses moratorios, pero no aisladamente considerados, sino como un dato más entre un conjunto de circunstancias que conducen a calificar como usurario el contrato de préstamo en sí: la simulación de la cantidad entregada, el plazo de devolución del préstamo, el anticipo del pago de los intereses remuneratorios, el tipo de tales intereses remuneratorios, etc. En nuestro caso, al igual que en el precedente que acabamos de citar, el carácter usurario del préstamo no se hacía depender sólo o principalmente del interés de demora, sino que se fundaba sobre todo en otros datos como son: que se recibió una suma inferior a la que aparecía en la escritura de préstamo, lo que no se acreditó; que el interés remuneratorio del 10% era notablemente superior al normal del dinero, que en aquel momento para los préstamos hipotecarios era del 5,99%; y que cuando se firmó el préstamo el prestatario se encontraba en una situación de angustia económica, lo que la sentencia de apelación declara no acreditado. La mención a los intereses moratorios se utilizaba como un dato más para reforzar la argumentación.”

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¿La actividad de alterne constituye una relación laboral con obligación de alta en la seguridad social para no incurrir en un delito contra los derechos de los trabajadores?

La respuesta, de signo positivo, a esta relevante cuestión nos las ofrece la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en sentencia número 162/2019 de 26 de marzo, diferencia entre la actividad de alterne y la de prostitución para afirmar que en el primer supuesto es obligado que el empleador causa alta a las trabajadoras en la seguridad social para evitar concurrir en el delito tipificado en el artículo 312.2 del Código Penal.

Al respecto explica y declara el alto Tribunal que “ha  habido  una  tendencia  jurisprudencial  a  ampliar  el  marco  de  la  protección  penal  a  las  relaciones concernientes a personas que estén en situación de desprotección por más que no tuvieran las condiciones exigibles legalmente para intervenir en un contrato de trabajo. Es el caso de los inmigrantes clandestinos o el caso de determinadas actividades cuya licitud puede ser cuestionada, como las que se desarrollan en los locales de alterne. En muchos casos estas personas son sometidas a condiciones de trabajo contrarias a la dignidad humana y manifiestamente abusivas, y no es razonable excluirlas de la protección penal. Por  esa  razón  y  en  relación  con  el  artículo  312.2  del  Código  Penal  hay  abundantes  precedentes  en  que al empresario que en su establecimiento desarrolla actividades de prostitución en condiciones de trabajo contrarias a la dignidad humana, desconociendo los derechos laborales de las personas explotadas, comete no sólo el delito que corresponda por la explotación de la prostitución sino también un delito contra los derechos de los trabajadores, por más que éstos no tengan las condiciones necesarias para ser sujetos de una relación laboral. Citaremos por su expresividad la STS 208/2010, de 18 de marzo en la que se recuerda (con cita de la STS372/2005, de 17 de marzo) que «[…] la conducta que describe el art. 312.2, sanciona la explotación laboral, en cualquier actividad al contratar a trabajadores extranjeros, que no cuentan con permiso de trabajo, y además, para ser distinguido este comportamiento de la sanción administrativa, la ley penal anuda un desvalor especial que se traduce en que las condiciones impuestas deben ser notoriamente perjudiciales para el trabajador, de modo que se originen situaciones de explotación en el trabajo. No importa que la clase de trabajo llevado a cabo haya sido la prostitución[…].”

Añade la Sala que “en la sentencia de esta Sala núm. 995/2000, de 30 de junio vino a señalar en relación a la contratación de los inmigrantes ilegales, que su interpretación debe efectuarse desde una perspectiva constitucional (no olvidando la afirmación con que se inicia la Constitución, que en su art. 1 califica el Estado de «social»), en la medida que el llamado derecho penal laboral, del que el tipo que se comenta es elemento central, sanciona fundamentalmente situaciones de explotación, que integran ilícitos laborales criminalizados, de suerte que el bien jurídico protegido está constituido por un conjunto de intereses concretos y generales que protegen la indemnidad de la propia relación laboral, mediante la sanción de aquellas conductas que atenten contra los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. Más recientemente la STS 425/2009, de 14 de abril, señaló que «[…] la jurisprudencia interpretativa del artículo312 del Código Penal, siempre ha incluido en su contenido, al empleador que atenta contra los derechos y condiciones laborales de los trabajadores, independientemente de que estos sean legales o ilegales. Lo valorable, a efectos punitivos, son las condiciones de trabajo impuestas. Siempre se ha considerado que comprende a todas aquellas personas que presten servicios remunerados por cuenta ajena, entre las que se deben incluir, según sentencia de esta Sala, de 18 de Julio de 2003 , las conocidas como chicas de alterne[…]» (en igual sentido SSTS 995/2000 , 438/2004 , 221/2005 , 372/2005 , 1360/2009 , 308/2010 ,503/2010 ,160/211 y 378/211).En la sentencia que acabamos de citar, con abundante cita de precedentes tanto de las Sala II y IV del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se insiste en que la actividad de «alterne» puede dar lugar a una relación laboral y distingue entre la prostitución ejercida por cuenta propia y la ejercida por cuenta ajena, haciendo referencia a una lejana sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 27/11/2004 en la que se afirmaba que únicamente «la explotación de la prostitución por cuenta ajena es una relación laboral no permitida por nuestro ordenamiento.”

Como conclusión la Sala declara que “partiendo de estas consideraciones iniciales no ofrece duda alguna que las actividades que se desarrollan en un club de alterne, según la doctrina jurisprudencial que acabamos de reseñar, constituyen una relación laboral por la que el empleador viene obligado a dar de alta en la Seguridad Social a sus trabajadoras. El incumplimiento de este deber en las proporciones establecidas en el artículo 311.2 CP constituye delito, tal y como acontece en este supuesto. En los hechos probados no se declara que en el local investigado se ejerciera la prostitución ni por cuenta propia ni ajena por lo que las señoritas que prestaban servicios en ese local en actividad de «alterne» estaban vinculadas por la empresa por una relación laboral que obligaba a su alta en la Seguridad Social.

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¿Qué transcendencia tiene la existencia de un proceso penal para la no aplicación de los intereses del artículo 20 LCS a la aseguradora en un proceso civil?

Es interesante esta cuestión que acaba de ser analizada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia número 200/2019 de 28 de marzo en la que se declara que “esta Sala ha declarado en sentencia 787/2011 de 26 de mayo: La citada doctrina, que en síntesis permite solo a la aseguradora retrasarse fundadamente en el pago si desconoce su obligación por no estar fijada la causa de la misma – esto es, únicamente cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro (entre otras, SSTS de 12 de marzo de 2001, 9 de marzo de 2006, 11 de diciembre de 2006, 7de febrero de 2007, 11 de junio de 2007 y 13 de junio de 2007)-, explica que este Tribunal, en supuestos de incendio, venga manteniendo que la pendencia de causa penal por indicios racionales de criminalidad en su causación que podrían desembocar en la condena del asegurado o de alguna persona relacionada con el mismo por delito, determinando entonces la exoneración de la aseguradora conforme al párrafo segundo del art. 48 LCS, puede constituir causa justificada para que el asegurador no indemnice el importe del daño, si bien tal justificación desaparece en cuanto el proceso penal termine por sentencia absolutoria firme o auto de sobreseimiento, e incluso cuando contra este último se interpongan recursos infundados con el exclusivo propósito de prolongar artificialmente la pendencia del proceso penal (STS de 18 de octubre de 2007, RC3855/2000, con cita de las SSTS de 28 de noviembre de 2003, RC 215/98, 20 de mayo de 2004, RC 1479/98 ,9 de marzo de 2006, RC 4019/00 , 9 de marzo de 2006, RC 2910/00, 10 de mayo de 2006, RC 3097/99 y 11de diciembre de 2006, RC 1257/00) .En conclusión, dada la incertidumbre razonable sobre la vigencia de la póliza y la concurrencia de informes médicos alterados que provocaron la condena penal referida, concurre «causa justificada» de la aseguradora para demorar el pago (art. 20 de la LCS).

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