¿Qué tipos de delitos permiten al donante revocar una donación? ¿Entran los societarios?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia número 577/2019 de 5 de noviembre examinando un supuesto en el que se discutía sobre la validez o no de la revocación de una donación, declara que “en el presente litigio, se invoca como causa de revocación de las donaciones la recogida en el art. 648.2.º CC, que permite al donante revocar una donación por causa de ingratitud en el caso de que «el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe; a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad.” Es  decir,  el  legislador  permite  al  donante  revocar  una  donación  cuando  el  donatario  le  imputa  un  delito perseguible  de  oficio  porque,  como  argumentó  García  Goyena  en  la  explicación  de  la  regla,  cuando  nos encontramos ante «delitos, cuya persecución debe instaurarse por el ministerio público, y puede serlo por acción popular, no está bien al donatario perseguir, sino más bien compadecer a su bienhechor»; y, aun en ese caso, la imputación de un delito al donatario no es causa de revocación por ingratitud si el delito se ha cometido contra el propio donatario porque, como decía el mismo García Goyena «el derecho de vindicarse a sí mismo, o a las personas, cuya defensa le está encomendada por la ley, es anterior y preferente a todo otro derecho.”

Declara el alto Tribunal que “en el caso que da lugar a este recurso, y a la vista de los hechos probados en la instancia, no cabe apreciarla causa de revocación prevista en el art. 648.2.º CC. Los delitos por los que el donatario presentó denuncia contra los donantes requieren la presentación de denuncia de la persona agraviada o de su representante legal; el ministerio fiscal solo puede denunciar cuando la persona agraviada «sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida», para proteger su interés ( art. 296.1 CP); únicamente deja de ser precisa la denuncia del agraviado «cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas» ( art.296.1 CP), lo que no se ha planteado en el caso. No  nos  encontramos,  por  tanto,  ante  un  delito  perseguible  de  oficio.  Con  independencia,  como  apuntala sentencia recurrida, de que los delitos societarios denunciados contra los donantes podrían afectar al patrimonio del donatario denunciante. Con independencia, también, de que en la vía penal se confirmara el sobreseimiento libre frente a los hijos denunciados en atención a la imposibilidad de ejercer acción penal por los delitos patrimoniales contra los parientes a que se refiere el art. 103.2 LECrim.”

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¿Desde qué momento es exigible la pensión de alimentos modificadas en apelación?

Nos enseña la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia número 575/2019 de 5 de noviembre que “es doctrina de esta sala (sentencias de 15 de junio de 2015 y 26 de marzo de 2014) que de acuerdo con los arts. 774.5 LEC y 106 del C. Civil, las resoluciones que modifiquen los alimentos solo son operativas desde que se dicten, por lo que la cantidad que se fija en apelación solo es exigible desde la fecha de la sentencia de segunda instancia.

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¿Cómo se deben imponer las costas al acusado que ha sido absuelto de algún delito y condenado por otro u otros formulados de forma alternativa?

Aclara esta cuestión la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su sentencia número 516/2019 de 29 de octubre que declara que “el artículo 240.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dispone que «no se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos. «Conforme  señala  la  STS  de  esta  Sala  núm.  140/2010,  de  23  de  febrero,  «la  jurisprudencia  de  este Tribunal ha declarado reiteradamente, de forma clara y concisa, que, en principio, las cosas procesales han de distribuirse conforme al número de delitos de enjuiciados, dividiendo luego la parte correspondiente entre los distintos condenados; y que, cuando los condenados sean absueltos de uno o varios delitos y condenados por otro u otros, las cuotas correspondientes a las infracciones de las que han sido absueltos deberán declararse de oficio. En todo caso, y a estos efectos, ha de estarse a las acusaciones mantenidas en las conclusiones definitivas.”

No obstante, el alto Tribunal advierte que “ahora bien, conforme expresa la STS de este Tribunal número 459/2019, de 14 de octubre, por delitos enjuiciados debe entenderse hechos punibles y no calificaciones diferentes. En este sentido se explica que «La distribución de las costas cuando existen varios penados y/o varios delitos -objeto procesal plural objetiva o subjetivamente- admite dos sistemas: reparto por delitos o por acusados. La jurisprudencia se ha decantado por la fórmula basada en una fragmentación de las costas según el número de delitos enjuiciados -hechos punibles y no calificaciones diferentes: lo que tiene aquí relevancia pues obliga a dividir por hechos y no por tipificaciones esgrimidas-. Dentro de cada delito -hecho penalmente relevante-se divide entre los que han sido acusados como partícipes de cada uno para declarar de oficio la parte correspondiente a los absueltos y condenar a su respectiva fracción a los condenados.»

Así la Sala en el supuesto que examina concluye declarando que “el acusado fue acusado por delito de deslealtad profesional y por delito de apropiación indebida, y, alternativamente a este último, por delito de estafa. Por ello conforme a la doctrina antes expresada, el acusado ha sido enjuiciado por dos delitos (o por dos hechos constitutivos de delito) habiendo sido absuelto de uno de ellos, esto es, del delito de apropiación indebida y del delito de estafa del que era acusado de forma alternativa. En consecuencia, debe responder del pago de la mitad de las costas procesales causadas en la instancia. El motivo por ello se estima.”

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¿Puede ser testigo el condenado en otro juicio por los mismos hechos?

Esta relevante cuestión ha sido examinada y resuelta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en sentencia número 515/2019 de 29 de octubre, en la que con cita en anterior sentencia número 274/2009 de 18 de marzo, explica que “esta Sala, para un caso como el presente, no mantiene tal doctrina sobre el status de coimputado del compareciente en juicio, y solo de forma contradictoria la mantuvo en el pasado. En efecto, SSTS como, por ejemplo, la STS nº 1332/2004 de 11 de noviembre, y la STS 1007/2007 de 23 de noviembre, siguiendo la consulta de la Fiscalía General del Estado de 14 de abril de 2000, concluyen que: «el condenado que sea citado a prestar declaración en el juicio ulterior para los restantes acusados conserva los derechos que tuvo en la declaración que prestó en el juicio celebrado entonces para él…».En cambio, SSTS como la STS 1079/2000, de 19 de julio; STS 1268/2000, de 30 de octubre; STS 68/2003de 26 de febrero, o STS 1338/2003 de 15 de octubre, sostienen que: » cuando ya se ha abandonado la posición de imputado para ser sustituida por la de ejecutoriamente condenado, la declaración no puede producirse bajo las prevenciones del art. 118 LECr, pues se declara sobre hechos que ya no le pueden afectar penalmente, por lo cual la única forma posible de comparecer es en calidad de testigo…».

Añade pues el alto Tribunal que “ante ello, y con objeto de salir al paso de tales criterios contradictorios, logrando su unificación, esta Sala, en el Pleno no jurisdiccional de 16-12-08, declaró que: «La persona que ha sido juzgada por unos hechos y con posterioridad acude al juicio de otro imputado para declarar sobre esos mismos hechos, declara en el plenario como testigo y, por tanto, su testimonio debe ser valorado en términos racionales para determinar su credibilidad» .Con ello cabrá entender que la valoración del testimonio del compareciente en las condiciones dichas quedará sujeta a las reglas generales, más allá de la exigencia impuesta respecto a la irrenunciable existencia de elementos de corroboración, sin perjuicio del requerimiento de prueba lícita, suficiente y racionalmente valorada, que ha de estar presente en todo caso, en la actividad que corresponde efectuar al juzgador de acuerdo con el art. 741 LECr. La reciente STS nº 7/2009, de 7 de enero, se hace eco de tales criterios.”

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