¿Se puede exigir a quien promueve un expediente de reanudación de tracto sucesivo que justifique todas las transmisiones hasta la adquisición de su derecho?

¿Se puede exigir a quien promueve un expediente de reanudación de tracto sucesivo que justifique todas las transmisiones hasta la adquisición de su derecho?

La respuesta a esta cuestión, de sentido negativo, ha quedado resuelta en resolución de 6 de febrero de 2017, dictada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, en la que se declara que “en  cuanto  al  defecto  relativo  a  la  ausencia  de  expresión  de  la  persona  que  transmitió a quien en el auto figura como transmitente del promotor, esta cuestión ya fue resuelta por esta Dirección General en Resolución de 22 de enero de 2011, que procede reiterar aquí, y en la que se afirmó que «de conformidad con el artículo 285 del Reglamento Hipotecario, no puede exigirse a quien promueva el expediente que determine ni justifique las transmisiones operadas desde la última inscripción hasta la adquisición de su derecho, de modo que el Auto por el que se ordena reanudar el tracto es, por sí solo, título hábil para practicar la inscripción en cuanto determina la titularidad dominical actual de la finca.”

Por esta razón se añade que “ no  puede  exigirse  al  promotor  del  expediente  de  reanudación  de  tracto  la  acreditación de la cadena previa y sucesiva de transmisiones intermedias, ni los nombres de  las  personas  que  transmitieron  las  fincas  al  transmitente  inmediato  de  las  mismas,  aunque sí (…) del titular registral y de su cónyuge cuyo consentimiento sea necesario para la disposición del bien cuya titularidad pretenda reanudarse en el expediente de dominio. Pero además en el presente caso se da la circunstancia de que en la propia inscripción de  dominio  del  titular  registral  constan  identificados  quiénes  son  sus  herederos,  no  coincidiendo estos con quien aparece en el auto como transmitente del promotor. Debe recordarse  la  doctrina  sentada  en  las  Resoluciones  de  14  de  abril  y  10  de  noviembre  de  2016,  conforme  a  las  cuales,  en  los  casos  en  los  que  el  promotor  del  expediente  adquirió, no de todos, sino sólo de alguno o algunos de los herederos del titular registral, sí que existe auténtica interrupción del tracto y por tanto, posibilidad teórica de acudir para solventarlo,  tanto  al  expediente  de  dominio  judicial  del  ya  derogado  artículo  201,  si  la  pretensión  se  hubiera  promovido  antes  del  1  de  noviembre  de  2015,  como  al  nuevo expediente notarial del nuevo artículo 208, si se promueve tras dicha fecha.”

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En la inscripción de una sociedad limitada en el Registro Mercantil ¿debe detallarse el objeto social de aquella?

En la inscripción de una sociedad limitada en el Registro Mercantil ¿debe detallarse el objeto social de aquella?

La respuesta que nos ofrece la resolución de la Dirección General de los Registros y  del  Notariado de 6 de febrero de 2017 es de sentido positivo. Así recuerda la dirección general que “la Resolución de 17 de junio de  2011  reiteró  que  la  trascendencia  que  el  objeto  social  tiene  tanto  para  los  socios  y  administradores, como para los terceros que entren en relación con la sociedad, justifica la  exigencia  legal  de  una  precisa  determinación  del  ámbito  de  actividad  en  el  que  debe  desenvolverse la actuación del nuevo ente, si bien la diversa composición cualitativa que puede adoptar el patrimonio social posibilita la dedicación de la sociedad a una multitud de actividades  económicas  absolutamente  dispares,  siempre  que  estén  perfectamente  delimitadas.”

Se añade que “tanto  el  artículo  23.b)  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  como  el  artículo  178  del  Reglamento del Registro Mercantil exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice mediante la determinación de las actividades que lo integren. Con carácter general, debe entenderse que esa determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados. La  citada  disposición  reglamentaria  especifica  el  contenido  de  esa  determinación  mediante  una  doble  limitación:  a)  no  pueden  incluirse  en  el  objeto  «los  actos  jurídicos  necesarios para la realización o el desarrollo de las actividades indicadas en él», y b) en ningún caso puede incluirse como parte del objeto social «la realización de cualesquiera otras  actividades  de  lícito  comercio  ni  emplearse  expresiones  genéricas  de  análogo  significado». La primera prohibición se justifica por una evidente razón de claridad: si las facultades  representativas  de  los  administradores  se  extienden  a  todos  los  actos  comprendidos en el objeto social (artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital) esa representación abarca todos los actos expresivos de la capacidad de obrar de la sociedad, por lo cual la farragosa enumeración de actos jurídicos debe proscribirse por innecesaria.”

Continúa el órgano explicando que “la  segunda  limitación  se  debe  a  que  esa  clase  de  fórmulas  («cualesquiera  otras  actividades  de  lícito  comercio»,  a  las  que  a  veces  se  añadía,  en  una  vieja  cláusula  de  estilo,  el  giro  «acordadas  por  la  Junta  General»)  convertía  el  objeto  en  indeterminado  y  genérico. Ahora bien, tal exigencia legal y reglamentaria no puede implicar que una redacción de las disposiciones estatutarias definitorias del objeto social como la ahora cuestionada por el registrador haya de ser rechazada. Este Centro Directivo admitió, en la Resolución de 5 de abril de 1993, la frase relativa a «todas las actividades relacionadas con…», cuando la inmediata referencia anterior a cierto género de actividad –la compra y venta de vehículos– delimitaba  suficientemente  el  ámbito  de  la  actividad  social.  La  Resolución  de  11  de  diciembre  de  1995  consideró  inscribible  la  disposición  respecto  de  un  objeto  que  comprendía la fórmula «… y demás actividades relacionadas con la industria turística», por entender  que  la  exigencia  de  determinación  precisa  y  sumaria  de  las  actividades  integrantes  del  objeto  no  se  oponía  a  la  utilización  de  términos  que  comprendan  una  pluralidad de actividades. La Resolución de 1 de septiembre de 1993, ante una cláusula estatutaria que determinaba el objeto social como «la compraventa al por mayor y menor de  todo  tipo  de  mercaderías  con  cuantas  operaciones  sean  preparatorias,  auxiliares,  accesorias o complementarias de tales actividades» la rechazó por no estar definidas las actividades principales constitutivas del objeto social, pero afirmó terminantemente que la prohibición  derivada  del  artículo  117  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil  no  podría  entenderse vulnerada por la frase cuestionada si las actividades principales han sido antes delimitadas de modo suficiente para fijar con claridad el ámbito de la actividad social. La Resolución  de  17  de  junio  de  2011  por  su  parte,  aceptó  la  expresión  «y  cualquier  otra  actividad o proyecto que pueda requerir de un servicio especializado de carácter innovador, el fomento del empleo y la igualdad de géneros».”

Se explica también que “en todos los supuestos contemplados porque la previa y precisa delimitación de las actividades  principales  que,  en  su  caso,  habrían  de  ser  complementadas  por  otras,  conjuraba todo riesgo de inducir a terceros a error sobre el objeto social. Como afirmó la Resolución  de  1  de  diciembre  de  1982,  «únicamente  habrá  indeterminación  cuando  se  utilice  una  fórmula  omnicomprensiva  de  toda  posible  actividad  comercial  o  industrial  en  donde  se  empleen  unos  términos  generales,  pero  no  existirá  esta  indeterminación  si  a  través de términos concretos y definidos se señala una actividad de carácter general» y «no cabe entender como fórmula omnicomprensiva e indeterminada aquella que tiene por objeto  la  promoción  y  desarrollo  de  empresas  de  todo  tipo…  y  no  puede  entenderse  incluidas en las fórmulas de tipo indeterminado que no ha autorizado su inscripción en el Registro este Centro directivo». Así ocurre en el supuesto que da lugar a la presente en el que, tras la concreción de las actividades que integran el objeto social, los estatutos añaden que éste se extiende a las  actividades  preparatorias,  complementarias,  derivadas  y  auxiliares  de  las  que  lo  constituyen sin que de ello resulte ni una indeterminación de su contenido, previamente delimitado, ni una relación de actos o actividades que impliquen un desarrollo de aquél. El motivo de recurso debe ser estimado.”

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La liquidación de la sociedad de gananciales ¿puede ser considerada como un cambio sustancial para extinguir o reducir la pensión compensatoria?

La liquidación de la sociedad de gananciales ¿puede ser considerada como un cambio sustancial para extinguir o reducir la pensión compensatoria?

Nos enseña la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de febrero de 2017 que “finalmente cabe salir al paso de los posibles ingresos que para la recurrida pudiese suponer la liquidación del bien ganancial. Ya hemos visto la finalidad que tiene que se le conceda el uso, pero si se lleva a término su liquidación, será momento de enjuiciar si existe un cambio económico sustancial y relevante que justifique la extinción de la pensión (artículo 100 y 101 CC), pero sin que quepa adelantar modificaciones posibles. La Sala, y cualquiera que sea la duración de la pensión, ha considerado (STS 23 octubre 2012 y las en ellas citadas de 3 octubre 2008; 27 de junio de 2011) que: “Por lo que se refiere a su extinción posterior, esta Sala (SSTS de 3 de octubre de 2008, (RC núm. 2727/2004), y 27 de junio de 2011 (RC núm. 599/2009) consideró, en síntesis, que cualquiera que sea la duración de la pensión «nada obsta a que, habiéndose establecido, pueda ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el procedimiento de modificación de la medida adoptada», lo que deja expedita la vía de los artículos 100 y 101 CC, siempre, lógicamente, que resulte acreditada la concurrencia del supuesto de hecho previsto en dichas normas.”

Añade el alto Tribunal que “por tanto, constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los artículos 100 y 101 CC «si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas normas -alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores (artículo 100 CC).”

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¿Cuáles son los requisitos del desistimiento del delito para que exima de responsabilidad penal?

¿Cuáles son los requisitos del desistimiento del delito para que exima de responsabilidad penal?

Nos enseña la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de febrero de 2017 que “el art. 16 del Código penal dispone, para lo que aquí interesa, en el segundo párrafo, que “quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito o falta.”

Explica el alto Tribunal que “los requisitos de tal desistimiento, han de ser los siguientes: a) voluntario, no bastando la mera causalidad desplegada accidentalmente por la naturaleza que impide la producción del resultado; b) positivo, pues la mera omisión del agente no es suficiente, una vez puestos los resortes físicos necesarios para la producción natural del resultado; c) eficaz, es decir, ha de conseguirse la evitación, en mayor o menor medida, del resultado propuesto; d) completo, pues el agente tiene que desplegar todos los resortes necesarios para evitar la producción del resultado, sin esconder o camuflar ningún contorno de aquellos en los que ha consistido su acción, incluso si le comprometiera en cuanto a su identificación o a los pormenores de su acción. La característica sustancial del desistimiento consiste en la reversión del derecho que el agente despliega como consecuencia de su actuación, muestra del interés de neutralizar lo que antes había puesto en marcha para perpetrar la infracción criminal.”

En cuanto al fundamento de tal previsión, señala la Sala de lo Penal que “estriba -según se dice en STS 19.12.2007 y reitera la de 2.2.2009, en los siguientes: “Algunos autores entienden que el tratamiento favorable que en el mismo se establece para el desistimiento del delito intentado responde a razones de política criminal. Según esta doctrina –conocida como teoría de la política criminal o del premio- la ley ha querido crear un motivo para que, en vista de la exención de la pena, el autor desista de su hecho, lo que constituye un claro objetivo de la política criminal. Otros autores sostienen (teoría de la culpabilidad insignificante)  que el fundamento de esta norma se encuentra precisamente en la reducción de culpabilidad hasta lo insignificante, pues se apoya en una compensación basada en un actus contrarius.  Finalmente, otra parte de la doctrina, considera que, en el mismo, confluyen varios  fundamentos: las apuntadas razones de política criminal y también la menor culpabilidad que implica la consideración global del hecho, con un significado inicial negativo que se compensa con un sentido positivo de la evitación del resultado configurador de la correspondiente figura penal.”

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Traffic accident. Concept covering any person required, under national law, to pay compensation for the damage suffered by the victim or those entitled under him.

Actuality.

Concepto de tercero responsable.

Traffic accident. Concept covering any person required, under national law, to pay compensation for the damage suffered by the victim or those entitled under him.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA UE (Sala Quinta) de 15 de octubre de 2015.

JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber). Resolution 15 October 2015.

The dispute in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling

“On 28 May 2002, Ms Corrazzini, a Commission official, was seriously injured as a pedestrian in a road traffic accident involving Mr Kohaila, who was insured by Axa Belgium. The subsequent police investigation did not establish that Mr Kohaila was at fault. That conclusion was confirmed during civil proceedings before the referring court. On 6 November 2003, the Invalidity Committee established by the Commission declared Ms Corrazzini to be suffering from total permanent invalidity which prevented her from performing her duties, with the result that she was retired on 3 December 2003 and granted an invalidity pension in accordance with the second paragraph of Article 78 of the Staff Regulations, with effect from 1 January 2004. The Commission paid Ms Corrazzini’s medical expenses and continued to pay her remuneration between 28 May 2002 and 1 January 2004, the date from which the Commission paid her an invalidity pension. As long ago as 27 June 2002, the Commission wrote to Axa Belgium to inform it that the Commission was subrogated to the rights of Ms Corrazzini. On 20 September 2004, the Commission requested that Axa Belgium reimburse it the amounts that it had paid to Ms Corrazzini. Since Axa Belgium refused to make that reimbursement on the ground that the Commission had not established the liability of the party insured by Axa Belgium, the Commission brought proceedings against that insurer before the Belgian courts, basing its application, inter alia, on Article 29 bis of the Law of 21 November 1989. The Tribunal de police de Bruxelles (local criminal court, Brussels) delivered a judgment on 6 January 2012 dismissing the Commission’s application. The European Union, represented by the Commission, brought an appeal against that decision before the Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (French language court of first instance, Brussels), the referring court, seeking an order that Axa Belgium pay the sum of EUR 392 650.14 in respect of the medical expenses incurred by Ms Corrazzini, the continued payment of her remuneration for the period from 25 May 2002 to 31 December 2003 and the invalidity pension in respect of the period from 1 January 2004 to August 2012, as well as a lump sum of EUR 167 970.03 for the payment of invalidity allowances as from 1 September 2012. Before the referring court, Axa Belgium submits that the European Union cannot validly argue that it is subrogated to the rights of Ms Corrazzini since Article 85a of the Staff Regulations provides for a subrogated claim only against the third party responsible for the damage. Axa Belgium argues that it has not been established that the party insured by it is responsible for the accident. The referring court therefore queries the exact scope of the concept of ‘the third party’ (‘le tiers responsable’) as referred to in Article 85a of the Staff Regulations.    Furthermore, the referring court considers that reimbursement of the invalidity pension paid by the European Union to Ms Corrazzini may not, in any event, be required on the basis of a subrogated claim, pursuant to Article 85a(1) of the Staff Regulations, since the European Union, which is subrogated to the rights of the victim, cannot claim greater rights than the victim enjoyed against ‘the third party’ under the applicable national law. As it is, the invalidity pension granted by the European Union to Ms Corrazzini is beyond the scope of Axa Belgium’s obligation under Article 29 bis of the Law of 21 November 1989 to pay Ms Corrazzini compensation since that invalidity pension is, according to national case-law, separate from and independent of the loss suffered by Ms Corrazzini. By contrast, the referring court considers that reimbursement of the invalidity pension paid by the European Union to Ms Corrazzini could, in principle, be required on the basis of a direct action in accordance with Article 85a(4) of the Staff Regulations. In that respect, the referring court considers that there is nothing to prevent the European Union, as the victim’s employer, from being treated as ‘entitled under’ the victim, for the purposes of Article 29 bis of the Law of 21 November 1989. However, the referring court is unsure whether the condition laid down in that Article, to the effect that the European Union must have personally suffered damage, has been met. In that respect, the referring court notes that while, according to the national case-law, any person who is required, on the basis of a contractual, statutory or regulatory obligation, to make a payment may bring an action against the liable third party, that option is ruled out with regard to expenses or benefits which, in accordance with the content or scope of the agreement, law or regulation, must definitively remain the responsibility of the person who is so obliged or who must give effect to it under the law or regulation. In those circumstances, the Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (French language court of first instance, Brussels) decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling: ‘(1)   Must the term ‘the third party’ (‘le tiers responsable’) used in Article 85a(1) of the Staff Regulations of European Officials be interpreted autonomously in EU law, or does it refer to the meaning that the term has in national law? (2) If the term has an autonomous scope, must it be interpreted as covering any person who caused the death, accidental injury or sickness of a person or only a person who is liable by reason of a fault that that person has committed? (3)  If the term ‘the third party’ (‘le tiers responsable’) is to be interpreted in accordance with national law, does EU law require the national court to allow a subrogated claim lodged by the European Union where one of its officials has been the victim of a road traffic accident involving a vehicle in respect of which liability has not been established, inasmuch as Article 29 bis of the Law of 21 November 1989 on compulsory insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles provides for the automatic compensation of vulnerable road users by insurers who cover the civil liability of the owner, driver or keeper of the motor vehicle involved in the accident, without the civil liability of the owner, driver or keeper having to be established? (4)  Does the content or the scheme of the Staff Regulations mean that the expenses incurred by the European Union under Articles 73 and 78 of those regulations must definitively remain its own responsibility”.

The first question:

“ By its first question, the referring court asks, in essence, whether the concept of ‘the third party’ (‘le tiers responsable’), mentioned in Article 85a of the Staff Regulations, must be interpreted as referring to the national law applicable to the cause of death, the accidental injury or the sickness, within the meaning of that provision, or whether that concept must be given an autonomous and uniform interpretation within the EU legal order. As a preliminary point, it should be recalled that, according to the case-law of the Court, the purpose of Article 85a of the Staff Regulations is not to alter the national rules applicable for determining whether and to what extent there is liability on the part of the third party who caused the damage. That third party’s liability remains subject to the substantive rules which are normally to be applied by the national court before which the victim’s proceedings are brought, that is to say, in principle, the legislation of the Member State in whose territory the damage occurred (judgment in Clinique La Ramée and Winterthur, C‑397/02, EU:C:2004:502, paragraph 17 and the case-law cited). Accordingly, the first question is not to be understood as relating to the substantive rules determining whether and to what extent the third party who caused the damage is liable, since those rules are within the scope of the applicable national law. That question refers rather to whether the concept of ‘the third party’ contains an element which restricts the subrogation laid down in Article 85a of the Staff Regulations on the basis of the distinction made under national law between two schemes for compensating the victims of accidents, one relating to liability and the other to automatic compensation, or whether the concept should be given an autonomous and uniform interpretation within the EU legal order. Under Article 85a of the Staff Regulations, the European Union is subrogated only to the rights and rights of action of the victim or those entitled under him against ‘the third party’. Accordingly, the interpretation of that concept determines whether the subrogation provided for in Article 85a of the Staff Regulations has a uniform scope across the whole of the European Union or whether that scope depends on the delimitation of liability according to categories established by national law.”

“It should be noted that the Court has consistently held that it follows from the need for a uniform application of EU law, and the principle of equality, that the terms of a provision of EU law, which make no express reference to the law of the Member States for the purpose of determining its meaning and scope, must normally be given an autonomous and uniform interpretation throughout the European Union, which must take into account the context of the provision and the objective pursued by the legislation in question (judgments in Deckmyn and Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, paragraph 14 and the case-law cited, and Modelo Continente Hipermercados, C‑343/13, EU:C:2015:146, paragraph 27 and the case-law cited). In that respect, it should be noted that Article 85a(1) of the Staff Regulations makes no such express reference in so far as concerns the concept of ‘the third party’. In order to determine whether that concept should be given an autonomous and uniform interpretation in the EU legal order, it is necessary, having regard to the case-law referred to in paragraph 21 of the present judgment, to take into account the legislative context of Article 85a of the Staff Regulations, since those regulations are intended to regulate the legal relations between the European institutions and their officials, by establishing a series of reciprocal rights and obligations (see, to that effect, judgment in Johannes, C‑430/97, EU:C:1999:293, paragraph 19). In accordance with Article 1a of the Staff Regulations, officials are entitled to equal treatment under those regulations, meaning that the regulations, as a general rule, must be given an autonomous and uniform interpretation throughout the European Union.  Accordingly, the concept of ‘the third party’, which determines the extent of the subrogation provided for in Article 85a of the Staff Regulations, must be given an interpretation which permits its autonomous and uniform application throughout the European Union. If the subrogation, determined by reference to the interpretation to be given to the concept of ‘the third party’, were to depend on the classification given under different national laws to comparable compensation schemes in terms of whether they are liability related or not, a situation of inequality could arise to the advantage of certain officials. While the European Union would be subrogated to the rights of an official if national law considered the obligation of a third party towards that official to be linked to liability, that subrogation would not apply if the same obligation to compensate a victim was classified by national law as a separate form of compensation. Thus, there would be a risk that officials not affected by subrogation of the European Union could be compensated twice for the same loss, while that would not be the case for officials to whose rights the European Union was subrogated.  Accordingly, if the interpretation of the concept of a ‘third party’ were to follow categories provided for under national law, the European Union could be subrogated to the rights of an official in respect of a situation involving liability under one national law but not under another, which would create discrepancies in the application of the Staff Regulations to the advantage of certain officials, depending on the applicable national law. It follows that the concept of ‘the third party’ (‘le tiers responsable’), referred to in Article 85a(1) of the Staff Regulations, must, for the purposes of determining the scope of the subrogation laid down therein, be given an autonomous and uniform interpretation within the EU legal order.”

 

The second question: “ By its second question, the referring court asks, in essence, whether the concept of ‘the third party’, within the meaning of Article 85a(1) of the Staff Regulations, covers only a third party required, by reason of fault on his part that has given rise to damage, to pay compensation for the damage that he has caused to the official concerned, or whether the concept covers any person, including insurers, under an obligation, under national law, to pay compensation for the damage suffered by the victim or those entitled under him. As regards, first, the wording of Article 85a of the Staff Regulations, it should be noted, by way of illustration, that while the German version expressly refers to the concept of fault using the words ‘auf das Verschulden eines Dritten’, the English version uses the more neutral words ‘caused by a third party’. Other language versions such as Spanish (‘imputable a un tercero’), French (‘imputable à un tiers’), Italian (‘imputabile a un terzo’), Dutch (‘aan een derde is te wijten’) and Portuguese (‘imputável a um terceiro’) allude to the concept of accountability without making any mention of that of fault. According to the Court’s settled case-law, the wording used in one language version of a provision of EU law cannot serve as the sole basis for the interpretation of that provision, or be made to override the other language versions in that regard. Provisions of EU law must be interpreted and applied uniformly in the light of the versions existing in all EU languages. Where there is divergence between the various language versions of an EU legislative text, the provision in question must be interpreted by reference to the purpose and general scheme of the rules of which it forms part (judgment in Léger, C‑528/13, EU:C:2015:288, paragraph 35 and the case-law cited). It follows that, having regard to the differences referred to in paragraph 29 of the present judgment between the different language versions of Article 85a of the Staff Regulations, that provision must be interpreted, in particular, in the light of its purpose.  It is clear from the Court’s settled case-law that the purpose of the subrogation of the European Union referred to in Article 85a of the Staff Regulations is to ensure that an official is not compensated twice in respect of the same damage. In so far as the damage suffered by an official renders the European Union subject to the obligation to pay him benefits under the Staff Regulations, the risk of twofold compensation can be avoided only if the official is deprived of his rights against any third party responsible for causing him damage, those rights being transferred to the European Union (see, to that effect, judgments in Royale belge, C‑333/90, EU:C:1992:94, paragraph 9 and the case-law cited, and Lucaccioni v Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, paragraph 20).       That aim can be fully achieved only if the subrogation provided for in that article covers schemes for compensating victims of accidents, irrespective of whether those schemes are regarded under the national law concerned as a fault-based liability regime or as another form of obligation to provide compensation, including when those schemes require, as in the case of the rules at issue in the main proceedings, that a third party pay compensation for damage irrespective of any fault. Accordingly, given the purpose of the subrogation provided for in Article 85a of the Staff Regulations, the concept of ‘the third party’ must be interpreted broadly and may not be limited to cases entailing fault-based liability alone. Consequently, the answer to the second question must be that the concept of ‘the third party’, within the meaning of Article 85ª (1) of the Staff Regulations, covers any person, including insurers, required under national law to pay compensation for the damage suffered by the victim or those entitled under him.”

The third question:” In view of the answers to the first and second questions, there is no need to reply to the third question.”

The fourth question: “By its fourth question, the referring court asks, in essence, whether the Staff Regulations must be interpreted as meaning that, in the context of a direct action under Article 85a(4) of those regulations, the benefits that the European Union is obliged to provide under, first, Article 73 of those regulations, covering risks of sickness and accident, and, secondly, Article 78 of the regulations, in respect of the payment of an invalidity pension, must definitively remain its own responsibility. First, it must be noted that, as is clear from the request for a preliminary ruling, since the invalidity pension does not constitute, in accordance with national case-law, damage to the victim of the accident at issue in the main proceedings, it is separate from and independent of the loss suffered by that victim. However, the European Union’s obligation to pay benefits to the victim under Articles 73 and 78 of the Staff Regulations might constitute damage to the European Union in its own right. According to the referring court, pursuant to the national case-law referred to in paragraph 14 of the present judgment, that possibility would be excluded if the benefit in question had, under the applicable rules, definitively to remain the responsibility of the European Union. In that regard, it should be noted that the damage sustained by the European Union in its own right derives from its obligation to pay the victim benefits under Articles 73 and 78 of the Staff Regulations and follows, accordingly, so far as the Union is concerned, from an obligation imposed by the Staff Regulations. As regards the question whether the benefits provided for in Articles 73 and 78 of the Staff Regulations must definitively remain the responsibility of the European Union, it should be noted, first, that Article 85a(4) of the Staff Regulations expressly provides that the European Union is not restricted to claiming by way of subrogation under Article 85a(1) of those regulations for damage suffered by its officials, but may also bring a direct action to obtain compensation for damage sustained in its own right, in particular on account of the benefits that it is required to pay under those regulations.”

“Secondly, while the nature of the invalidity pension at issue in the main proceedings arises out of a particular feature of the relationship under the Staff Regulations between the European Union and its officials, the need to respect that particular feature does not, however, mean that benefits paid as an invalidity pension must definitively remain the responsibility of the European Union. Having regard to all the above considerations, the answer to the fourth question is that the Staff Regulations may not be interpreted as meaning that, within the framework of a direct action under Article 85a(4) of those regulations, the benefits that the European Union is obliged to provide under, first, Article 73 of those regulations, covering risks of sickness and accident, and, secondly, Article 78 of the regulations, in respect of the payment of an invalidity pension, must definitively remain its own responsibility.”

 

On those grounds, the Court (Fifth Chamber) hereby rules: “ 1.   The concept of ‘the third party’ (‘le tiers responsable’) referred to in Article 85a(1) of the Staff Regulations of Officials of the European Communities laid down by Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to officials of the Commission, as amended by Council Regulation (EC, ECSC, Euratom) No 781/98 of 7 April 1998, must be given an autonomous and uniform interpretation within the EU legal order. 2.   The concept of ‘the third party’ (‘le tiers responsable’), referred to in Article 85a(1) of the Staff Regulations of Officials of the European Communities laid down by Regulation No 259/68, as amended by Regulation No 781/98, covers any person, including insurers, required under national law to pay compensation for the damage suffered by the victim or those entitled under him. 3.   The Staff Regulations of Officials of the European Communities laid down by Regulation No 259/68, as amended by Regulation No 781/98, may not be interpreted as meaning that, in the context of a direct action under Article 85a(4) of those regulations, the benefits that the European Union is required to provide under, first, Article 73 of those regulations, covering risks of sickness and accident, and, secondly, Article 78 of the regulations, in respect of the payment of an invalidity pension, must definitively remain its own responsibility.”

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¿Qué diferencia existe entre el derecho a la existencia de motivación y la corrección de la motivación existente?

¿Qué diferencia existe entre el derecho a la existencia  de motivación y la corrección de la motivación existente?

Nos explica la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 10 febrero 2017 que “que el derecho a la existencia de motivación, ínsito en el de tutela judicial y cuya vulneración da lugar a la nulidad de actuaciones con reposición del procedimiento al momento de la infracción, se satisface cuando existe una exposición de las razones a las que el Tribunal dice haberse sometido para decidir, salvo que tal exposición sea tan inequívocamente arbitraria o absurda que pueda considerarse como irrelevante para tal función justificadora.”

Por su parte, añade la Sala “la corrección solamente es controlable desde la premisa de que lo que se controla existe. Y es entonces cuando lo que se examina es si los argumentos son acomodados a lógica y experiencia como para avalar una certeza sobre el hecho discutido que pueda tenerse por objetiva y asumible por la generalidad. Es claro que la sentencia cumple hasta la saciedad la exigencia expositiva de sus razones. Se compartan o no. Pero esto es objeto del segundo aspecto del control.”

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¿Qué se entiende por ludopatía a efectos de atenuación de la responsabilidad penal?

¿Qué se entiende por ludopatía a efectos de atenuación de la responsabilidad penal?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de febrero de 2017 recuerda “en relación a la ludopatía, como enfermedad mental, se ha referido la Sala en varias ocasiones. Retenemos al respecto la argumentación de la STS 932/2013 de 4 de Diciembre: “….La ludopatía es considerada por la jurisprudencia de esta Sala como una “entidad nosológica que se presenta dentro de una conducta más general de incapacidad para controlar los impulsos, que naturalmente no afecta al discernimiento, sino a la voluntad del individuo” –SSTS de 29 de Abril 1991; 21 de Septiembre 1993 y 18 de Febrero 1994 –. En definitiva se trata de una situación en la que el sujeto no puede resistir la tentación de jugar, lo que implica una dependencia psicológica constituida por su impulso más o menos irresistible. Dicho en la moderna terminología del Código Penal, se estaría vía art. 20-1º del Código Penal en una situación de total alteración psíquica que le impediría al sujeto afectado a actuar conforme a la comprensión –que conoce– de la ilicitud de su acción. Por eso, y como también tiene declarado la jurisprudencia de esta Sala –SSTS 462/2002; 1948/2009 o 262/2001 –, la compulsión del ludópata actúa en el momento  en que la oportunidad del juego se le presenta y domina su voluntad en torno al acto concreto de jugar, su relevancia afectará a la valoración de las mismas temporal e inmediatamente dirigidas a satisfacer tal compulsión  en el ámbito lúdico, mientras que en otros actos más lejanos  obrará solo como impulso organizado para lograr el futuro placer del juego, impulso que es en ese estadio, racional y dominable, o al menos no irrefrenable.”

Para el alto Tribunal “en general se estima que el trastorno ludópata afecta a la capacidad de culpabilidad por afectar a la imputabilidad, bien anulándole, disminuyéndole gravemente o de forma más leve, de acuerdo con la graduación del trastorno que puede ser eximente completa, eximente incompleta o atenuante ordinaria. Por otra parte, para la aplicación de cualquier expediente ya de irresponsabilidad o de atenuación de la misma, hace falta no solo la realidad del padecimiento del trastorno o alteración psíquica, sino que además es preciso que la misma haya tenido relevancia en la ejecución del hecho analizado, es decir junto con el diagnóstico médico, debe acreditarse la incidencia del trastorno en el hecho, esto es que exista una adecuada relación de causalidad y de dependencia entre el trastorno y su incidencia en el hecho analizado. Dicho más claramente, la ejecución del mismo debe ser consecuencia del trastorno por ello debe tratarse de una delincuencia funcional, esto es provocada por la necesidad del sujeto de proveerse de dinero para satisfacer su ludopatía. Se trata de la misma estructura que la existente en el drogodependiente  que comete delito para satisfacer su adicción a las drogas.”

Se añade por la Sala de lo Penal que “de ordinario, la respuesta penal de la ludopatía ha sido la de estimar la concurrencia de una atenuante o atenuante analógica, en contadas ocasiones muy cualificada –SSTS 2084/1993 de 21 de Septiembre; 2856/1993 de 14 de Diciembre; 249/1997 de 26 de Febrero; 972/1998 de 27 de Julio; 1597/1999 de 15 de Noviembre; 262/2001 de 23 de Febrero; 1842/2002 de 12 de Noviembre o 535/2006 de 3 de Mayo –. En general, la jurisprudencia de esta Sala suele ser muy restrictiva  en la apreciación de esta neurosis de ludopatía, que  viene  exigiendo  una  acreditación  cumplida  para  la  aplicación  de  la  atenuante  y   asimismo  se  exige  su conexión con el delito objeto de enjuiciamiento, dada su naturaleza de factor criminógeno que genera una delincuencia funcional  ….”. En este control casacional, a la vista de la argumentación de la Sala y del resultado de la pericial que se cita, se concluye en el mismo sentido que el Tribunal de instancia. Ni  hubo  error  en la valoración de la prueba por parte del Tribunal al no apreciar la eximente incompleta interesada, ni por tanto tal rechazo no supuso ninguna quiebra  de los derechos y garantías constitucionales que se dicen vulnerados.”

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¿Cómo se determina la competencia territorial en el juicio verbal?

¿Cómo se determina la competencia territorial en el juicio verbal?

Nos enseña la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en auto de 8 de febrero de 2017 que cita anterior auto del mismo Tribunal de 4 de mayo de 2016 que “cualquiera que sea la pretensión ejercitada en el juicio verbal, la competencia territorial se determina siempre de forma imperativa con arreglo a los fueros legalmente establecidos para cada caso: en primer lugar, el fuero especial que corresponda conforme a las previsiones del art. 52 LEC; y, en su defecto, los fueros generales relativos al domicilio o residencia del demandado (art. 50 LEC para las personas físicas y art. 51 para las personas jurídicas y entes sin personalidad).”

Añade el alto Tribunal que “en relación con el límite temporal para el control de oficio de la competencia, en nuestro Auto del Pleno, de 9 de septiembre de 2015, (asunto 87/2015) hemos declarado: “… que no cabe dar un mismo tratamiento procesal a la competencia objetiva y a la territorial, y que la necesidad de conciliar el tenor del art. 58 LEC , que opta por limitar el control de oficio al momento inmediatamente posterior a la presentación de la demanda, con lo dispuesto en los arts. 416 y 443.3 LEC, que posibilitan un control de oficio en momentos posteriores, aconseja adoptar una solución intermedia, consistente en que el control de oficio de la competencia territorial durante la fase declarativa de los juicios ordinario y verbal tenga su límite, respectivamente, en el acto de la audiencia previa y en el acto de la vista […].”

Para el Tribunal “la necesidad de dotar de sentido a la perpetuación de la jurisdicción como regla general (art. 411 LEC) supone que, independientemente de que pueda controlarse de oficio la competencia territorial fijada por normas imperativas (y en el caso del juicio verbal, por no admitirse la sumisión), la mera localización del demandado en un lugar distinto del domicilio indicado en la demanda no justifique, sin más, que el órgano que inicialmente declaró su competencia se inhiba a favor de los órganos de esa otra demarcación, pues viene declarando esta Sala, respecto del artículo 411 LEC, que para que resulte competente un Juzgado diferente de aquel que conoció de la petición inicial es necesario acreditar que el domicilio actual conocido por hechos sobrevenidos ya era el real o efectivo en el momento en que se presentó la demanda, de forma que si no se acredita tal circunstancia, o si resulta probado que la alteración se produjo con posterioridad, el Juzgado que conoció inicialmente perpetuaría su jurisdicción por aplicación del citado artículo 411 LEC, aunque el emplazamiento o la citación deban practicarse en el nuevo domicilio acudiendo al auxilio judicial (AATS, entre los más recientes, de 4 de febrero de 2015, conflicto nº 143/2014, y 22 de abril de 2015, conflicto nº 12/2015).”

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¿Les resulta aplicable a los miembros de la carrera judicial la distinción entre incapacidad total y absoluta a efectos de jubilación por incapacidad?

¿Les resulta aplicable a los miembros de la carrera judicial la distinción entre incapacidad total y absoluta a efectos de jubilación por incapacidad?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la sentencia de 6 de febrero de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que nos enseña que “no es ocioso observar que la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de la Carrera Judicial (Reglamento 2/2001, aprobado por el CGPJ) no contemplan la aquí examinada distinción entre «total» y «absoluta». Es verdad que, en materia de jubilación de jueces y magistrados, el art. 248 de dicho texto reglamentario se remite supletoriamente al Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado (Real Decreto Legislativo 670/1987); y si bien este último no recoge la citada distinción, sí lo hace -tal como alega el recurrente- el art. 23 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. A ello debe añadirse que, visto el precedente invocado por el propio recurrente, el CGPJ ya ha tenido en cuenta -al menos una vez- la distinción entre «total» y «absoluta» a la hora de calificar una declaración de jubilación por incapacidad permanente, de donde se sigue que la reputa aplicable a los miembros de la Carrera Judicial.”

Añade el alto Tribunal que “ello se vería, además, reforzado por la ya mencionada ausencia de alegaciones a este respecto en los escritos procesales del Abogado del Estado. La conclusión de todo ello es que procede estimar el recurso contencioso-administrativo y declarar que el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara la jubilación de don  Maximiliano  por incapacidad permanente no debe ser calificada de «total para el ejercicio de sus funciones judiciales», sino de «absoluta a todos los efectos que legalmente procedan».”

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¿Cuál es el alcance de protección de una marca notoria?

¿Cuál es el alcance de protección de una marca notoria?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en sentencia de  2 de febrero de 2017 recuerda sus sentencias “505/2012, de 23 de julio, y 95/2014, de 11 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado los preceptos antes citados en una doble faceta: respecto de los criterios para considerar que una marca es notoria y respecto del alcance de la especial protección que se confiere a estas marcas. En la instancia se ha declarado acreditado que las marcas de la demandante son notorias y en este cauce casacional solamente se cuestiona si la Audiencia Provincial ha seguido el correcto entendimiento que del alcance de la protección de estas marcas ha realizado la jurisprudencia.”

Añade el alto Tribunal que “la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que «la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca». En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 (Intel-CPM), puntualiza qué debe entenderse por tal vínculo: primero argumenta que «cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior»; y concluye después que «el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo». Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso (SSTJUE de 6 de octubre de 2005 –Medion – y de 25 de marzo de 2010 – Die BergSpechte -; y sentencia de esta Sala 375/2015, de 6 de junio, y las que en ella se citan).”

A su vez, continúa el Tribunal “la STJUE de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/14, The English Cut  (con cita de las sentencias Adidas- Salomon y  Adidas Benelux, C-408/01, e Intel Corporation, C-252/07) afirma que, dado que el artículo 8.5 del Reglamento no exige que la similitud existente pueda llevar al público interesado a confundir los signos en conflicto, sino que se limita a exigir que el público pueda asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos, debe concluirse que la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud. Lo que obliga a los tribunales a examinar si el grado de similitud, pese a ser ligero, es suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado establezca un vínculo entre los signos en conflicto.”

No obstante la Sala de lo Civil pone especial énfasis en que “como recuerda la STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal), «la existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre». Esto es, para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [STJCE de 27 de noviembre de 2008 (Intel-CPM)], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.  Asimismo, hemos afirmado en varias sentencias recientes (por ejemplo, 98/2016, de 19 de febrero, 302/2016, de 9 de mayo, 382/2016, de 19 de mayo, o 419/2016, de 20 de junio), que para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual (STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. En el caso de marcas mixtas, su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos ( sentencia de esta Sala de 10 de junio de 1987 ), que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales (STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana). Ya que como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, «el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.”

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