¿Puede un Grupo operativo del Cuerpo Nacional de Policía distinto de la Unidad de Asuntos Internos proceder a la detención de un agente del CNP si no se trata de un delito flagrante o de violencia de género y no hay delegación ni investigación judicial abierta?

La Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía en su artículo 4 dispone que a la Unidad de Asuntos Internos le corresponde investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el Centro Directivo.

Partiendo de esta Orden, cabe preguntarse si es posible que una Unidad distinta -sin petición ni delegación efectuada por la Unidad de Asuntos Internos y sin autorización judicial habilitante- ostente competencia para detener a un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, cuando no concurre delito flagrante o de género ni esta actuación ha sido puesta en conocimiento previo de la autoridad judicial ni de la Unidad de Asuntos Internos competente.

En nuestra opinión, la respuesta es sin duda de sentido negativo, pues consideramos que no es posible realizar la detención, ni siquiera podríamos añadir, continuar la investigación de unos hechos que afectan a un agente del Cuerpo Nacional de Policía si ésta no se efectúa por la Unidad de Asuntos Internos y/o con autorización judicial.

Cabe preguntarse entonces qué consecuencias tendría el que un grupo operativo determinado con unas funciones concretas de policía judicial ajenas incluso al ámbito territorial de investigación de un presunto hecho delictivo dé curso a una investigación y proceda a efectuar la detención de un agente del Cuerpo Nacional de Policía.

Creemos que esta actuación, efectuada por quien carece de competencias, es merecedora inicialmente de la oportuna investigación por parte de la correspondiente Unidad de Asuntos Internos, para depurar las responsabilidades en materia disciplinaria en que hayan podido incurrir quienes han procedido a la detención de un compañero.

Consideramos también que ello podría también tener cierta relevancia en materia de garantías procesales, con reflejos constitucionales, en relación con la validez de la detención y las actuaciones posteriores, sin olvidar que estos hechos también, en nuestra opinión, podrían ser constitutivos de infracción penal.

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El TS fija doctrina sobre alcance de caducidad en procedimientos de reintegro de subvenciones

La Sala Tercera establece que la Administración no puede dictar una resolución de fondo válida en un procedimiento de reintegro de subvenciones que haya caducado.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-el-alcance-de-la-caducidad-en-los-procedimientos-de-reintegro-de-subvenciones

Sin comentarios….Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Sin comentarios……

Respuesta de la Euipo (antes OAMI) ante la petición de un funcionario europeo, que por medio de  su representación legal, solicita el empleo del idioma español en un procedimiento iniciado por dicha institución contra él: ” Finally,  as to the request to communicate in Spanish, Mr ……….or his legal  representative can address the Appointing Authority in Spanish, if they  wish so. However, the  Appointing Authority will continue communicating in English, this being  a working language of the administration in which Mr …………communicates. In this context, it should be noted that the  administration may choose one of the working languages to communicate  with the staff member.

Yours sincerely,

Traducido por nosotros al español: “Finalmente, en cuanto a la solicitud de comunicación en español, el Sr. ………. o su representante legal pueden dirigirse a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en español, si así lo desean. Sin embargo, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos continuará comunicándose en Inglés, siendo este un idioma de trabajo de la administración en la que el Sr. ………… se comunica. En este contexto, cabe señalar que la administración puede elegir uno de los idiomas de trabajo para comunicarse con el personal.

Suyo/a sinceramente,

¿Qué es el principio “non bis in ídem” en su vertiente material?

Este principio, objeto de protección constitucional y aplicable en todas las jurisdicciones ha sido definido recientemente por diversos tribunales destacando a estos efectos la reciente sentencia número 28/2018, de 14 de marzo, dictada por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que nos enseña que “desde su sentencia 2/1981, de 30 de enero, el Tribunal constitucional ha venido reconociendo que el principio non bis in ídem, íntimamente unido al principio de legalidad de las infracciones que recoge el artículo 25 de la Constitución, veda la imposición de la dualidad de sanciones «en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento». Reitera recientemente la sentencia 91/2008, de 21 de julio, que dicho principio se configura como un derecho fundamental, integrado en el art. 25.1 de la Constitución , con una doble dimensión material y procesal, pues como señalaba la sentencia 2/2003 de 19 de febrero , la garantía de no ser sometido a bis in ídem «en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el mismo fundamento, de modo que la reiteración sancionadora constitucionalmente proscrita puede producirse mediante la sustanciación de una dualidad de procedimientos sancionadores, abstracción hecha de su naturaleza penal o administrativa, o en el seno de un único procedimiento (por todas sentencias 159/1985, de 27 de noviembre, FJ 3 ; 94/1986, de 8 de julio, FJ 4 ; 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3; y 204/1996, de 16 de diciembre, FJ 2)», precisando a continuación que la garantía material de no ser sometido a bis in ídem sancionador tiene como finalidad evitar una reacción punitiva desproporcionada (SSTS 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3; 177/1999, de 11 de octubre, FJ 3 y ATC 329/1995, de 11 de diciembre, FJ 2), «en cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista legalmente.”

Añade el alto Tribunal que “también debemos recordar que el principio non bis in ídem en la forma descrita está reconocido por los Convenios Internacionales sobre derechos humanos. Así, el art. 14.1º del Pacto Internacional de los Derechos civiles y Políticos dispone que “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya absuelto en virtud de una sentencia firme, de acuerdo con la Ley y el Procedimiento Penal de cada país”. Por otra parte, el art. 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, reconoce este derecho con un contenido similar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos incluye dentro de los conceptos de infracción y sanción penal también los de carácter administrativo, partiendo de un concepto sustantivo de la materia al no considerar relevante la denominación de la legislación en que se encuentre y equiparando, a los efectos del art. 4 del Convenio, el castigo de un proceso penal con el procedimiento y sanción administrativa (SSTEDH caso Craudinger vs Austria de 29 de mayo de 2001 , caso Frau Ficher vs Austria de 30 de mayo de 2002 ).”

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Real Decreto 107/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobado por el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre. La Ley 29/2011, de 22 de sep

Real Decreto 107/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobado por el Real Decreto 671/2013,
de 6 de septiembre.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3360.pdf

Alcance de la dispensa del artículo 416 LECRIM. Acuerdo Pleno Tribunal Supremo de 23 de enero de 2018

Acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2018.

Asunto: Alcance de la dispensa del artículo 416 LECRIM.

Acuerdo:

1.- El acogimiento, en el momento del juicio oral, a la dispensa del deber de declarar establecida en el artículo 416 de la LECRIM, impide rescatar o valorar anteriores declaraciones del familiar-testigo aunque se hubieran efectuado con contradicción o se hubiesen efectuado con el carácter de prueba preconstituida.

2.- No queda excluido de la posibilidad de acogerse a tal dispensa (416 LECRIM) quien, habiendo estado constituido como acusación particular, ha cesado en esa condición.

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Nuevo caso de éxito Whitman Abogados-UFP. 14 de febrero de 2018.

Se presentó querella criminal contra agente afiliado al sindicato UFP ante los Juzgados de Torrevieja por los presuntos delitos de lesiones, coacciones, injurias, contra la integridad moral, falsedad y cohecho.

Tramitada toda la instrucción y gracias a la intervención de Whitman Abogados se decretó el sobreseimiento de las actuaciones, resolución que fue recurrida por el querellante ante la Audiencia Provincial de Alicante, y gracias a la impugnación al recurso efectuada por Whitman Abogados se desestimó el recurso confirmando el sobreseimiento de la causa contra el agente afiliado a UFP.

Estamos valorando la pertinencia de interponer querella criminal contra el denunciante por denuncia falsa.

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Nuevo éxito intervención Whitman Abogados-UFP. 10 de febrero de 2018.

Nos encontramos con un caso del cónyuge de un agente afiliado al sindicato UFP que no estaba de acuerdo con los honorarios cobrados por una conocida clínica dental ubicada en todo el territorio nacional.

Tras examinar la documentación médica que nos fue entregada descubrimos que a nuestra cliente se le había cobrado de más una cantidad cercana a los 3.000 euros.

Decidimos entonces intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial para evitar demoras en el cobro de la cantidad debida y, tras una ardua negociación, hemos conseguido que indemnicen al cónyuge del agente con la cantidad total solicitada coincidente con la debida.

De esta manera, en menos de dos meses, la clínica ha procedido a la devolución del total reclamado sin que haya sido necesario acudir a la vía judicial.

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Nunca una noticia nos había alegrado tanto. Enhorabuena a un gran jurista y a un incansable trabajador.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/01/25/5a69e434268e3ef0168b464d.html

¿Caben formas imperfectas de ejecución en el delito fiscal?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la sentencia antes referida de 23 de noviembre de 2017 resuelve esta cuestión declarando que “señalado lo anterior respecto al sujeto activo del delito fiscal, analizamos la cuestión referida a la admisibilidad de formas imperfectas de ejecución en el delito fiscal y la naturaleza de la exigencia típica de los 120.000 euros. En el hecho probado se refiere que las cantidades que se reclamaron de forma indebida y artificiosa no llegaron a hacerse efectivas porque la administración tributaria “previo examen conjunto de las actuaciones y su documentación advirtió que el derecho a la deducción se había creado artificialmente de una manera aparente con las actuaciones simuladas de los acusados por lo que la devolución no llegó a llevarse a cabo”. El recurrente afirma que la subsunción procedente es la de delito fiscal en tentativa. La acusación pública del Ministerio fiscal y la abogacía del Estado habían calificado los hechos de la acusación, el primero de forma alternativa a la estafa, como delito contra la Hacienda pública en tentativa, pues no había llegado a producirse el pago indebido de la devolución acorde a la pretensión de devolución del IVA soportado.”

Para la Sala “este apartado merece una especial consideración. Los 120.000 euros expresan una condición objetiva de punibilidad que, necesariamente, debe concurrir en el hecho para afirmar la existencia del delito. Es el criterio del legislador para diferenciar el ilícito administrativo del penal, de manera que su concurrencia es precisa, no sólo para la condena penal, sino para el inicio de las actuaciones, conforme a las exigencias del art. 251 de la Ley General Tributaria que dispone que la constatación de los indicios de delito contra la Hacienda supone la realización de la liquidación por un importe que supere el límite, con las excepciones a esa liquidación previstas en el art. 250 de la misma ley. La exigencia de los 120.000 euros no es el resultado causal respecto a la acción defraudatoria, sino un elemento del delito consistente en la superación de determinada cantidad para diferenciar la infracción administrativa de la penal y requiere su efectiva concurrencia como elemento definidor del delito. Como tal condición de punibilidad, no requiere ser abarcada por el dolo, y su concurrencia es obligada como elemento del delito. Como dijo la STS 643/2005, de 19 de mayo, el delito se ve sometido a una condición objetiva de persiguibilidad, la denuncia del Ministerio fiscal, y a una condición objetiva de punibilidad. Uno de los elementos componentes para hacer surgir el hecho criminal es que la elusión del impuesto o de la devolución indebida supere una determinada cantidad, lo que es imposible precisar si previamente no se ha realizado la liquidación. Desde una perspectiva culpabilística se puede admitir que la intención defraudatoria surge en el momento en que el sujeto obligado decide causar un perjuicio a la Hacienda pero lo cierto es que, aunque le anime este dolo, su comportamiento no será punible como delito fiscal si la suma defraudada no alcanza la cantidad establecida en el Código Penal, una vez realizada la pertinente liquidación. En el caso, no se produjo tal perjuicio en cantidad que supere la cifra prevista como condición de punibilidad, por lo que no podemos subsumir la conducta defraudatoria en el delito fiscal objeto de la calificación del Abogado del Estado reproducida en esta casación.”

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