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¿Una interceptación telefónica carece de justificación por haber sido concedida en virtud de meras sospechas?

¿Una interceptación telefónica carece de justificación por  haber  sido  concedida  en  virtud  de  meras  sospechas?

La respuesta a esta interesante cuestión nos las ofrece la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en sentencia de 8 de junio de 2016, nos enseña que “»la mera mención de  fuentes  confidenciales  no  es  suficiente  para  justificar  tal  invasión  en  los  derechos  fundamentales  y  así se ha pronunciado esta Sala en numerosas ocasiones, como es exponente la Sentencia 1497/2005, 13 de diciembre ,  en  la  que  se  recordaba  que  las  noticias  o  informaciones  confidenciales,  aunque  se  consideren fidedignas,  no  pueden  ser  fundamento,  por  sí  solas,  de  una  medida  cautelar  o  investigadora  que  implique el sacrifico de los derechos  fundamentales (STC 8/2000, 17 de enero). Igualmente, no será suficiente por regla general, con la mención policial que se limita a justificar la petición en alusión a  fuentes o noticias confidenciales.”

No obstante, añade el alto Tribunal “si la confidencialidad está en el origen de la noticia policial de la perpetración delictiva para justificar la medida, habrá de ir acompañada de una previa investigación encaminada a contrastar la  verosimilitud  de  la  imputación.  Confidencia,  investigación  añadida  y  constatación  que  habrán  de  estar reseñadas en el oficio policial y que habrán de venir referidas tanto al indicio del delito como de su atribución a la persona a la que va a afectar la medida. En este mismo sentido se han expresado, entre otras muchas, las SSTS 1047/2007, 17 de diciembre y 25/2008, 29 de enero; 141/2013, 15 de febrero y  121/2010, 12 de febrero). A  su  vez,  precisábamos  que  «los  indicios  que  se  han  de  tomar  en  consideración  no  son  los correspondientes a una Sentencia condenatoria, ni siquiera a un Auto de inculpación o procesamiento». No  es  razonable  confundir  los  indicios  necesarios  para  irrumpir  en  el  derecho  al  secreto  de  las comunicaciones, con los que pueden servir de base a un auto de procesamiento o a una inculpación formal.”

Por último, declara el alto Tribunal que “los que legitiman la autorización judicial de intervención telefónica han de representar algo más que simples conjeturas  o  suposiciones,  más  o  menos  aventuradas.  Pero  no  puede  exigirse  de  ellos  la  solidez  de  una «provisional cuasi certeza».

La consecuencia es que «no se puede decir que una interceptación telefónica carezca de justificación por  haber  sido  concedida  en  virtud  de  meras  sospechas  siempre  que  éstas  sean  razonables  y  estén suficientemente fundadas, convirtiéndose en indicios. Precisamente por esto, la Policía debe ofrecer al Juez -y éste debe exigirla- su razón de ciencia, es decir, los motivos en que basa su sospecha para que el Juez esté en condiciones de apreciar si se trata realmente de una sospecha razonable y fundada y si, en consecuencia, la intervención que se le solicita, con la restricción del derecho fundamental que lleva consigo, es proporcional al interés invocado por los Agentes de las Autoridad».

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