¿Qué es y qué límites alcanza el derecho a la defensa letrada en un proceso penal?

¿Qué es y qué límites alcanza el derecho a la defensa letrada en un proceso penal?

Responde a esta relevante cuestión la sentencia de 2 de noviembre de 2016, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que señala que “el  derecho  de  defensa,  desarrollado  sustancialmente  a través de la asistencia letrada, aparece reconocido como un derecho fundamental del detenido en el artículo 17 de la CE, y del imputado, con el mismo carácter aunque no exactamente con el mismo contenido, en el artículo 24. Su especial relevancia se destaca porque no se encuentra entre los que el artículo 55 de la CE considera susceptibles de suspensión en casos de estado de excepción o de sitio. En  el  artículo  24  aparece  junto  a  otros  derechos  que,  aunque  distintos  e  independientes  entre  sí, constituyen una batería de garantías orientadas a asegurar la eficacia real de uno de ellos: el derecho a un proceso  con  garantías,  a  un  proceso  equitativo,  en  términos  del  CEDH;  en  definitiva,  a  un  proceso  justo. De  forma  que  la  pretensión  legítima  del  Estado  en  cuanto  a  la  persecución  y  sanción  de  las  conductas delictivas, solo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a los ciudadanos en un Estado de Derecho.”

Recuerda la Sala que “la Instrucción 8/2004 de la Fiscalía General del Estado, recuerda  que  la  Constitución  española  reconoce  el  derecho  fundamental  a  la  defensa  y  a  la  asistencia  de letrado sin que en ningún caso pueda producirse indefensión (Art. 24.2). Recuerda también que el Art. 6.3 c) del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 dispone que todo acusado tiene, como mínimo, el derecho a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan. Y que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 diciembre de 1966, ratificado por Instrumento de 27 abril 1977, dispone en su Art. 14.3 b) que toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, a comunicarse con un defensor de su elección y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. Añadiendo la citada Instrucción que “El derecho de defensa es un derecho sagrado, quizás el más sagrado de todos los derechos en la justicia penal” (SSTS 2320/1993 y 851/1993).”

Pone de relieve el alto Tribunal también que “directamente relacionados con la defensa y la asistencia letrada, aparecen otros aspectos instrumentales pero esenciales para su efectividad. En primer lugar, la confianza en el letrado de libre elección. El TC ha señalado (entre otras en STC 1560/2003) que “la confianza que al asistido le inspiren las condiciones profesionales y humanas de su Letrado ocupa un lugar destacado en el ejercicio del derecho de asistencia letrada cuando se trata de la defensa de un acusado en un proceso penal”. Pero también ha señalado que este derecho no es absoluto, dado que la necesidad de contar con la confianza del acusado no permite al Letrado disponer a su antojo el desarrollo del proceso (STC 16291999. de  27  de  septiembre),  ni  elegir,  sin  restricción  alguna,  cuándo  se  retira  o  se  mantiene  la  misma,  pues  el Tribunal Constitucional ha expresado reiteradamente, desde la STC 47/1987, “que el ejercicio del derecho de asistencia letrada entra en ocasiones en tensión o conflicto con los intereses protegidos por el derecho fundamental que el Art. 24.2 C. reconoce en relación con el proceso sin dilaciones indebidas. De esta forma, es posible imponer limitaciones en el ejercicio de la posibilidad de designar Letrado de libre elección en protección de otros intereses constitucionalmente relevantes, siempre y cuando dichas limitaciones no produzcan una real  y  efectiva  vulneración  del  derecho  de  asistencia  letrada,  de  manera  que  queden  a  salvo  los  intereses jurídicamente protegibles que dan vida al derecho” (SSTC 11/1981 , 37/1987 y 196/1987). La  doctrina  constitucional  (SSTC.  25/2011,  de  14  de  marzo  y 62/2009  de  9  de  marzo,  entre  otras  muchas)  recuerda  que  la  indefensión  constituye  una  noción  material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales. Es decir que «para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado» (TC 185/2003, de 27 de octubre ; y STC 164/2005 de 20 de junio). “

Por último se afirma que “la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea  enumera los derechos básicos que la Unión ha de respetar, así como los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión, y constituye un instrumento jurídicamente vinculante, elaborado para reconocer formalmente y dar visibilidad al papel que desempeñan los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico de la Unión. En su artículo 48 2º “garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa”. El artículo 3 1 de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 , sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales, establece expresamente que “Los Estados miembros velarán por que los sospechosos y acusados tengan derecho a ser asistidos por un letrado en  el  momento  y  del  modo  que  les  permita  ejercer  sus  derechos  de  defensa en  la  práctica  y  de  manera efectiva”. Esta  referencia  a  la  efectividad  del  derecho  de  defensa  pone  de  relieve  que  los  órganos jurisdiccionales   no   solo   deben   velar   por   el   cumplimiento   formal   de   una   serie   de   reglas procedimentales, sino que están obligados a garantizar la efectividad práctica del derecho. Como ha señalado el TEDH no basta con que exista un reconocimiento formal del derecho de defensa, sino que debe velarse porque el mismo constituya una garantía real y efectiva (casos Artico y Pakelli). Es claro que la efectividad del derecho de defensa requiere, al menos y entre otras garantías que ahora no son relevantes, una posibilidad de comunicación entre el acusado y su letrado, que permita a aquel conocer el contenido de la acusación que se formula contra a él y de las pruebas presentadas en su contra, y poder proporcionar a su abogado los instrumentos necesarios para que éste pueda articular su defensa, incluido el conocimiento de las pruebas que puede proponer a estos efectos.”

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