¿Cuáles son los requisitos jurisprudenciales para apreciar la existencia de una asociación ilícita de las previstas en el artículo 515.1º del Código Penal?

¿Cuáles son los requisitos jurisprudenciales para apreciar la existencia de una asociación ilícita de las previstas en el artículo 515.1º del Código Penal?

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2016 analiza esta cuestión señalando que los requisitos son: “La asociación ilícita precisa la unión de varias personas organizadas para determinados fines, con las siguientes exigencias: a) pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad; b) existencia de organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista; c)  consistencia  o  permanencia  en  el  sentido  de  que  el  acuerdo  asociativo  ha  de  ser  duradero  y  no puramente transitorio; d)  el  fin  de  la  asociación  -en  el  caso  del  art.  515.1  inciso  primero-  ha  de  ser  la  comisión  de  delitos, lo  que  supone  una  cierta  determinación  de  la  ilícita  actividad,  sin  llegar  a  la  precisión  total  de  cada  acción individual en tiempo y lugar.”

Para el alto Tribunal “el  delito  de  asociación  no  se  consuma  cuando  en  ese  desenvolvimiento  societario  se  cometen determinadas infracciones, sino desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva. No cabe pues confundir el delito de asociación ilícita para delinquir, con el delito o delitos cometidos al desenvolver el fin social; ni puede tampoco considerarse la pluralidad de sujetos integrada en la asociación como  un  caso  de  codelincuencia  o  coparticipación  en  los  delitos  de  posterior  comisión,  ni  siquiera  cuando ésta lo es a título de conspiración para el delito, pues si en ella, como en la asociación, existe un acuerdo previo para delinquir, la diferencia está en el carácter de inestabilidad de su existencia y en la concreción del delito a realizar, que la conspiración presenta, frente a la asociación para delinquir en la que existe estabilidad y permanencia del acuerdo o unión asociativa y una cierta inconcreción sobre las infracciones criminales a ejecutar. En el delito de asociación ilícita del art. 515.1.1º -asociación para delinquir- el bien jurídico protegido es el derecho de asociación como garantía constitucional, según un sector doctrinal, o, según otro, el orden público  y  en  particular  la  propia  institución  estatal,  su  hegemonía  y  poder,  frente  a  cualquier  organización que persiga fines contrarios y antitéticos a los de aquélla. En todo caso se trata de un bien jurídico diferente del que se protege en la posterior acción delictiva que se comete al realizar la actividad ilícita para la que la asociación se constituyó.”

Recuerda la Sala que en su “sentencia de 1057/2013, de 12 de diciembre, se afirma que las modificaciones operadas  en  el  Código  Penal  a  través  de  la  Ley  Orgánica  núm.  5/2010,  de  22  de  junio,  han  hecho  que actualmente  este  art.  515  CP  actúe  como  tipo  residual  respecto  de  las  más  específicas  figuras  de  la organización criminal y del grupo criminal a que se refieren los arts. 570 bis, ter y quáter del Código Penal. Sobre estos últimos, expresa la STS núm. 544/2012, de 2 de julio: “La introducción en el Código Penal de los nuevos artículos que se diseñan en el Capítulo VI del Título XXII del Libro II del Código Penal, mediante la  reforma  operada  mediante  LO  5/2010,  denominado  tal  Capítulo  como  “De  las  organizaciones  y  grupos criminales” (arts. 570 bis al 570 quáter), ha de llevarnos a una reinterpretación de los parámetros del art. 515 de  tal  Código,  que  dentro  del  capítulo  de  los  delitos  relativos  al  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales  y libertades públicas, incrimina como punibles las asociaciones ilícitas en las que, a salvo las organizaciones y grupos terroristas, que han quedado reubicadas en el art. 571 del Código Penal , permanecen en su diseño cuatro  tipos  de  asociaciones  ilícitas  ,  en  donde  ha  de  primar  su  consideración  de  agrupaciones  estables que traten de atentar contra el bien jurídico protegido por tal delito, que no es otro que la conculcación del derecho  de  asociación,  cristalizando  la  criminalidad  en  el  empleo  de  medios  violentos  o  en  la  perversión de  la  personalidad  de  los  componentes,  aunque  tales  asociaciones  tuvieran  fines  lícitos,  o  bien  en  las organizaciones de carácter paramilitar, o las que se promuevan para atentar contra valores constitucionales, a las que ha de añadirse la primera, que permanece, objeto de nuestra atención, y que se corresponde con la asociación que tenga por finalidad la comisión de algún delito o, que después de constituida, promueva su comisión, junto a las que pretenden la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada.”

Por lo tanto para el Tribunal “la  inclusión  de  este  precepto  dentro  de  los  delitos  contra  el  ejercicio  de  determinados  derechos constitucionales  produjo  una  restricción  de  su  ámbito  en  reiterados  pronunciamientos  jurisprudenciales,  ya que se exigía una estructura, duración o permanencia, coordinación de funciones, reparto de roles, finalidades, jerarquía,  etc,  que  se  diferenciaban  en  gran  medida  de  otras  situaciones  delictivas,  que  se  juzgaban  más propiamente  en  el  ámbito  del  consorcio  delictivo  (…).  Pero  ha  de  comprobarse  también  que  tanto  en  la definición de las organizaciones criminales, el nuevo artículo 570 bis, como en la de los grupos criminales, que se contemplan en el artículo 570 ter, siempre se pluraliza la finalidad delictiva, en el sentido de que tales grupos u organizaciones están dirigidas a la comisión de varios delitos (“… a fin de cometer delitos…”), así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas. De  ello  ha  de  concluirse  que  no  puede  conceptuarse  en  una  organización  criminal  la  ideación  y combinación de funciones entre varios partícipes para la comisión de un solo delito, lo que ha de valorarse en  función  de  la  finalidad  del  grupo  u  organización.  La  inclusión  en  el  Código  Penal  de  los  arts.  570  bis  y ter confirma esta determinación del legislador, en donde ya define tales organizaciones y grupos criminales como potenciales agentes de plurales delitos, y no solamente de uno. Ahora bien, la exclusión propugnada por  el  art.  22.2  de  nuestra  Carta  Magna  hace  necesario  el  mantenimiento  del  tipo  penal  previsto  en  el  art. 515.1º del Código Penal, si bien su interpretación ha de verse reconducida a su ámbito propio, es decir, como contrapartida al derecho de asociación, por lo que las características del mismo condicionan la aplicación de dicho tipo penal, exigiéndose pluralidad de partícipes, estructura definida, distribución de funciones, órgano directivo y vocación de permanencia, en concordancia con el propio concepto constitucional de asociación.”

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