¿Puede un banco exigir como garantía de un préstamo la entrega de un pagaré para que se complete por la entidad bancaria con base a la liquidación que ésta realice?

¿Puede un banco exigir como garantía de un préstamo la entrega de un pagaré para que se complete por la entidad bancaria con base a la liquidación que ésta realice?

La respuesta de signo negativo, nos las ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en sentencia de 2 de noviembre de 2016 declara que “la  sentencia  de  esta  sala  466/2014,  de  12  de  septiembre,  de  Pleno,  fijó  la  siguiente  doctrina jurisprudencial  al  resolver  un  recurso  de  casación  por  interés  casacional  precisamente  en  su  modalidad de  existencia  de  jurisprudencia  contradictoria  de  las  Audiencias  Provinciales:  «La  condición  general  de  los contratos de préstamo concertados con los consumidores, en la que se prevea la firma por el prestatario (y en  su  caso  por  fiador)  de  un  pagaré,  en  garantía  de  aquél,  en  el  que  el  importe  por  el  que  se  presentará la  demanda  de  juicio  cambiario  es  complementado  por  el  prestamista  con  base  a  la  liquidación  realizada unilateralmente por él, es abusiva y, por tanto, nula, no pudiendo ser tenida por incorporada al contrato de préstamo, y, por ende, conlleva la ineficacia de la declaración cambiaria».”

Aclara la Sala que “esta misma doctrina se reiteró en la sentencia 645/2015, de 11 de noviembre. Aunque en el presente caso no conste, por no haberse incorporado a las actuaciones, la existencia de una condición general en el contrato de préstamo que facultara a la entidad prestamista para complementar el  pagaré  firmado  por  los  prestatarios,  sí  se  ha  declarado  probada  la  vinculación  del  pagaré  al  préstamo y  su  firma  por  los  prestatarios  como  un  medio  de  facultar  a  la  entidad  prestamista  para  llevar  a  cabo  una liquidación  unilateral.  Se  trataría,  en  suma,  de  una  práctica  abusiva  que  no  puede  merecer  un  trato  más favorable que la condición general en la que pretenda ampararse dicha práctica, porque, como a modo de síntesis se razonaba en la citada sentencia 466/2014 y se reitera en la igualmente citada sentencia 645/2015 respecto de la condición general, esta «permite al profesional el acceso a un proceso privilegiado que comienza con un embargo cautelar sin necesidad de oír al demandado y sin que tenga que prestar caución ni justificar el  periculum in mora, con base en un contrato que requiere una previa liquidación para determinar la cantidad adeudada en un momento concreto, sin que el acreedor deba justificar los elementos de hecho y de cálculo utilizados para fijar la cantidad reclamada y sin que la corrección de la liquidación haya sido controlada por un fedatario público. Por tanto se impide que el demandado tenga los elementos de hecho y de cálculo que le permitan enjuiciar la corrección de la cantidad que se le reclama y, en su caso, impugnarla, invirtiéndose además la carga de la prueba en el perjuicio del consumidor». En definitiva, si la condición general es abusiva por tales razones no puede negarse que también lo sea llevar sin más a la práctica lo que dicha condición general permite al profesional.”

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