¿Cuándo cabe la aplicación de la eximente de responsabilidad criminal por drogadicción?

Penal

¿Cuándo cabe la aplicación de la eximente de responsabilidad criminal por drogadicción?

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2016, nos recuerda que es “pacífica  la  Jurisprudencia  que  recoge  -respecto  a  lo  que  aquí  se  plantea-  que  la  eximente  de responsabilidad  criminal  por  drogadicción  está  recogida  (art.  21.1,  en  relación  con  el  artículo  20.2  del Código Penal) para quienes al cometer la infracción tengan una plena perturbación de la conciencia, por la utilización de la droga o por estados de infradosificación, que impidan comprender la significación de la acción.”

Añade la Sala de lo Penal que “paralelamente  se  entiende  que  la  disminución  de  la  imputabilidad  y  de  la  responsabilidad  en  los  términos de la eximente incompleta, se produce, bien en casos de ansiedad extrema provocada por el síndrome de abstinencia que actúa fuertemente sobre la volición o capacidad del sujeto para dirigir sus actos, bien en los casos en que la drogodependencia se asocia a otras situaciones o enfermedades deficitarias del psiquismo del agente, o bien cuando la antigüedad y continuidad de la adicción han llegado a producir un deterioro de la personalidad que disminuye de forma notoria la capacidad de autorregulación mental (SSTS 933/06, de 28 de septiembre; 1390/11, de 27 de diciembre o 655/13, de 17 de julio). En  tal  consideración,  la  reclamación  principal  de  la  defensa  se  muestra  improcedente,  a  la  vista  de que el relato fáctico de la sentencia de instancia -que resulta intangible en consideración al cauce procesal elegido-, sólo expresa la realidad de una toxicomanía crónica, destacando el Tribunal de instancia en su propia fundamentación jurídica, que no se ha presentado ninguna acreditación de que su dependencia a drogas de abuso, haya podido deteriorar la capacidad de regulación metal del recurrente. En todo caso, el propio tribunal de instancia, además de declarar probada la adicción a la que se ha hecho  referencia,  expresa  (FJ  13º.4)  que  si  bien  “no  ha  lugar  a  la  apreciación  de  la  eximente  incompleta, en el mejor de los casos procedería la atenuante ordinaria”; en una expresión que deviene particularmente confusa si se observa que no existe tampoco correspondencia entre la declaración de hechos probados, el reconocimiento que se apunta en la fundamentación jurídica y la parte dispositiva de la resolución, que no refleja la concurrencia de ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal.”

Explica la Sala que “la no plasmación en el relato fáctico de concurrir una relación causal entre la dependencia y la ejecución del delito, en el sentido de que la adicción haya tenido una incidencia en la motivación de la conducta en cuanto realizada “a causa de aquella” (SSTS 332/08, de 2 de junio; 16/09, de 23 de enero o 160/13, de 26 de febrero), evidentemente responde a la jurisprudencia de esta Sala que ha venido sosteniendo que el tráfico de drogas no puede ser considerado de los que se cometen a causa de la grave adicción del acusado, cuando se trata de grandes o medianos traficantes de esta sustancia que, además, consumen su producto (SSTS 2154/02, de 19 de diciembre o 191/08, de 18 de abril entre muchas otras). Por ello, la afectación de la imputabilidad que analizamos encuentra su soporte normativo en la atenuante analógica de drogadicción, del artículo 21.7 del Código Penal, en relación con el artículo 21.2 del mismo texto legal. La  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  entiende  que  la  ingestión  de  drogas,  produce  un  hábito  de consumo  que  según  la  opinión  científica  generalizada  y  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  ocasiona  un impacto no sólo sobre la salud física del sujeto, sino sobre sus facultades volitivas e intelectivas. La alteración es  mayor  y  progresa  más  gravemente,  cuando  el  consumo  se  mantiene  durante  un  tiempo  continuado  y también en función de la naturaleza de la droga, pues nadie discute que la acción de la cocaína está entre aquellas  sustancias  particularmente  agresivas  (STS  1737/02,  de  20 de diciembre);  cronicidad  que  es  claramente apreciable  –  como  así  se  declara-  en  el  caso  analizado  (STS  407/08,  de  23 de junio),  en  atención  al  propio contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas que demuestran el consumo de estas sustancias por el recurrente, así como a los documentos que el recurso trae a colación y que la sentencia de instancia plasma en su fundamentación jurídica, para alcanzar el convencimiento fáctico que proclama.”

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