¿Qué Tribunal ostenta la competencia para resolver sobre una denegación de reclamación por infracción del Derecho de la Unión?

¿Qué Tribunal ostenta la competencia para resolver sobre una denegación de reclamación por infracción  del  Derecho  de  la  Unión?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece el auto de 21 de julio de 2016 dictado por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que declara que el recurso “tiene  su  origen  en  la impugnación  por  la  mercantil  Construcciones  Cots  i  Claret,  S.L.  de  la  desestimación,  primero  presunta  y posteriormente expresa, de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada por los daños y perjuicios ocasionados al haber soportado indebidamente el Impuesto sobre la Venta Minorista de Hidrocarburos (conocido como “céntimo sanitario”) por importe de 28.991,62 euros. Funda su reclamación en que el citado impuesto fue creado por el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas  y  del  Orden  Social,  impuesto  que  fue  anulado  por  ser  contrario  a  la  normativa  europea,  a resultas de la sentencia de 27 de febrero de 2014 (C- 82/12) dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En efecto, la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de febrero de 2014, asunto C-82/12, declara: “El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, como el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos controvertido  en  el  litigio  principal,  ya  que  no  puede  considerarse  que  tal  impuesto  persiga  una  finalidad específica en el sentido de dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente”.

Y la Disposición Derogatoria Tercera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, acuerda derogar el artículo 9 de la Ley 24/2001 , con efectos desde el 1 de enero de 2013. Por lo tanto, estamos ante una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción  del  Derecho  de  la  Unión,  cuya  resolución  corresponde  al  Consejo  de  Ministros,  que  es  quien ha  resuelto  la  reclamación,  correspondiendo  la  competencia  objetiva  para  el  conocimiento  del  recurso contencioso-administrativo a esta Sala de la Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con el artículo 12.1.a) de la Ley de esta Jurisdicción.”

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