Qué es lo relevante en las notificaciones al administrado practicadas por la administración?

¿Qué es lo relevante en las notificaciones al administrado practicadas por la administración?

Esta cuestión encuentra respuesta en la sentencia de 16 de noviembre de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que nos recuerda que “con carácter general se ha entendido que lo relevante en las notificaciones no es tanto que se cumplan las previsiones legales sobre cómo se llevan a efecto las notificaciones, sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento de ellas o haya podido tener conocimiento del acto notificado, en dicho sentido la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  7  de  octubre  de  2015,  rec.  cas.  680/2014;  puesto  que  la  finalidad constitucional,  a  la  que  antes  se  hacía  mención,  se  manifiesta  en  que  su  finalidad  material  es  llevar  al conocimiento de sus destinatarios los actos y resoluciones al objeto de que éstos puedan adoptar la conducta procesal que  consideren  conveniente  a  la  defensa  de  sus  derechos  e  intereses  y,  por  ello,  constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela judicial efectiva sin indefensión garantizada en el art. 24.1 de la  Constitución  española  (CE),  sentencias  del  Tribunal  Constitucional  59/1998,  de  16  de  marzo,  FJ  3,  o 221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2. Este es el foco que en definitiva debe alumbrar cualquier lectura que se haga de esta materia, lo que alcanza, sin duda, también a las notificaciones electrónicas.”

Para el Tribunal “desde luego el desconocimiento de lo que se notifica, hace imposible no ya que pueda desplegarse una  defensa  eficaz,  sino  cualquier  defensa.  Por  ello,  lo  realmente  sustancial  es  que  el  interesado  llegue al  conocimiento  del  acto,  sea  uno  u  otro  el  medio,  y  por  consiguiente  pudo  defenderse,  o  no  lo  hizo exclusivamente  por  su  negligencia  o  mala  fe,  en  cuyo  caso  no  cabe  alegar  lesión  alguna  de  las  garantías constitucionales, dado el principio antiformalista y el principio general de buena fe que rigen en esta materia, sentencias del Tribunal Constitucional 101/1990, de 4 de junio, FJ 1 ; 126/1996, de 9 de julio, FJ 2; 4/2001, de 12 de febrero, FJ 2; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2 ; 90/2003, de 19 de mayo, FJ 2; y 43/2006, de 13 de febrero, FJ 2].”

Y lo relevante es, según criterio de la Sala, “no es tanto que se cumplan las previsiones legales sobre cómo se llevan a efecto las notificaciones, sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento de ellas. Todo lo cual lleva a concluir, en palabras del propio Tribunal Constitucional, que ni toda deficiencia en la práctica de la notificación implica necesariamente una vulneración del art. 24.1 CE, ni, al contrario, una notificación correctamente practicada en el plano formal supone que se alcance la finalidad que le es propia, es decir, que respete las garantías constitucionales que dicho precepto establece, sentencias del Tribunal Constitucional 126/1991, FJ 5; 290/1993, FJ 4; 149/1998, FJ 3; y 78/1999, de 26 de abril, FJ 2].”

Por ello advierte el alto Tribunal que “debe  tenerse  en  cuenta  que,  como  se  ha  señalado  en  numerosas  ocasiones  por  este  Tribunal,  con carácter general, cuando se respetan en la notificación las formalidades establecidas normativamente siendo su única finalidad la de garantizar que el acto o resolución llegue a conocimiento del interesado, debe partirse en  todo  caso  de  la  presunción  iuris  tantum  de  que  el  acto  de  que  se  trate  ha  llegado  tempestivamente  a conocimiento  del  interesado;  presunción  que  cabe  enervar  por  el  interesado  de  acreditar  suficientemente, bien  que,  pese  a  su  diligencia,  el  acto  no  llegó  a  su  conocimiento  o  lo  hizo  en  una  fecha  en  la  que  ya  no cabía reaccionar contra el mismo; o bien que, pese a no haber actuado con la diligencia debida (naturalmente, se excluyen los casos en que se aprecie mala fe), la Administración tributaria tampoco ha procedido con la diligencia y buena fe que le resultan reclamables.

Sobre  las  anteriores  premisas  ha  de  hacerse  el  análisis  del  caso  concreto.  A  dicho  efecto,  por  las razones  apuntadas  anteriormente,  ha  de  estarse  al  material  fáctico  y  valoración  realizada  por  la  Sala  de instancia,  que  en  apretada  síntesis  identifica  dos  conductas  irregulares  la  de  la  Administración,  por  las deficiencias en la notificación realizada y apartarse de la forma habitual de la notificación electrónica que venía haciendo, y la de la Mutualidad por la falta de diligencia de su empleada encargada de recibir las notificaciones electrónicas. Ha de observarse que la Sala de instancia parte de la doctrina correcta, centra su discurso en el derecho de defensa, y analiza la conducta de la Administración, la imperfección de la notificación, y de la Mutualidad, la falta de diligencia del destinatario, significa el reproche penalizador que acompaña al recargo de apremio, en la línea en la que una constante jurisprudencia se ha movido cuando se trata de notificación de actos sancionadores en los que se exige a la Administración extremar el celo, y la desproporción entre las consecuencias y la conducta negligente de la empleada en relación con la imperfecta notificación electrónica, para concluir, por las especiales circunstancias del caso concreto, que otra solución colocaría al contribuyente en  situación  de  indefensión.  En  definitiva,  en  última  instancia  habiendo  aplicado  correctamente  la  Sala  la legislación vigente y la doctrina jurisprudencial sobre la materia, el debate se desplaza a una pura cuestión de valoración de la prueba, lo que nos conduce a las reflexiones realizadas anteriormente para desestimar el recurso de casación.”

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