¿Qué es el principio de cosa juzgada en el orden contencioso?

¿Qué es el principio de cosa juzgada en el orden contencioso?

Nos enseña la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de octubre de 2016 que “el principio de cosa juzgada viene recogido con carácter general en el artículo 9.3 de la Constitución cuando  dispone  que  la  misma  «garantiza»  junto  al  principio  de  legalidad,  el  de  jerarquía  de  las  normas, su  publicidad,  etc.,  también  «la  seguridad  jurídica».  Y  ha  sido  reiteradamente  analizado  por  el  Tribunal Constitucional para llegar a un concepto del mismo que la STC 234/2012, de 13 de diciembre , con cita de la STC 136/2011, de 13 de septiembre , según el cual este principio debe entenderse como «la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados (STS 15/1986, de 31 de enero, FJ 1), como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación en la aplicación del Derecho (STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5), o como la claridad del legislador y no la confusión normativa (STC  46/1990,  de  15  de  marzo  FJ  4)»;  habiendo  recalcado  igualmente  la  importancia  de  este  principio  al señalar cómo «sin seguridad jurídica no hay Estado de Derecho digno de ese nombre», pues «es la razonable previsión de las consecuencias jurídicas de las conductas de acuerdo con el ordenamiento y su aplicación por los tribunales, la que permite a los ciudadanos gozar de una tranquila convivencia y garantiza la paz social y el desarrollo económico.”

Añade la Sala que “sentada la trascendencia de la seguridad jurídica y sobre la peculiaridad de la cosa juzgada en nuestro proceso  contencioso  administrativo  no  está  de  más  recordar  que  “Ello,  sin  perjuicio  de  las  peculiaridades que  en  el  proceso  contencioso-administrativo  derivan  del  objeto  de  la  pretensión  y  que  hace  que  sea  un específico elemento identificador de la cosa juzgada el acto administrativo (la actuación de la Administración) o la disposición objeto de las pretensiones impugnatorias. (…) Así esta Sala ha señalado: «la cosa juzgada tiene matices muy específicos en el proceso Contencioso-Administrativo, donde basta que el acto impugnado sea  histórica  y  formalmente  distinto  que  el  revisado  en  el  proceso  anterior  para  que  deba  desecharse  la existencia de la cosa juzgada, pues en el segundo proceso se trata de revisar la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo nunca examinado antes, sin perjuicio de que entrando en el fondo del asunto, es decir, ya no por razones de cosa juzgada, se haya de llegar a la misma solución antecedente» (STS de 10 nov. 1982; cfr., asimismo, SSTS de 28 enero 1985, 30 octubre 1985 y 23 marzo 1987, 15 de marzo de 1999, 5 de febrero y 17 de diciembre de 2001 y 23 de septiembre de 2002 , entre otras).”

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