¿Es posible la práctica de una prueba pericial psicológica sobre la credibilidad de un acusado adulto?

¿Es posible la práctica de una prueba pericial psicológica sobre la credibilidad de un acusado adulto?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia de 14 de septiembre de 2016 nos enseña en relación con la  pertinencia  de  la  prueba  pericial  psicológica  sobre  la  credibilidad  del testimonio de personas adultas recuerda que la cuestión “ha sido ya tratada por esta Sala de casación y resuelta en sentido negativo En efecto, hemos señalado (STS 41/2015) que lo que pretende el recurrente (también en este caso) mediante  la  prueba  pericial  psicológica  es  incorporar  una  contrapericial  de  la  defensa  a  la  prueba  pericial psicológica  practicada  para  valorar  la  credibilidad  del  testimonio  de  la  víctima.  Ya  hemos  apuntado  más arriba que se trata de un medio de prueba, además de irrelevante, «dado el transcurso del tiempo desde que sucedieron los hechos y la edad de la testigo», improcedente o impertinente.”

Recuerda el alto Tribunal que “decíamos a propósito de esta cuestión en la STS 883/2009, fundamento de derecho primero, punto 1, que «conviene tener presente, que el acusado hace depender buena parte de su estrategia de defensa del desarrollo de una prueba sobre el grado de verosimilitud de la víctima que es más que cuestionable. Toda razón le asistiría en sus alegaciones si el Tribunal a quo hubiera formado convicción y llegara a formular el juicio de autoría con el exclusivo respaldo de la opinión de unos peritos», añadiendo «el fin de la prueba pericial no es otro que el de ilustrar al órgano judicial para que éste pueda conocer o apreciar algunos aspectos del hecho enjuiciado que exijan o hagan convenientes conocimientos científicos o artísticos (art. 456 LECrim). Apreciar significa precisamente ponderar el valor de las cosas. El discurso argumental de la parte recurrente tiende a subvertir la naturaleza procesal de la prueba pericial, atribuyendo a ésta un alcance prácticamente definitivo. El perito es un auxiliar del ejercicio de la función jurisdiccional. Pero no es alguien cuyo criterio deba imponerse a quienes asumen la tarea decisoria. Los doctores agotaron la función que les es propia expresando su opinión acerca del perfil psicológico de la víctima. El Tribunal a quo asumió la suya pronunciándose sobre el juicio de autoría con el respaldo de las pruebas -directas e indiciarias- ofrecidas por la acusación. Lo contrario sería tanto como convertir al perito en una suerte de pseudoponente con capacidad decisoria para determinar de forma implacable el criterio judicial. Lo que los peritos denominan conclusión psicológica de certeza, en modo alguno puede aspirar a desplazar la capacidad jurisdiccional para decidir la concurrencia de los elementos del tipo y para proclamar o negar la autoría del imputado (cfr. STS 485/2007, 28 de mayo).”

En el caso analizado por la Sala de lo Penal “ya  hemos  señalado  que  la  prueba  pericial  psicológica  traída  al  juicio  oral  era prescindible teniendo en cuenta la edad de la testigo y que la prueba de cargo consistente en su declaración, correspondiendo su valoración exclusivamente al Tribunal sentenciador, está suficientemente reforzada por las corroboraciones señaladas en el fundamento anterior. Exigir una prueba de esta naturaleza sería tanto como  pedirla  para  auxiliar  al  Tribunal  en  la  interpretación  de  la  norma  jurídica  o  en  la  valoración  de  una prueba documental. Podrán darse supuestos excepcionales en los que el Tribunal entendiese conveniente una prueba de esta naturaleza cuando igualmente concurran en la persona sujeta a declaración circunstancias especialísimas que precisen la aportación de un conocimiento científico sobre determinados aspectos de la personalidad del sujeto, lo que desde luego no sucede en este caso. El medio de la defensa para cuestionar la  credibilidad  de  un  testigo  es  aportar  hechos  o  circunstancias  que  contradigan  efectivamente  su  versión, valoración, insistimos, que corresponde solo al Tribunal ex artículo 741 y 717 ambos LECrim, teniendo en cuenta las reglas del criterio racional. Cuestión distinta es cuando se trata de menores de corta edad porque en aras a la protección de los mismos y de las demás partes del proceso el legislador considera la intervención de expertos dirigida más que a la credibilidad del contenido de su declaración a la comunicación o exploración de aquéllos. Decíamos en  la STS  713/2015,  fundamento  de  derecho  primero,  2.2.,  que  «cuando  se  trata  de  menores,  ya  hemos reflejado  como  la  legislación  (Ley  4/2015, artículo  26.1,  y  antes artículo  433.3  LECrim.,  redactado  por  la Ley  8/2006)  prevé  con  insistencia  la  intervención  de  expertos,  sujeta  desde  luego  a  la  decisión  judicial,  al objeto  de  facilitar  su  exploración  o  declaración  como  medida  de  protección  de  los  mismos  y  también  en interés  del  resto  de  los  intervinientes  en  el  proceso  penal;  por  último,  es  cierto  que  la  legislación,  como hemos visto se refiere concretamente a las diligencias de exploración o declaración, y no expresamente a la prueba pericial psicológica, pero esta será conveniente con mayor razón cuando no se considere necesaria la participación de expertos en el interrogatorio en aquellos casos en que la madurez de la víctima está en fase de desarrollo incipiente, donde no solo se dilucida un problema de credibilidad sino también de influencias ajenas o determinación del entorno, siendo la información pericial más que conveniente necesaria cuando no existen corroboraciones objetivas y solo distintos testimonios de referencia interesados.”

Como conclusión afirma el Tribunal que “esta doctrina excluye por lo tanto por impertinente e innecesaria la prueba pericial psicológica sobre la credibilidad del acusado adulto cuando no existen ni se alegan razones especialísimas que muestren una personalidad patológica, caso en el que no se trata ya de la prueba psicológica interesada sino de un informe psiquiátrico sobre la capacidad de culpabilidad del sujeto y no de su credibilidad.”

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