El Procurador que actúa en un proceso civil en representación de una comunidad autónoma o de un Ayuntamiento ¿puede incluir sus derechos en la tasación de costas que se practique?

El Procurador que actúa en un proceso civil en representación de una comunidad autónoma o de un Ayuntamiento ¿puede incluir sus derechos en la tasación de costas que se practique?

La respuesta a esta cuestión, de sentido negativo, nos las ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en auto de 19 de abril de 2017 nos recuerda su doctrina, que considera plenamente aplicable en el proceso civil, explicando que esta Sala de lo Civil “ya ha determinado con cita del Auto del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012, recurso 4005/2008 (seguido, entre otros, por los de 18 y 20 de julio de 2012, recursos 4317/2008 y 6569/2009, 17 de septiembre de 2012, recurso 1577/2006, y 11 de septiembre de 2012, recurso 2863/2009), que los procuradores que actúan en representación tanto de las Comunidades Autónomas como de los Ayuntamientos no pueden incluir sus derechos en las tasaciones de costas que se practiquen en los recursos en los que intervengan, sin perjuicio de que puedan reclamar de sus clientes la cantidad que estimen procedente.”

Añade la Sala de lo Civil que “de la fundamentación del mencionado auto del Pleno de la Sala Tercera extraemos los siguientes fragmentos: «[…]el artículo 551.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial expresa, en lo que interesa, que: “La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales, cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el servicio jurídico del Estado”. Se extiende ese precepto también a otros supuestos en los que los miembros del Cuerpo de Abogados del Estado representan y defienden “a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y disposiciones de desarrollo. Y contiene también excepciones a ese principio general como ocurre “con las Entidades Gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social que corresponderá a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social”, y las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado, de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes de aquéllas “que corresponderá a los Letrados de las Cortes Generales integrados en las secretarías generales respectivas”.”

Para la Sala “ese mismo artículo 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su apartado 3, dispone que: “La representación y defensa de las Comunidades Autónomas y las de los entes locales corresponderán a los Letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen Abogado colegiado que les represente y defienda”. Y por lo que hace a los Entes Locales y en cuanto a la representación y defensa en juicio de los mismos, a ese precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial se remiten los artículos 54.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 abril 1986, y el artículo 221.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Por su parte la Ley 52/1997 de 27 noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones públicas dedica el artículo 13.1 a las costas, y manifiesta que: “La tasación de las costas en que fuere condenada la parte que actúe en el proceso en contra del Estado, sus organismos públicos, los órganos constitucionales o personas defendidas por el Abogado del Estado, se regirá, en cuanto a sus conceptos e importe, por las normas generales, con inclusión, en su caso, de los correspondientes a las funciones de procuraduría”. Para disponer en su Disposición Adicional Cuarta 2 que el artículo 13.1 “será de aplicación a las Comunidades Autónomas”.”

En palabras de la Sala de lo Civil “de todo ello resulta que, en todo caso, las Comunidades Autónomas para comparecer en juicio no necesitan de Procurador puesto que sus Letrados, como sucede en el caso del Abogado del Estado, asumen la representación y defensa de la Comunidad, y otro tanto sucede con las Corporaciones Locales, ya que aún en el supuesto de que no utilicen sus servicios jurídicos y designen Abogado colegiado, el mismo, según expresa la Ley, asume su representación y defensa.[…]» La doctrina contenida en este auto para el proceso contencioso administrativo, resulta de aplicación al proceso civil. Por ello, los letrados que prestan servicios jurídicos en la administración pública, para comparecer en juicio, no necesitan procurador porque dichos letrados asumen no solo la asistencia jurídica, sino también la representación procesal de la administración correspondiente, tal y como se desprende del art. 551.3 LOPJ (AATS de 10 de junio de 2015, Rec. 1064/2013). En definitiva, debe considerarse que la intervención del procurador en representación del Ayuntamiento de Valencia no es preceptiva ni necesaria y, por lo tanto, su actuación es inútil y superflua al ser fruto de una decisión que solo es imputable a la Administración Local.”

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