¿Qué efectos tiene la falta de consignación de depósito o la consignación extemporánea del depósito para recurrir?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su auto número 59/2018 de 23 de mayo, responde a esta cuestión recordando que “la SSTC n.º 190/2012 de 29 de octubre de 2012 (recurso 8677/2010), recogiendo lo dicho en anteriores sentencias – SSTC 129/2012, 130/2012 y 154/2012 -, establece en relación a la falta de constitución del depósito para recurrir, que: «[…] se trata sin duda de un requisito de inexcusable cumplimiento, sin el cual la parte no tendrá derecho a que el procedimiento impugnatorio se sustancie en todas sus fases y, en todo caso, a que se resuelva en el fondo. En la apelación civil, a tenor de lo establecido en el segundo inciso del apartado 6 de la disposición adicional decimoquinta, el requisito debe formalizarse antes de presentarse el escrito de preparación del recurso, de modo que la parte recurrente deberá aportar con éste, copia del resguardo del depósito ya efectuado en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial correspondiente. La consecuencia de no constituir el depósito será la no admisión a trámite del recurso, según indica el párrafo primero del apartado 7 de dicha disposición adicional. Ahora bien, establecido lo anterior, es claro que la ley no pretende que la exigencia de este depósito acabe erigiéndose en un obstáculo excesivo al ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional (art. 24.1 CE). De modo que obliga al órgano judicial que ha dictado la resolución susceptible de ser impugnada a advertir a las partes de ‘la necesidad de constitución de depósito para recurrir así como la forma de efectuarlo’ (apartado 6, párrafo primero in fine, de la disposición adicional decimoquinta LOPJ). Y antes de decretar la inadmisión a trámite del recurso, se garantiza a la parte recurrente ‘que hubiere incurrido en defecto, omisión o error en la constitución del depósito’ la apertura de un plazo de dos días, añade la norma, ‘para la subsanación del defecto, con aportación en su caso de documentación acreditativa’ (apartado 7, párrafo segundo). Sólo en caso de que la parte incumpla ese requerimiento, precisa la norma, ‘se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso’ (apartado 7, último párrafo, de la disposición adicional decimoquinta LOPJ).”

Añade el alto Tribunal en su auto de 23 de mayo de 2018 que “esta sala se ha pronunciado en supuestos similares al que ahora es objeto de recurso. Así en los recursos de queja 45/2014 y 71/2014, se desestima el recurso y por tanto se confirma el auto que había dictado la Audiencia Provincial por el que acordaba no tener por interpuesto el recurso de casación, en un supuesto en el que la parte recurrente había constituido el depósito fuera del plazo de subsanación que al efecto le fue concedido; en igual sentido se ha pronunciado en el recurso de queja 38/2014, de fecha 16 de septiembre de 2014 y en Recurso de Queja 282/2014 de fecha 11 de marzo de 2015. En el presente caso, la parte ahora recurrente no ha constituido en plazo depósito suficiente para cada uno de los recursos interpuestos, habiendo ingresado solamente 50 € para el recurso de casación, pese a que fue requerida para ello por la Audiencia Provincial de Madrid, y así, reconoce el propio recurrente que en la diligencia de ordenación de 9 de enero de 2018 se otorgó a la parte el plazo de dos días para la subsanación del defecto con el ingreso de 50 € para el recurso extraordinario por infracción procesal y 50 € para el recurso de casación. De lo expuesto debe concluirse que la actuación en el ámbito procesal de la audiencia provincial fue la correcta y ajustada a derecho, toda vez que al sancionar la LOPJ la obligatoriedad de constituir depósito como requisito ineludible para la admisión del recurso, conforme a lo dispuesto en el apartado séptimo de la DA 15.ª LOPJ , se le concede el plazo de dos días a la parte que recurre para solventar la deficiencia detectada, sin que la parte haya constituido el depósito preceptivo para interponer el recurso extraordinario por infracción procesal. En consecuencia, por las razones expuestas, la falta de constitución del depósito para el recurso extraordinario por infracción procesal determina que se dicte auto que ponga fin a la tramitación de dicho recurso, sin que en ningún caso se haya producido una vulneración de la tutela judicial efectiva prevista en el art. 24 CE, toda vez que a la parte recurrente se le ha ofrecido la posibilidad de subsanar la falta de constitución del depósito.”

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