¿Cuál es la doctrina jurisprudencial en torno al procedimiento de error judicial?

¿Cuál es la doctrina jurisprudencial en torno al procedimiento de error judicial?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en sentencia de 6 de septiembre de 2016 nos enseña que sobre “el procedimiento de error judicial  diseñado por el art. 293 LOPJ ha declarado el Tribunal Supremo, en  relación  con  las  características  que  ha  de  reunir  el  error  judicial:  (a),  solo  un  error  craso,  evidente  e injustificado puede dar lugar a la declaración de error judicial; (b) el error judicial, considerado en el artículo 293  LOPJ  como  consecuencia  del  mandato  contenido  en  al  artículo  121  CE,  no  se  configura  como  una tercera instancia ni como un claudicante recurso de casación, por lo que solo cabe su apreciación cuando el correspondiente tribunal haya actuado abiertamente fuera de los cauces legales, y no puede ampararse en el mismo el ataque a conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales; (c) el error judicial es la equivocación manifiesta  y  palmaria  en  la  fijación  de  los  hechos  o  en  la  interpretación  o  aplicación  de  la  Ley;  (d)  el  error judicial es el que deriva de la aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido y ha de dimanar de una resolución injusta o equivocada, viciada de un error craso, patente, indubitado e incontestable, que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas, que rompan la armonía del orden jurídico; (e) no existe error judicial cuando el tribunal mantiene un  criterio  racional  y  explicable  dentro  de  las  normas  de  la  hermenéutica  jurídica,  ni  cuando  se  trate  de interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico; (f) no toda posible  equivocación  es  susceptible  de  calificarse  como  error  judicial;  esta  calificación  ha  de  reservarse  a supuestos  especiales  cualificados  en  los  que  se  advierta  una  desatención  del  juzgador,  por  contradecir  lo evidente o por incurrir en una aplicación del derecho fundada en normas inexistentes, pues el error judicial ha de ser, en definitiva, patente, indubitado e incontestable e, incluso, flagrante; y, (g) no es el desacierto de una resolución judicial lo que se trata de corregir con la declaración de error de aquélla, sino que, mediante la reclamación que se configura en el artículo 292 y se desarrolla en el siguiente artículo 293, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se trata de obtener el resarcimiento de unos daños ocasionados por una resolución  judicial  viciada  por  una  evidente  desatención  del  juzgador  a  datos  de  carácter  indiscutible,  que provocan una resolución absurda que rompe la armonía del orden jurídico (STS, Sala del Artículo 61 LOPJ, de 14 de mayo de 2012, EJ n.º 4/2011).”

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