¿Cómo se determina la jurisdicción competente para conocer de un divorcio cuando existe denuncia por actos de violencia sobre la mujer?

¿Cómo se determina la jurisdicción competente para conocer de un divorcio cuando existe denuncia por actos de violencia sobre la mujer?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su auto de 18 de octubre de 2017 responde a esta cuestión en los siguientes términos: “sobre una cuestión muy similar a la presente se ha pronunciado esta sala en el auto de pleno de 15 de febrero de 2017,  1085/2016, en el que se dispone lo siguiente: «En el presente caso resulta acreditado que al momento de interposición de las demandas civiles, el 2 y 15 de septiembre de 2015, existía una causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Guadalajara por actos de violencia sobre la mujer respecto de las mismas partes a las que afecta el proceso civil, estando imputado D. …, causa penal que fue objeto de sobreseimiento el 17 de febrero de 2016, esto es, en fecha posterior a la interposición de las demandas civiles. El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) determina que una vez fijada la competencia objetiva, territorial y funcional al iniciarse el proceso, no surtirán efecto para modificar la competencia los posteriores cambios de las condiciones fácticas y jurídicas que se produzcan. Consecuencia de ello es que si a la fecha de interposición de la demanda o petición inicial del proceso civil estaba vigente el proceso penal, la competencia corresponde al juzgado de violencia sobre la mujer aunque el procedimiento haya sido objeto de sobreseimiento y archivado al momento de recepción del auto de inhibición.”

Añade la Sala que “tal criterio permite sentar unas bases ciertas y objetivas, siendo plenamente conforme con el principio de la perpetuatio jurisdictionis contemplado en el artículo 411 de la LEC, con el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley que consagra el artículo 24-2 de la Constitución y con el principio de economía procesal, elemento este último esencial en una materia como es el derecho de familia. En consecuencia, la competencia para el conocimiento del asunto le corresponde al Juzgado de Instrucción núm. 2 de Guadalajara, con competencias sobre Violencia sobre la Mujer, al concurrir al momento de interposición de las demandas civiles el supuesto previsto en el apartado 3 del art. 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A la vista de esta doctrina y de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal procede declarar que la competencia corresponde al Juzgado de Instrucción núm. 4 de La Bisbal d’Empordà quien indebidamente rechazó su competencia por dos veces, la primera de ellas cuando aún tenía un procedimiento penal abierto entre las partes, como así reconoció en el segundo de los autos por el que se declaró incompetente.”

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