Si la administración nos da un plazo erróneo (más amplio) para reclamar que el legalmente previsto ¿puede decir después que hemos reclamado fuera de plazo?

Si la administración nos da un plazo erróneo (más amplio) para reclamar que el legalmente previsto ¿puede decir después que hemos reclamado fuera de plazo?

La respuesta a esta cuestión, de sentido negativo, nos las ofrece la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2016 que responde lo siguiente: “la cuestión que se nos plantea ha sido objeto ya de pronunciamientos reiterados de esta Sala, como pone de relieve la propia sentencia de contraste. Así,  cabe  citar  las  STS/4ª  de  17  marzo  2003  (rcud.  76072002),  17  de  diciembre  de  2004  (rcud. 6005/2003), 17 de septiembre de 2009 (rcud. 4089/2008), 12 de abril de 2011 (rcud. 1111/2010), 7 octubre 2011 (rcud. 530/2011), 28 noviembre 2011 (rcud. 846/2011) y 23 abril 2013 (rcud. 2090/2012).”

Recuerda el alto Tribunal que “invocábamos  en  ellas  el  respeto  al  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  a  la  racionalidad  en  la interpretación de los requisitos de acceso al proceso. Y en la primera de las mismas añadíamos un argumento más contundente, al señalar que “En supuestos como el presente se produce enfrentamiento entre dos principios legales. De una parte la naturaleza de orden público procesal de la caducidad que obliga a apreciarla incluso de oficio. Consecuencia es que los plazos para interponer la demanda se suspenden (no se interrumpen) por las causas marcadas expresamente en la Ley y no por otras diferentes. En sentido contrario operan dos principios. El de la buena fe en el respeto a los actos propios y el de la efectividad de la tutela judicial efectiva.”

Por ello declara la Sala de lo Social que “no puede estimarse que obra de buena fe la Administración que, primero, informa erróneamente de los plazos para ejercitar reclamaciones frente a sus actos y, después, invoca la caducidad frente a quien ejercitó las acciones dentro del plazo que se le había notificado que podía hacerlo, transformando así la garantía que el art. 58 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece a favor del administrado, en una especie de añagaza que le haga caer en el error. No es viable que la Administración pretenda obtener un beneficio a consecuencia de su propia violación de la norma.”

Termina la Sala recordando que “nuestra doctrina es coincidente y respetuosa de la dimanante del Tribunal Constitucional que en las STC 193/1992, 214/2002 y 154/2004 aborda supuestos análogos al que aquí enjuiciamos y da una respuesta acorde con la que luce en la sentencia de contraste. Y, finalmente, tal jurisprudencia ha sido plasmada por el legislador en el vigente art. 69.1 LRJS, en sus párrafos segundo y tercero. Todo ello ha de comportar la necesaria estimación del recurso y, en consecuencia, esta Sala debe casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo el debate suscitado en suplicación, desestimar el motivo del recurso en que se planteaba la cuestión de la caducidad, confirmando en este punto la sentencia de instancia y ordenar la devolución de las actuaciones a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de que proceden para que por la misma se dicte nueva sentencia en la que, acatando lo que aquí se establece sobre la caducidad, resuelva los restantes motivos del recurso.”

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