¿Qué transcendencia tiene la existencia de un proceso penal para la no aplicación de los intereses del artículo 20 LCS a la aseguradora en un proceso civil?

Es interesante esta cuestión que acaba de ser analizada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia número 200/2019 de 28 de marzo en la que se declara que “esta Sala ha declarado en sentencia 787/2011 de 26 de mayo: La citada doctrina, que en síntesis permite solo a la aseguradora retrasarse fundadamente en el pago si desconoce su obligación por no estar fijada la causa de la misma – esto es, únicamente cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro (entre otras, SSTS de 12 de marzo de 2001, 9 de marzo de 2006, 11 de diciembre de 2006, 7de febrero de 2007, 11 de junio de 2007 y 13 de junio de 2007)-, explica que este Tribunal, en supuestos de incendio, venga manteniendo que la pendencia de causa penal por indicios racionales de criminalidad en su causación que podrían desembocar en la condena del asegurado o de alguna persona relacionada con el mismo por delito, determinando entonces la exoneración de la aseguradora conforme al párrafo segundo del art. 48 LCS, puede constituir causa justificada para que el asegurador no indemnice el importe del daño, si bien tal justificación desaparece en cuanto el proceso penal termine por sentencia absolutoria firme o auto de sobreseimiento, e incluso cuando contra este último se interpongan recursos infundados con el exclusivo propósito de prolongar artificialmente la pendencia del proceso penal (STS de 18 de octubre de 2007, RC3855/2000, con cita de las SSTS de 28 de noviembre de 2003, RC 215/98, 20 de mayo de 2004, RC 1479/98 ,9 de marzo de 2006, RC 4019/00 , 9 de marzo de 2006, RC 2910/00, 10 de mayo de 2006, RC 3097/99 y 11de diciembre de 2006, RC 1257/00) .En conclusión, dada la incertidumbre razonable sobre la vigencia de la póliza y la concurrencia de informes médicos alterados que provocaron la condena penal referida, concurre «causa justificada» de la aseguradora para demorar el pago (art. 20 de la LCS).

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