¿Qué tipos de delitos permiten al donante revocar una donación? ¿Entran los societarios?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia número 577/2019 de 5 de noviembre examinando un supuesto en el que se discutía sobre la validez o no de la revocación de una donación, declara que “en el presente litigio, se invoca como causa de revocación de las donaciones la recogida en el art. 648.2.º CC, que permite al donante revocar una donación por causa de ingratitud en el caso de que «el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe; a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad.” Es  decir,  el  legislador  permite  al  donante  revocar  una  donación  cuando  el  donatario  le  imputa  un  delito perseguible  de  oficio  porque,  como  argumentó  García  Goyena  en  la  explicación  de  la  regla,  cuando  nos encontramos ante «delitos, cuya persecución debe instaurarse por el ministerio público, y puede serlo por acción popular, no está bien al donatario perseguir, sino más bien compadecer a su bienhechor»; y, aun en ese caso, la imputación de un delito al donatario no es causa de revocación por ingratitud si el delito se ha cometido contra el propio donatario porque, como decía el mismo García Goyena «el derecho de vindicarse a sí mismo, o a las personas, cuya defensa le está encomendada por la ley, es anterior y preferente a todo otro derecho.”

Declara el alto Tribunal que “en el caso que da lugar a este recurso, y a la vista de los hechos probados en la instancia, no cabe apreciarla causa de revocación prevista en el art. 648.2.º CC. Los delitos por los que el donatario presentó denuncia contra los donantes requieren la presentación de denuncia de la persona agraviada o de su representante legal; el ministerio fiscal solo puede denunciar cuando la persona agraviada «sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida», para proteger su interés ( art. 296.1 CP); únicamente deja de ser precisa la denuncia del agraviado «cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas» ( art.296.1 CP), lo que no se ha planteado en el caso. No  nos  encontramos,  por  tanto,  ante  un  delito  perseguible  de  oficio.  Con  independencia,  como  apuntala sentencia recurrida, de que los delitos societarios denunciados contra los donantes podrían afectar al patrimonio del donatario denunciante. Con independencia, también, de que en la vía penal se confirmara el sobreseimiento libre frente a los hijos denunciados en atención a la imposibilidad de ejercer acción penal por los delitos patrimoniales contra los parientes a que se refiere el art. 103.2 LECrim.”

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