¿Qué se entiende por ludopatía a efectos de atenuación de la responsabilidad penal?

¿Qué se entiende por ludopatía a efectos de atenuación de la responsabilidad penal?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de febrero de 2017 recuerda “en relación a la ludopatía, como enfermedad mental, se ha referido la Sala en varias ocasiones. Retenemos al respecto la argumentación de la STS 932/2013 de 4 de Diciembre: “….La ludopatía es considerada por la jurisprudencia de esta Sala como una “entidad nosológica que se presenta dentro de una conducta más general de incapacidad para controlar los impulsos, que naturalmente no afecta al discernimiento, sino a la voluntad del individuo” –SSTS de 29 de Abril 1991; 21 de Septiembre 1993 y 18 de Febrero 1994 –. En definitiva se trata de una situación en la que el sujeto no puede resistir la tentación de jugar, lo que implica una dependencia psicológica constituida por su impulso más o menos irresistible. Dicho en la moderna terminología del Código Penal, se estaría vía art. 20-1º del Código Penal en una situación de total alteración psíquica que le impediría al sujeto afectado a actuar conforme a la comprensión –que conoce– de la ilicitud de su acción. Por eso, y como también tiene declarado la jurisprudencia de esta Sala –SSTS 462/2002; 1948/2009 o 262/2001 –, la compulsión del ludópata actúa en el momento  en que la oportunidad del juego se le presenta y domina su voluntad en torno al acto concreto de jugar, su relevancia afectará a la valoración de las mismas temporal e inmediatamente dirigidas a satisfacer tal compulsión  en el ámbito lúdico, mientras que en otros actos más lejanos  obrará solo como impulso organizado para lograr el futuro placer del juego, impulso que es en ese estadio, racional y dominable, o al menos no irrefrenable.”

Para el alto Tribunal “en general se estima que el trastorno ludópata afecta a la capacidad de culpabilidad por afectar a la imputabilidad, bien anulándole, disminuyéndole gravemente o de forma más leve, de acuerdo con la graduación del trastorno que puede ser eximente completa, eximente incompleta o atenuante ordinaria. Por otra parte, para la aplicación de cualquier expediente ya de irresponsabilidad o de atenuación de la misma, hace falta no solo la realidad del padecimiento del trastorno o alteración psíquica, sino que además es preciso que la misma haya tenido relevancia en la ejecución del hecho analizado, es decir junto con el diagnóstico médico, debe acreditarse la incidencia del trastorno en el hecho, esto es que exista una adecuada relación de causalidad y de dependencia entre el trastorno y su incidencia en el hecho analizado. Dicho más claramente, la ejecución del mismo debe ser consecuencia del trastorno por ello debe tratarse de una delincuencia funcional, esto es provocada por la necesidad del sujeto de proveerse de dinero para satisfacer su ludopatía. Se trata de la misma estructura que la existente en el drogodependiente  que comete delito para satisfacer su adicción a las drogas.”

Se añade por la Sala de lo Penal que “de ordinario, la respuesta penal de la ludopatía ha sido la de estimar la concurrencia de una atenuante o atenuante analógica, en contadas ocasiones muy cualificada –SSTS 2084/1993 de 21 de Septiembre; 2856/1993 de 14 de Diciembre; 249/1997 de 26 de Febrero; 972/1998 de 27 de Julio; 1597/1999 de 15 de Noviembre; 262/2001 de 23 de Febrero; 1842/2002 de 12 de Noviembre o 535/2006 de 3 de Mayo –. En general, la jurisprudencia de esta Sala suele ser muy restrictiva  en la apreciación de esta neurosis de ludopatía, que  viene  exigiendo  una  acreditación  cumplida  para  la  aplicación  de  la  atenuante  y   asimismo  se  exige  su conexión con el delito objeto de enjuiciamiento, dada su naturaleza de factor criminógeno que genera una delincuencia funcional  ….”. En este control casacional, a la vista de la argumentación de la Sala y del resultado de la pericial que se cita, se concluye en el mismo sentido que el Tribunal de instancia. Ni  hubo  error  en la valoración de la prueba por parte del Tribunal al no apreciar la eximente incompleta interesada, ni por tanto tal rechazo no supuso ninguna quiebra  de los derechos y garantías constitucionales que se dicen vulnerados.”

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