¿Puede el administrador de dos empresas realizar una autocontratación, como representante orgánico de las mismas, y vincular a las sociedades con la emisión de un pagaré derivada de aquella autocontratación?

¿Puede el administrador de dos empresas realizar una autocontratación, como representante orgánico de las mismas, y vincular a las sociedades con la emisión de un pagaré derivada de aquella autocontratación?

La sentencia de 25 de noviembre de 2016, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, explica respecto a la licitud de la autocontratación que “esta  Sala,  en  su  sentencia  núm.  25/2012,  de  10  de febrero, tiene declarado lo siguiente. «[…] 21. Nuestro sistema, aunque admite la llamada autoentrada y el autocontrato -en este sentido, entre otras muchas, la sentencia 1133/2001, de 29 de noviembre , afirma que «[e]l autocontrato o negocio jurídico del  representante  consigo  mismo  es  válido»-,  ante  el  eventual  conflicto  de  intereses  entre  el  representado y quien actúa en su doble condición de representante y parte en el contrato, desconfía de que este quiera enriquecerse en detrimento de aquel, y de ahí las restricciones que impone el primer apartado del artículo 267 del Código de Comercio – «[n]ningún comisionista comprará para sí ni para otro lo que se le haya mandado vender, ni venderá lo que se le haya encargado comprar, sin licencia del comitente»- y el 1459 del Código Civil – «[n]o podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia: (…) 2° Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen».”

Añade el alto Tribunal que “esta  desconfianza,  lógicamente,  se  acentúa  en  los  supuestos  en  los  que  el  autocontrato  se suscribe entre la sociedad y quienes, por integrar el órgano de representación y relaciones de la misma con el exterior, son considerados representantes orgánicos de la misma, dado que cuando actúan no intervienen como  «representantes»  sometidos  a  los  límites  del  apoderamiento,  a  tenor  del  artículo  1714  del  Código Civil,  según  el  cual  «[e]l  mandatario  no  puede  traspasar  los  límites  del  mandato»  -en  este  sentido  la sentencia 51/2000, de 27 de enero, reiterada por la 505/2009, de 30 de junio, afirma que «las facultades concedidas  a  los  mandatarios  para  realizar  negocios  jurídicos  por  cuenta  de  la  mandante  tienen  su  origen en  la  conforme  declaración  de  voluntad  que  proviene  del  mismo»-,  sino  como  «órganos»  de  la  sociedad sujetos exclusivamente a los límites de la función, al disponer el artículo 63.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada que «[1]a sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social».”

Con cita en anterior sentencia de 28 de junio de 2004 la Sala, “con referencia al paralelo artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas, precisa que la norma contiene «un régimen especial aplicable a lo que constituye una representación orgánica (distinta de la legal y la voluntaria, por ser la misma sociedad la que ejecuta  los  actos  mediante  un  órgano  con  competencia  para  ello)  cuyo  ámbito  se  fija  legalmente  como  un mínimo eficaz frente a terceros»; y la 432/2010, de 29 de julio, que «el artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas  de  1989  -hoy  234  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  -,  que  atribuye  a  los  administradores societarios el poder inderogable de vincular a la sociedad con terceros, con independencia de que su actuación se desarrolle dentro de la actividad fijada como objeto estatutario inscrito en el Registro Mercantil o fuera de ella».”

Por ello declara la Sala de lo Civil que “con independencia de la clara improcedencia de la aplicación de la figura del ejercicio antisocial del  derecho  (artículo  7.2  del  Código  Civil),  tal  y  como  denuncia  la  recurrente,  la  aplicación  de  la  doctrina jurisprudencial  expuesta  al  caso  objeto  de  enjuiciamiento,  conduce  a  la  conclusión  de  que  la  condición  de administrador  de  don Manuel  de  las  dos  empresas  no  representa  un  óbice  para  la  plena  validez  de  la autocontratación realizada y, con ella, para la plena vinculación de las sociedades con relación con la emisión del pagaré efectuada. De forma que tampoco supone un obstáculo para apreciar que dicha emisión del pagaré, a los efectos previstos del artículo 1935 del Código Civil, pueda ser considerada como renuncia tácita a la prescripción ganada de la acción. Máxime, y a mayor abundamiento, si de los antecedentes acreditados en la instancia, particularmente de la falta de documentación del contrato y de la acreditación de la existencia de la deuda, también se infiere que la emisión de los referidos pagarés respondió a una mera instrumentalización de la forma de pago del préstamo, debiéndose estar, por tanto, a la fecha del vencimiento de los respectivos efectos cambiarios. En todo caso, la sociedad obligada al pago como librada tuvo a su alcance el ejercicio pertinente de las acciones sociales de responsabilidad contra el administrador por los perjuicios derivados de su actuación, sin que dicho ejercicio pueda afectar a la validez de la operación realizada por el administrador en su esfera de representación orgánica de la sociedad.

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