¿Cuál es el plazo máximo para interponer una demanda de revisión de una sentencia firme?

El plazo máximo para inteponer demanda de revisión de sentencia firme, se determina, según nos enseña la sentencia número 34/2018, de 24 de enero de 2018, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo partiendo de que “el proceso de revisión de sentencias firmes siempre ha tenido carácter subsidiario, lo que se acentúa por la finalidad rescisoria de la acción impugnativa. Sin perjuicio de que esta sala ha admitido con carácter excepcional que la demanda de revisión pueda dirigirse frente a autos (auto de 19 diciembre 2107, en recurso 19/2017), además de frente a sentencias firmes como textualmente refiere el artículo 509 LEC, y con carácter previo a cualquier consideración sobre el fondo de la cuestión planteada, es necesario examinar si la demanda ha sido interpuesta dentro de los plazos establecidos por el artículo 512 LEC, cuyo cumplimiento ha de ser exigido rigurosamente.”

Añade la Sala que “dicha norma establece un doble plazo temporal, ya que en ningún caso puede solicitarse la revisión de una resolución judicial si han transcurrido ya cinco años desde que se publicó la misma; e incluso, dentro de ese plazo de cinco años, se ha de cumplir otro en tanto que tampoco se podrá solicitar la revisión si han transcurrido ya tres meses desde el día en que se descubrieron los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiere reconocido o declarado la falsedad. Esta sala, en su referido auto de fecha 19 de diciembre de 2017 hace suyas las palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional (Sec.1.ª) de 20 de octubre de 1987 (rec. 599/1986) en el sentido de que «si bien deben repudiarse los formalismos enervantes, no puede dejarse al arbitrio de las partes el cumplimiento de los requisitos procesales ni la disposición del tiempo en que éstos han de cumplirse, apreciación ésta extensible al mismo ejercicio de las acciones […] no puede dejarse en manos del presunto defraudado el plazo preclusivo, atendiendo a la fecha que aduzca o a aquélla en que inicie un acto procesal».”

La aplicación de dicha doctrina al caso examinado por la Sala de lo Civil lleva al alto Tribunal a declarar que “en el caso presente, cuando la parte demandante plantea la nulidad de actuaciones ante el Juzgado de Primera Instancia N.° 3 de Hospitalet de Llobregat – solicitud que no fue admitida a trámite mediante auto de fecha 30 de junio de 2016 – ya ponía de manifiesto que tenía conocimiento de la denunciada falta de legitimación de la entidad que había promovido la ejecución hipotecaria, considerando que ello constituía una maquinación fraudulenta en perjuicio de sus propios derechos. En definitiva, aun aceptando que la vía elegida prolongaba el plazo de interposición de la posible demanda de revisión hasta que se adoptara la decisión oportuna, el Juzgado rechazó dicha petición mediante el ya citado auto de 30 de junio de 2016, por lo que resulta claro que cuando se presenta la demanda de revisión -12 de diciembre de 2016- ya había transcurrido el plazo de tres meses establecido en el artículo 512 LEC, sin que afecte a ello la presentación de ciertos documentos por quien no fue demandante de revisión -D….  – que en modo alguno acreditan que el cómputo del citado plazo de tres meses debiera iniciarse en un momento posterior.”

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