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¿Está legitimado el Ministerio Fiscal para formular pretensión civil indemnizatoria si el perjudicado no se ha personado en el proceso penal?

La respuesta es de signo positivo. Así lo declara la Sala de lo Penal en su reciente sentencia número 163/2019 de 26 de marzo que recordando anterior resolución STS 1126/2006 de 15 noviembre de 2006,  señala que “una cosa es que la ausencia de personación del perjudicado en la causa penal no suponga que renuncia a la indemnización e, incluso, que la renuncia se haya de efectuar de forma expresa y terminante, como establece el artículo 110 del texto legal, y otra bien distinta y determinante que, en cualquier caso, deba existir siempre una pretensión formulada por perjudicado o Fiscal, para poder ofrecer al Tribunal la posibilidad de pronunciarse.”

Añade el alto Tribunal que “señala, también, esta Sala del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, STS 252/2017 de 6 de abril de 2017 que olvida que, si bien aquellos principios imponen no dar más de lo que ha sido pedido, en este caso se reconoce que no se dio más de lo pedido por el Ministerio Fiscal. De ahí que la cuestión a debatir sea la de la legitimación del Ministerio Fiscal para formular tal pretensión indemnizatoria. Al respecto debemos señalar que el artículo108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga al Ministerio Fiscal a entablar, juntamente con la penal, la acción civil y ello con independencia de que «haya o no en el proceso acusador particular». La única excepción prevista es la de que el «ofendido renunciare EXPRESAMENTE su derecho». Es evidente que el mayor o menor acierto de ese ofendido actuando en el proceso, no supone renuncia expresa a ser indemnizado en ninguna medida. Ni en la cuantía ni en las personas que deban indemnizarle. Por lo que no podemos compartir la tesis aventurada por la recurrente en el sentido de que las acusaciones particulares al ejercitar la acción y dirigirla solamente contra «ADECUA» han renunciado a exigir responsabilidades a «SALM SAS». Menos en el caso de la acusación de las empresas contratistas, respecto de las cuales la recurrente admite que cambiaron de parecer y en las conclusiones definitivas decidieron formular una petición de responsabilidad civil contra «SALM». No cabe admitir que se vulnera el derecho de defensa al incluir a esos ofendidos entre los que deben ser indemnizados.”

Para la Sala “ejercitada la acción civil por el Ministerio Fiscal ninguna otra defensa sería concebible por el mero hecho de que el número de los que formulan esa misma petición sea mayor». Hay que recordar que el Artículo 108 LECRIM señala que: «La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente su derecho de restitución, reparación o indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables. Y el artículo 112 LECRIM señala que: Ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar. Recordemos, como señala la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo 1125/2011 de 2 Nov. 2011, Rec.972/2011 que «la acción civil es contingente tanto en un sentido sustancial como procesal. Substancialmente porque,  como  es  sabido,  no  todos  los  ilícitos  penales  producen  un  perjuicio  evaluable  económicamente a  persona  o  personas  determinadas.  Procesalmente,  porque  el  ejercicio  de  la  acción  civil  en  el  proceso penal  puede  resultar  exceptuado  bien  por  la  renuncia  de  su  titular,  bien  por  la  reserva  de  las  acciones correspondientes para ejercitarlas ante la jurisdicción civil. Pero es solo la renuncia del perjudicado la que extingue la acción civil, que, desde ese momento, no podían ya ser ejercidas en su nombre por el Ministerio Fiscal ( STS 13/2009 de 20-1 ).Y, como incide la sentencia antes citada, la renuncia al ejercicio de la acción civil en el proceso penal debe observar las exigencias marcadas por la Ley Procesal penal, en concreto por el art. 108 , que requiere que el ofendido renuncie «expresamente» a su derecho de restitución, reparación o indemnización, insistiendo en el art. 110 en que es menester de este derecho se haga en su caso de una manera «expresa y terminante», lo que no acontece en el presente caso por una mera referencia al concepto concreto que reclama. Con ello, la renuncia debe ser expresa, no suponiendo tal la reclamación de un concepto concreto como el que postula el Ayuntamiento antes citado del pago del precio pagado por los terrenos. Y ante ello, nada impide  desde  luego,  si  esa  fuera  la  voluntad  del  Ayuntamiento,  que  la  renuncia  se  manifieste  expresa  y terminantemente en ejecución de sentencia por quien estuviera legitimado para ello”

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