Listado de la categoría: contencioso-administrativo

¿En qué casos se puede solicitar al estado indemnización tras la adquisición de buena fe de un bien histórico recuperado por el Estado español?

La respuesta a esta interesante cuestión nos las ofrece la sentencia de 21 de julio de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que indica que la recurrente “afirma que es una sociedad legalmente constituida en Bélgica como prestigiosa firma de anticuarios especializada en tapices. Y considera que ha sufrido una importante pérdida patrimonial como consecuencia de la entrega a las autoridades españolas del identificado como «Tapiz de San Vicente» que se había robado en la iglesia de Roda de Isábena (Huesca).

Justifica su pretensión indemnizatoria en que fue un adquirente de buena fe. Y afirma que ésta figura está  protegida  en  numerosas  normas  tales  como:  La  Convención  de  la  UNESCO  de  14  de  noviembre  de 1970, sobre las medidas para prohibir e impedir la importación, exportación y trasferencias ilícitas de bienes culturales; la Convención de Unidrot sobre bienes culturales robados o ilícitamente exportados, firmada en Roma el 24 de junio de 1995; la Directiva 93/7/CEE relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un estado miembro; la Ley 36/1994, de incorporación de la Directiva 93/7/CEE al derecho español; la Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985.

El  recurrente  entiende  que  como  fue  un  adquirente  de  buena  fe  tiene  por  ello  derecho  a  una indemnización equitativa por la recuperación del bien por parte del Estado español. Afirma que tiene derecho a  obtener  una  indemnización  equitativa  como  adquirente  de  buena  fe  que  se  ha  visto  perjudicado  en  su patrimonio por la acción recuperatoria coactiva de un bien que formaba parte del Patrimonio cultural del Estado español. Insiste en que es adquirente de buena fe de la galería milanesa y que, además, empleo una diligencia mayor dela debida realizando varios estudios con profesionales internacionales especializados en tapices para conocer el origen de la pieza y que en ninguno de ellos se concluyó que pudiera tener relación con el tapiz de Roda de Isábena sino con unos tapices de la Catedral de Berna. Además, la pieza fue anunciada, vendida y subastada públicamente por lo en ningún caso formaba parte de los mercados clandestinos. Y, en ningún caso, tuvo posibilidad de haber descubierto el origen ilícito del tapiz.

Y la cuantía de la indemnización que reclama es el valor de compra de la pieza en este caso por un galerista americano por importe de 275.000 euros.”

Explica el Tribunal que “centrado el objeto de debate no se niega por ninguna de las partes que el tapiz recuperado por el Estado español era el tapiz de San Vicente que estaba en la Iglesia de Roda de Isábena y que se había robado por el conocido como Horacio en el año 1979. Tampoco se discute que el tapiz de San Vicente era un bien histórico del patrimonio del Estado español y que, por tanto, era un objeto fuera de comercio. Tal  como  refiere  la  recurrente  en  su  escrito  de  demanda  la  reclamación  de  la  indemnización  está formulada al amparo de lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985 que dispone que: «Cuando el titular acreditase la pérdida o sustracción previa del bien ilegalmente exportado, podrá solicitar su cesión del Estado, obligándose a abonar el importe de los gastos derivados de su recuperación y, en su caso, el reembolso del precio que hubiere satisfecho el Estado al adquirente de buena fe. Se presumirá la pérdida o sustracción del bien ilegalmente exportado cuando el anterior titular fuera una entidad de derecho público.”

Concluye la Sala que “la situación de la mercantil recurrente no encaja en el supuesto recogido en el precepto antes referido. En  este  caso  el  único  titular  del  tapiz  de  San  Vicente  era  el  Estado  español  a  quien  se  le  había  sustraído de  su  patrimonio  mediante  el  robo  por  lo  que  es  el  único  perjudicado  y  posteriormente  el  único  interesado en su recuperación. La mercantil recurrente apoya su pretensión afirmando que era ella la única titular del tapiz porque lo había adquirido de buena fe en una subasta pública ignorando que pudiera estarse ante la venta de un tapiz que se había robado en la iglesia de Isábena. En el caso hipotético de que pudiera admitirse que efectivamente pudiera estarse ante una adquisición de buena fe por parte de la mercantil recurrente lo cierto es que, entonces, el daño que se le hubiera podido ocasionar por habérsele privado posteriormente del bien habría sido, en su caso, la galería de Munich la responsable de los daños causados al poner en pública subasta la venta de un tapiz cuando su titular lo desconocía porque se le había robado. El daño que ahora se reclama se insiste en que, en su caso, podría reclamarse a la galería que puso en venta el citado tapiz pero no al Estado español que siendo el titular del tapiz lo único que hizo fue recuperar un bien que se le había sustraído y que se había puesto a la venta y exportado ilegalmente. El «Tapiz de San Vicente» que había sido robado y que había salido ilegalmente del territorio español vuelve de nuevo a su único titular- era un bien que formaba parte del patrimonio cultural del Estado español-tras un procedimiento administrativo seguido por las autoridades españolas ante las autoridades americanas al estar dicha obra en EEUU.”

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¿Qué requisitos son necesarios para que se conceda el asilo por razones humanitarias?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que en sentencia de 26 de julio de 2016 no enseña que “ tras  la  modificación  del  Reglamento  de  extranjería  realizada  por  el  Real  Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre, la normativa de asilo, tal y como dijimos en las sentencias antes reseñadas, prevé dos posibilidades de examen de la concurrencia de razones humanitarias: <<- una, la recogida en el apartado 3º del art. 31 en relación con el art. 17.2 de la Ley, se refiere a las razones humanitarias relacionadas, vinculadas o conectadas a una situación de riesgo, conflicto, inestabilidad o peligro para los derechos básicos de la persona solicitante en su lugar de procedencia. Aquí se mantiene la tradicional vinculación entre las razones humanitarias y las causas de asilo;

– y otra, la contemplada en el apartado 4º, en que esa vinculación con las causas de asilo ya no es determinante, pues se refiere a cualquier caso en que a la vista de las circunstancias personales del solicitante, se aprecie en el mismo expediente de asilo la existencia de razones de índole humanitaria (concepto jurídico indeterminado que siempre puede adquirir concreción en atención a las circunstancias del caso) que justifiquen el uso de esta posibilidad para dar una solución justa a la vista de las circunstancias vitales de la persona solicitante.”

Añade el alto Tribunal que “es  de  notar  que  aun  cuando,  como  se  ha  insistido,  la  jurisprudencia  generalmente  ha  venido manteniendo  la  vinculación  o  relación  entre  la  autorización  de  permanencia  por  razones  humanitarias  y las  causas  de  asilo,  no  han  faltado  casos  en  que  aun  apuntándose  una  situación  conflictiva  en  el  país  de origen, el factor más referente a la hora de autorizar la permanencia en España ha sido la consideración de circunstancias personales de los solicitantes no necesariamente vinculadas con esas causas de asilo así, STS de 4/11/2005; STS de 18/11/2005; STS de 22/09/2006; STS de 16 de junio de 2008.”

Y explica la Sala que “el cambio normativo en esta materia se consolidó con la nueva Ley de Asilo 12/2009 que ha modificado profundamente  el  régimen  jurídico  de  estas  consideraciones  humanitarias  en  los  expediente  de  asilo.  La nueva  Ley  configura  un  sistema  de  «protección  subsidiaria»  cualitativamente  distinto  de  la  autorización  de permanencia por razones humanitarias del viejo artículo 17.2 de la Ley de Asilo 5/84; pues aun cuando la definición de la protección subsidiaria que da el art. 4 se delimita con parámetros no lejanos a los del artículo 17.2 de la anterior Ley y de la jurisprudencia que lo había aplicado, prevé, finalmente, una última posibilidad, en la línea del art. 31.4 del reglamento de asilo, al señalar en su art. 46.3 que <<por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. Y el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, establece en su artículo 125 que se podrá conceder una autorización por razones de  protección  internacional  a  las  personas  a  las  que  el  Ministro  del  Interior,  a  propuesta  de  la  Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, haya autorizado la permanencia en España conforme a lo previsto en los artículos 37.b ) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como a los extranjeros desplazados en el sentido regulado en la normativa sobre protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Asimismo, se podrá conceder una autorización de residencia temporal en los casos que prevea la norma de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.”

Como conclusión declara el Tribunal que “es por ello que conforme a la normativa vigente, la permanencia por razones humanitarias debe estar fundada en circunstancias excepcionales que han de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca, pero no  necesariamente  vinculadas  con  una  situación  de  riesgo,  conflicto  o  inestabilidad  en  el  país  de  origen, pudiendo estar relacionadas con la situación personal del solicitante de asilo en nuestro país y la degradación o empeoramiento que le supondría su vuelta al país de origen. Ahora bien, también conviene dejar sentado que la petición de permanencia en España por razones humanitarias, en el contexto de una petición de asilo, no puede convertirse en un mecanismo para eludir el cumplimiento de las previsiones en materia de extranjería ni para esquivar de las resoluciones administrativas firmes  dictadas  en  los  procedimientos  de  expulsión,  convirtiéndose  en  un  cauce  alternativo  y  fraudulento para revisar las decisiones adoptadas con relación a extranjeros que ya residían en España y que han sido expulsados de nuestro territorio en aplicación de las normas de extranjería.”

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Las actuaciones penales aunque no terminen con sentencia condenatoria que se sigan o se deban seguir contra quien solicita la nacionalidad española por residencia ¿deben tenerse en cuenta para  valorar  la  actitud  del  solicitante?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la sentencia de 17 de junio de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que nos enseña que “corresponde a quien solicita la nacionalidad justificar positivamente, como  bien  recoge  la  sentencia  impugnada,  su  buena  conducta  cívica,  concepto  jurídico  indeterminado concretado entre otras, en nuestras sentencias de 5 de diciembre de 2011 (casación 2652/10 ), o, de 19 de diciembre de 2011 (casación 759/10).”

Explica la Sala que “concretamente,  en  esta  última  decíamos: no  basta  que  no  exista  constancia  en  los  registros públicos de actividades merecedoras de consecuencias sancionadoras penales o administrativas que «per se» impliquen mala conducta, lo que el art. 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que  su  conducta,  durante  el  tiempo  de  residencia  en  España  y  aun  antes,  ha  sido  conforme  a  las  normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como establece la sentencia del Tribunal Constitucional 114/87.”

Y sobre el concepto «buena conducta cívica» declara el alto Tribunal que este concepto “se integra por la apreciación singular del interés público conforme a unos criterios, preferentemente políticos marcados explícita o implícitamente por el legislador, siendo exigible al sujeto solicitante, a consecuencia del «plus» que contiene el acto de su otorgamiento enmarcable dentro de los «actos favorables al administrado», un comportamiento o conducta que ni siquiera por vía indiciaria pudiera cuestionar el concepto de bondad que el precepto salvaguarda, como exigencia específica determinante de la concesión de la nacionalidad española. Y, desde luego, tener, entre otras, una causa penal abierta por dos delitos dolosos en la fecha en la que se dictó la resolución posteriormente anulada por la sentencia recurrida, es un relevante dato negativo que, por sí mismo, justifica la denegación de la nacionalidad desde la perspectiva del requisito de la buena conducta cívica, máxime ante la ausencia de elementos o datos positivos dotados de la suficiente relevancia y contundencia para soslayarlo. Pero ese indicio bastante, se erige ya en un obstáculo insalvable para apreciar la existencia de una buena conducta cívica, cuando consta que recayó sentencia condenatoria.”

Sobre la concreta cuestión arriba planteada nos enseña la Sala que “la sentencia de este Tribunal de 5 de diciembre de 2011 (casación 2495/10), decía que  las  actuaciones  penales,  con  o  sin  condena,  que  hayan  de  seguirse  contra  quien  solicita la  nacionalidad  española  por  residencia  son  datos  a  tener  en  cuenta,  junto  con  otros  que  puedan resultar  relevantes,  para  valorar  la  actitud  del  solicitante  desde  el  punto  de  vista  del  civismo.  Por eso, la existencia o inexistencia de antecedentes penales no es decisiva: es posible que aun habiendo sido cancelados…., un hecho ilícito sea tan elocuente acerca de la falta de civismo del solicitante que pueda ser utilizado  para  tener  por  no  satisfecho  el  requisito  del  art.  22.4  CC;  y,  viceversa,  cabe  que  determinados antecedentes penales todavía no cancelados resulten…..insuficientes para formular un juicio negativo sobre el  civismo  del  solicitante.  Así  pues,  ha  de  estarse  a  una  valoración  racional  y  ponderada  de  todos  los antecedentes,  referencias  y  circunstancias  que  jalonan  la  vida  en  sociedad  del  solicitante,  y  mediante  el análisis de su concreta peripecia vital, determinar si reúne la cualidad de buena conducta cívica legalmente impuesta. Y, en Sentencia de 17 de marzo de 2009 (casación 8559/04), en esta misma línea, se recuerda que las actuaciones penales, con o sin condena, que hayan podido seguirse contra quien solicita la nacionalidad española por residencia son datos a tener en cuenta, junto con otros que puedan resultar relevantes, para valorar la actitud del solicitante desde el punto de vista del civismo. De aquí que la Administración deba tener en cuenta todas las circunstancias que concurran en cada caso, haciendo una razonable valoración de conjunto de las mismas.”

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