Listado de la categoría: contencioso-administrativo

¿Qué limites tiene el denunciante para impugnar judicialmente la decisión del CGPJ de archivar una queja contra la actuación activa o pasiva de un Juez?

Los límites los detalla la sentencia de 3 de febrero de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que comienza su razonamiento recordando que “debemos comenzar recordando la doctrina de la sala que través de una reiterada y consolidada jurisprudencia [entre las sentencias más recientes, la de 2 de diciembre de 2014 (rec. nº 219/2014 ó de fecha 2 de junio de 2014 (rec. nº 307/2013); de 3 de julio y 12 de junio de 2013 (recursos nº 422/2012 y 818/2011, respectivamente)] ha delimitado el alcance de la legitimación de los denunciantes para impugnar judicialmente las decisiones de archivo de sus quejas sobre disfunciones en la actuación de juzgados y tribunales. Según hemos sostenido, el denunciante está legitimado para exigir en vía judicial que los acuerdos de archivo de quejas adoptados por el Consejo General del Poder Judicial estén razonablemente motivados y vayan precedidos de una suficiente comprobación e investigación de los hechos expuestos en las quejas.”
Explica el alto Tribunal que “hemos venido negando legitimación para reclamar que la actividad investigadora iniciada por el Consejo General del Poder Judicial a resultas de sus denuncias necesariamente finalice en la incoación de un procedimiento disciplinario ni en la imposición de una sanción pues hemos considerado que la imposición o no de una sanción al juez o magistrado denunciado no produce efecto positivo alguno en la esfera jurídica del denunciante, ni elimina carga o gravamen alguno de esa esfera (por todas, sentencias de 4 de diciembre de 2013, recurso nº 297/2013, y 12 de octubre de 2012, recurso nº 882/2011). Decíamos en la sentencia de 4 de diciembre de 2013 que: «En relación con dicha cuestión, ha de comenzarse recordando que una consolidada jurisprudencia de esta sala (por todas, las sentencias de 25 de marzo de 2003 y la de 12 de diciembre de 2012) ha afirmado la falta de legitimación del denunciante para intervenir en los procesos contencioso administrativos seguidos contra las decisiones del Consejo General del Poder Judicial que ordenan el archivo de las quejas presentadas y la no incoación de procedimiento disciplinario como consecuencia de la valoración jurídica que dicho órgano constitucional efectúa de los hechos denunciados y constatados.”
Añade la Sala que “merece también ser subrayado que el núcleo argumental de esta jurisprudencia parte del dato de que la imposición o no de una sanción al juez denunciado no produce efecto positivo alguno en la esfera jurídica del denunciante, ni elimina carga o gravamen alguno de esa esfera. Tras lo anterior, conviene asimismo hacer referencia a las ideas con las que ha sido desarrollado ese básico núcleo argumental. Son las siguientes:
1) La existencia de la legitimación viene ligada a la de un interés legítimo de la parte a cuya satisfacción sirva el proceso. Y la amplitud con la que la jurisprudencia viene interpretando el artículo 28.1.a) de la Ley, por exigencias del artículo 24.1 CE, y la sustitución del concepto de interés directo por el de interés legítimo, no llegan hasta el extremo de que no se condicione en todo caso la legitimación a la existencia de un interés real. Como ha dicho el Tribunal Constitucional (STC 143/87), el interés legítimo al que se refiere el artículo 24.1 CE , y también el artículo 19 de la nueva Ley jurisdiccional 6/1998, equivale a una titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión, y que se materializaría de prosperar ésta.
2) La clave de si existe o no interés legítimo en el proceso de impugnación de una resolución del CGPJ, dictada en expediente abierto en virtud de denuncia de un particular por una hipotética responsabilidad de un juez, debe situarse en el dato de si la imposición o no de una sanción al juez denunciado puede producir un efecto positivo en la esfera jurídica del denunciante, o eliminar una carga o gravamen en esa esfera.
3) El problema de la legitimación tiene un carácter casuístico, lo que no permite una respuesta indiferenciada para todos los casos, y hace que en cada uno de ellos deba realizarse la búsqueda del concreto interés legítimo que pueda servir de soporte a la legitimación, incumbiendo su alegación y prueba a quien se lo arrogue.
4) El haber sido parte en un determinado proceso judicial, no supone necesariamente poseer la específica legitimación que aquí se está analizando.
El procedimiento disciplinario no puede interferir un proceso judicial en curso, por lo que los intereses legitimadores de quien es litigante en dicho proceso, por sí solos, no pueden servir como base de su legitimación para reclamar la imposición de una determinada sanción al juez que, a criterio de dicho litigante, no satisfizo aquel interés del proceso.

5) Tampoco el propósito de ejercitar la pretensión de responsabilidad del Estado, prevista en el artículo 121 CE , puede servir de base a una legitimación para reclamar la imposición de sanción a un juez.
Ni en ese concreto precepto, ni en la ley en general, hay elementos que permitan sostener que la proclamación de una anormalidad del funcionamiento de la Administración de Justicia haya de derivar de una previa corrección disciplinaria impuesta al titular del órgano jurisdiccional al que se imputa aquélla.”

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En el recurso de casación para unificación de doctrina ¿las sentencias de contraste pueden ser posteriores a la que es objeto del recurso?

Nos dice la sentencia de 22 de enero de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que “en este sentido, hemos declarado en Sentencia de 10 abril de 2002 (recurso de casación para la unificación de doctrina nº 146/1996), que las sentencias de contraste no pueden ser posteriores a la que es objeto del recurso, pues no se ajustaría a lo que disponía el artículo 102.a.6 de la entonces vigente LJCA
Con cita de los precedentes de la Sala al respecto, la citada Sentencia de 2002 señala que en » Como ya dicho esta Sala en Sentencia de 18 de febrero de 2002 «(…) es doctrina consolidada de este Tribunal Supremo, (SSTS, entre otras, de 15 de Enero de 1.994, 26 de Enero de 1.995, 25 de Noviembre de 1.996, 10 de Febrero de 1.997 y 20 de Diciembre de 1.999), la de que en el recurso de casación para la unificación de doctrina, al igual que ocurría en el antiguo recurso de revisión por contradicción de resoluciones judiciales, sólo cabe alegar como sentencias que han establecido un criterio contradictorio con el sentado en la sentencia que es objeto de recurso para la unificación de doctrina, aquellas que sean de fecha anterior a esta última, ya que, como dice la sentencia de 10 de Febrero de 1.997, «mal puede incurrir en contradicción la sentencia impugnada con otra u otras posteriores, inexistentes, por tanto, al tiempo de dictarse aquella, y es que en definitiva, dada la finalidad de este recurso de casación, como recurso extraordinario frente a sentencias que se apartan o incurren en contradicción con otras precedentes, es inviable procesalmente dicho recurso cuando se alega como contradictoria una sentencia posterior a la impugnada, dada su improcedencia cuando se pretende con dicho recurso de casación hacer frente a una contradicción sobrevenida, como ha ocurrido en el presente caso, ya que la supuestamente contradictoria es posterior a la impugnada», añadiendo la de 25 de Noviembre de 1.996, también citada, «que (la contradicción) solo puede darse cuando la sentencia recurrida es posterior a la que se alega como contraria a ella», siendo de señalar como esta sentencia resolvía un supuesto en que la sentencia de contraste era posterior a la impugnada en un día. La sentencia de 26 de Enero de 1.995, declara que «la fecha de la sentencia, posterior a la recurrida, le priva de virtualidad para servir de fundamento a la impugnación, al ser incompatible con los fines de unificación de doctrina legal que se persiguen a través del motivo de revisión que se alega»; y la de 20 de Diciembre de 1.999, establece que «estas características singulares, (del recurso de casación para la unificación de doctrina), arrancan de una serie de exigencias legales, preceptuadas en el artículo 102.a), de la Ley Jurisdiccional de 1.956, que pueden sintetizarse de la forma siguiente: … e), La sentencia recurrida ha de ser posterior a la que se alega como contradictoria.”
Añade el alto Tribunal que “también expresamos la misma doctrina en las Sentencias de 10 de mayo de 2002 (recurso de casación para unificación de doctrina nº 3857/2001), 30 de mayo de 2011 (recurso de casación para la unificación de doctrina nº 20/2007), de 12 de julio de 2012 (recurso de casación para la unificación de doctrina nº 208/2010), de 10 de abril de 2015 (recurso de casación para la unificación de doctrina nº 26/2014), entre otras.”

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En el caso de que proceda indemnización por daños y perjuicios por prisión indebida ¿cabría incluir los honorarios de Abogado y Procurador?

La respuesta a esta interesante cuestión nos las da la sentencia de 15 de enero de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que declara “en relación con los honorarios de Abogado y Procurador, la minuta justificativa de los honorarios del Abogado que ha sido aportada solo avalaría su abono en los conceptos singularizados en cuanto a la prisión preventiva que se considera indebida ya que los demás conceptos minutados aparecen vinculados con la existencia del proceso penal y por ello «» habrán de ser resarcidos a través de la institución procesal de la condena en costas, según hemos declarado en sentencia de 27 de abril de 2.005 en supuesto similar, y no pueden ser objeto de compensación por vía de la reclamación fundada en lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .»» (Sentencia TS C-A Sec Sexta 20/09/2006 Recurso Núm.: 4882 / 2002). De esta manera conforme el documento 7 de los anexos a la demanda podrían considerarse vinculados con la prisión 1800 € ya que ninguna de las salidas y estancias fuera del despacho se identifican por fecha y justifican documentalmente de tal manera que puedan llevarse al tiempo de prisión preventiva pero ocurre que la minuta no se ha acompañado de la oportuna factura por lo que no se puede considerar acreditado el daño reclamado ya que el mismo solo deviene de su efectivo pago y se evitan así que existan documentos que se realicen preordenadamente a la finalidad resarcitoria perseguida. En lo que respecta a los suplidos del Procurador ni siquiera hay minuta detallada para llevarlos al ámbito de la prisión preventiva.”

¿Cuándo procede la adopción de una medida cautelarísima de mantenimiento de licencia y reducción de jornada sin afectación de retribuciones?

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en Auto de 23 de diciembre de 2015 estudiaba un supuesto en que en la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que no accedía a su solicitud de prórroga de la reducción de jornada sin afectación de sus retribuciones, se solicitaba como medida cautelarísima el mantenimiento de la licencia y la reducción de jornada del 80% que se me venía reconociendo al recurrente.
Explicaba el alto Tribunal que “las circunstancias que relata, referidas a la grave enfermedad de su hijo (…) a la atención constante y continuada las veinticuatro horas del día que precisa; a la conveniencia de que tal atención siga siendo prestada en el entorno hospitalario en que transformó su hogar; y a la formación que ella, y no su marido, ha recibido a tal fin, deben merecer en este momento procesal el calificativo de circunstancias de especial urgencia requerido en el artículo 135.1.a) de la LJCA, pues de ser acertado el relato que hace aquella, no cabe interrumpir la atención que viene prestando a su hijo durante el tiempo que sería preciso para la tramitación ordinaria de una pieza de medidas cautelares.”
Añade la Sala que “la medida cautelarísima que solicita se presenta como oportuna y como una que no afecta de modo relevante al interés público. De un lado, porque sólo supone el mantenimiento por ahora de la situación administrativa que le fue ya reconocida (..) por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Y, de otro, porque el argumento que invoca el Acuerdo recurrido para denegar la solicitud de mantenimiento de esa situación, que ahora debemos valorar, se refiere sólo a la posibilidad de que el cuidado que precisa el hijo menor sea prestado por el padre; posibilidad que en aquel relato se niega, no sólo por la situación de crisis de la relación conyugal, sino, sobre todo, por la carencia de formación del marido para prestar en el domicilio la atención que requiere el hijo menor.”