Estar enamorado no justifica cometer un delito de acoso.

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http://economia.elpais.com/economia/2017/05/08/mis_derechos/1494231449_320261.html

¿Puede fraccionarse el pago de las costas procesales?

¿Puede fraccionarse el pago de las costas procesales?

La respuesta a esta cuestión, de sentido negativo, nos las ofrece la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que en sentencia de 24 de abril de 2017 declara que “ni la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, prevén la posibilidad de fraccionamiento del pago de las costas procesales. Y es que la función que las leyes procesales atribuyen a Jueces y Tribunales es imponer la condena en costas y aprobar o moderar, en su caso, las tasaciones correspondientes, pero no regular las relaciones ulteriores entre el deudor y el acreedor a salvo, como es lógico, las decisiones que sean necesarias para su exacción por el procedimiento de apremio.”

Añade la Sala que “por otra parte, el artículo 139.4 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dispone que «para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración acreedora utilizará el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario». Por las razones expuestas, esta Sala viene declarando de forma reiterada que no le corresponde, en el seno del procedimiento judicial en el que se ha devengado el crédito, acordar el fraccionamiento de su pago. Así, Autos 10 de marzo de 1997, de 10 de marzo de 1998, 28 de junio de 1999, 18 de noviembre de 2006 y 26 de febrero de 2009 y 7 de diciembre de 2012.”

 

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¿Tiene algún límite la impugnación de una sentencia si no se ha recurrido la misma por el impugnante?

¿Tiene algún límite la impugnación de una sentencia si no se ha recurrido la misma por el impugnante?

La respuesta a esta cuestión, nos las ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en sentencia de 28 de abril de 2017 ha declarado que “la doctrina de esta sala sobre la posibilidad de que el apelado impugne los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia que le sean desfavorables, sin necesidad de que los mismos estén relacionados con los que son objeto de la apelación principal, queda reflejada en las sentencias que se citan a continuación.  La sentencia 865/2009, de 13 de enero de 2010, cuyos argumentos son reiterados en las más recientes sentencias 481/2010, de 25 de noviembre, y 124/2017, de 24 de febrero, explica la naturaleza y finalidad de la nueva regulación de la impugnación en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, que es la aplicable al litigio objeto del recurso y la actualmente vigente. Afirma esta sentencia: «En la EM de la LEC se expone la voluntad del legislador de prescindir del concepto de adhesión, generador de equívocos, y conceder un trámite a quien, no siendo inicialmente apelante, no sólo se opone al recurso de apelación interpuesto por otra de las partes, sino que también decide impugnar la resolución pidiendo su revocación y sustitución por otra que le sea más favorable.”

Se añade que “la finalidad de esta regulación es conciliar, de un lado, la posibilidad de que quien resulta parcialmente perjudicado por la sentencia pueda consentirla, absteniéndose de interponer la apelación, en atención a los aspectos que le resultan favorables y, de otro lado, el pleno ejercicio del derecho de defensa si la contraparte, en definitiva, interpone recurso de apelación». En la sentencia 127/2014, de 6 de marzo, declaramos: «1.- La impugnación de la sentencia a que hace referencia el art. 461.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es una oportunidad que se brinda a quien inicialmente presta conformidad con el gravamen que la sentencia le supone, para que el mismo no se vea agravado por el resultado eventual del recurso que interponga la contraparte. »Presupone que estamos ante sentencias que no estiman plenamente las pretensiones de las partes. Se fomenta el aquietamiento de los litigantes ante sentencias que le sean parcialmente desfavorables, de modo que solo si la parte contraria la recurre y su situación puede agravarse respecto de la que resulta de la sentencia, el litigante que inicialmente no apeló pueda también formular su impugnación.”

Explica la Sala que “son dos los requisitos que se exigen para que sea admisible la impugnación de la sentencia, que resultan de la consideración conjunta de los apartados 1 y 4 del art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El primero consiste en que el impugnante no haya apelado inicialmente la sentencia. La impugnación no puede utilizarse para ampliar los pronunciamientos sobre los que el apelante ha formulado su recurso aprovechando el trámite de oposición al recurso formulado por quien resulta apelado (Sentencia de esta sala núm. 869/2009, de 18 enero de 2010 ). […] »(ii) El segundo requisito es que la impugnación vaya dirigida contra el apelante. Las pretensiones formuladas en el escrito de impugnación no pueden ir dirigidas contra las partes que no hayan apelado. La sentencia núm. 865/2009, de 13 de enero de 2010 , declara sobre este particular que «el artículo 461.4 LEC , al ordenar que del escrito de impugnación se dé traslado únicamente al apelante principal, revela que el escrito de impugnación no puede ir dirigido contra las partes que no han apelado».

Para el Tribunal “de lo anterior se desprende la incorrección de la tesis sostenida en la sentencia de la Audiencia Provincial, cuando apreció que había precluido la posibilidad de impugnar un pronunciamiento de la sentencia de primera instancia porque el demandado no apeló inicialmente los pronunciamientos condenatorios. Por el contrario, solo precluye la posibilidad de impugnar (dejando aparte matizaciones aplicables a las situaciones más complejas de pluralidad de partes) cuando el litigante ha formulado recurso de apelación contra la sentencia que ha estimado parcialmente las pretensiones de una y otra parte, y con motivo del traslado que se le da del recurso de apelación interpuesto por la parte contraria, ese litigante que también apeló inicialmente pretende ampliar, mediante la formulación de una impugnación, los pronunciamientos objeto de su recurso de apelación inicial. Afirma sobre esta cuestión la sentencia 905/2011, de 30 de noviembre: «Lo que la doctrina prohíbe es que la parte aproveche el trámite de impugnación para incorporar al debate aspectos que no combatieron inicialmente en su recurso. Pero si ante una estimación parcial de las pretensiones de una y otra parte, un litigante se aquietó inicialmente y no formuló recurso de apelación, puede aprovechar el trámite de oposición al recurso de apelación formulado por el litigante contrario para impugnar a su vez la sentencia, y tal impugnación puede afectar a pronunciamientos que sean objeto del recurso de apelación principal o a otros pronunciamientos ajenos a tal recurso, con tal de que le sean desfavorables y que la impugnación sea dirigida contra el apelante.”

Recuerda la Sala que “La sentencia 869/2009, de 18 de enero, aborda directamente la cuestión planteada en este recurso, y, como consecuencia de la doctrina sentada por la sala sobre la naturaleza y finalidad de la impugnación, afirma la posibilidad de formular en la impugnación pretensiones divergentes respecto de las que son objeto del recurso de apelación, que es lo que ha hecho el demandado en este litigio. Dice así la sentencia: «La impugnación a que se refiere el artículo 461 es por tanto un instrumento procesal que la Ley pone al alcance de la parte que se aquieta con el fallo de primera instancia que no le resulta totalmente favorable y que es apelado por la contraria, para insertar pretensiones autónomas y eventualmente divergentes de la apelación principal, evitando el riesgo de que a través del recurso se agrave en su contra ese pronunciamiento.”

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¿A quién corresponde abonar los gastos notariales y registrales derivados de un contrato de préstamo hipotecario?

¿A quién corresponde abonar los gastos notariales y registrales derivados de un contrato de préstamo hipotecario?

Por José Manuel Estébanez Izquierdo.

Juez sustituto.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 23/12/2015, afirmaba que, en lo que atañe a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas, -que ha de recordase que es necesaria para la válida constitución de la garantía real, o sea la hipoteca-, tanto el arancel de los Notarios como el de los Registradores de la Propiedad atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho.

Asimismo, añadía el Alto Tribunal que quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo, constituye la garantía real, y adquiere la posibilidad de ejecución especial.

Conforme a  ello,  la Sala Primera entendió que la cláusula relativa a la atribución al prestatario de los gastos de formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas generaba un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor pues no guarda la mínima reciprocidad en el reparto de los gastos que, en definitiva y aplicando los aranceles de estos profesionales, permitiría, cuanto menos, una distribución equitativa, dado que consideraba, por un lado, que el beneficiado por el préstamo era el cliente, pero que la garantía beneficia al prestamista, lo que determinó, junto al hecho de estar tipificada en el propio artículo 89.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que fuese declarada nula.

No obstante lo anterior, la Iltma. Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra matizaba, en su Sentencia Núm. 152/2017, de 28 de marzo, que no compartía exactamente la afirmación de que el otorgamiento del documento público, que genera el arancel por el Notario, fuera del exclusivo interés del prestatario, pues la documentación pública interesa y conviene a ambas partes como concierto de voluntades que contiene: el prestamista se ve protegido en caso de incumplimiento por el prestatario (así, por ejemplo, en lo relativo al pago de las cuotas); y el prestatario se ve protegido en caso de incumplimiento de la entidad de crédito (así, por ejemplo, en lo relativo a los plazos y tipos de interés), además de las exigencias de legalidad e imparcialidad a que se contrae el art. 147 del Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprobó con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado -«El notario redactará el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes, la cual deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico, e informará a aquéllos del valor y alcance de su redacción, de conformidad con el artículo 17 bis de la Ley del Notariado. / Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará incluso en los casos en que se pretenda un otorgamiento según minuta o la elevación a escritura pública de un documento privado. / En el texto del documento, el notario consignará, en su caso, que aquél ha sido redactado conforme a minuta y si le constare, la parte de quien procede ésta y si la misma obedece a condiciones generales de su contratación. /Asimismo, el notario intervendrá las pólizas presentadas por las entidades que se dedican habitualmente a la contratación en masa, siempre que su contenido no vulnere el ordenamiento jurídico y sean conformes a la voluntad de las partes. /Sin mengua de su imparcialidad, el notario insistirá en informar a una de las partes respecto de las cláusulas de las escrituras y de las pólizas propuestas por la otra, comprobará que no contienen condiciones generales declaradas nulas por sentencia firme e inscrita en el Registro de Condiciones generales y prestará asistencia especial al otorgante necesitado de ella. También asesorará con imparcialidad a las partes y velará por el respeto de los derechos básicos de los consumidores y usuarios»-.

¿QUIÉN TIENE INTERÉS EN LA FORMALIZACIÓN DE LA ESCRITURA?

Conviene no perder de vista que, en los préstamos hipotecarios, es práctica muy extendida el que se encargar formalmente la escritura tanto por el comprador personalmente, o a través de la agencia inmobiliaria que le auxilió en la compra del inmueble, e incluso del gestor que le buscó la financiación, como por la propia entidad financiera.

Lo cierto es que la parte compradora y prestataria es quien suele activar el mecanismo notarial, ya que es la parte directamente interesada en la adquisición del inmueble mediante compraventa y para la que, por regla general, el préstamo hipotecario es el único medio de satisfacer todo o parte del precio de la finca.

No obstante, ha de añadirse que la formalización de la escritura de compraventa la solicitan e instan las partes contratantes en la misma escritura, pues son dichas partes quienes presentan en la Notaría los títulos correspondientes, advirtiendo que para el pago del precio se otorgará un préstamo hipotecario que gravará el inmueble adquirido. Además, la garantía hipotecaria se constituye en interés de la entidad de crédito que concede el préstamo.

¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A ABONAR LOS GASTOS NOTARIALES?

El Anexo II del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprobó el Arancel de los Notarios, establece, en su norma sexta, que: «La obligación de pago de los derechos corresponderá a los que hubieren requerido la prestación de funciones o los servicios del Notario y, en su caso, a los interesados según las normas sustantivas y fiscales, y si fueren varios, a todos ellos solidariamente».

De ahí que los gastos de las escrituras notariales se vengan imputando a los obligados fiscalmente al pago del impuesto de ellas derivado, que no son otros que los prestatarios.

Recuérdese que, en lo que se refería a los beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas derivados de la adquisición de la vivienda habitual por el prestatario, conforme al artículo 55.1.3º de la antigua Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se aplicaba la norma general contenida en el artículo 55.1.1º del citado texto legal, según el cual los contribuyentes podían aplicar una deducción por inversión en su vivienda habitual con arreglo a los siguientes requisitos y circunstancias:     con carácter general, podían deducirse el 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya la residencia habitual del contribuyente. La base máxima de esta deducción era de 1.500.000 pesetas anuales y estaba constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena la amortización, los intereses y demás gastos derivados de la misma.

Por ello, la aplicación de la norma reguladora contenida en el Anexo II del citado Real Decreto 1426/1989 determina que los aranceles notariales hayan de ser abonados por los prestatarios, a quienes incumbe la obligación fiscal de abono de los tributos que se deriven de las escrituras de préstamo hipotecario.

¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO AL PAGO LOS GASTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD?

El Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprobó el Arancel de los Registradores de la Propiedad, dispone, en su norma octava, que los derechos del Registrador se pagarán por aquél o aquéllos a cuyo favor se inscriba o anote inmediatamente el derecho.

Aunque se ha llegado a afirmar que la inscripción en el Registro y la gestión que corresponda pudieran ser de cargo de la entidad bancaria que concede el préstamo hipotecario, que ocupa la posición de acreedor hipotecario, lo cierto es que trata de una cuestión compleja, ya que la hipoteca inscrita actúa como una garantía que el comprador ofrece a la entidad de crédito para obtener la financiación necesaria para satisfacer el precio del inmueble.

Y es que la inscripción de la hipoteca resulta imposible si no es el dueño el que intenta procurarla consintiéndola.

Asimismo, resulta difícil que la entidad financiera haga entrega del dinero para el pago del precio si no puede cerciorarse de la inscripción de la garantía a su favor mediante la gestión de todo el proceso de inscripción de compraventa e hipoteca.

Lógicamente, la existencia de la hipoteca favorece al prestatario en cuanto que dicha garantía disminuye el coste de financiación, facilitando unos tipos de interés menores.

Además, la garantía hipotecaria favorece que la dotación de las provisiones por insolvencia a la entidad financiera sea menor. Decía, en relación a la repercusión al prestatario de los gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, la Sentencia dictada, con fecha 23/12/2015, por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo lo siguiente: «la cláusula discutida no solo no permite una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, sino que hace recaer su totalidad sobre el hipotecante, a pesar de que la aplicación de la normativa reglamentaria permitiría una distribución equitativa, pues si bien el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no puede perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista. Lo que conlleva que se trate de una estipulación que ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de una negociación individualizada; y que, además, aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas (art. 89.2 TRLGCU).»; añadiendo que: «En la sentencia 550/2000, de 1 de junio, esta Sala estableció que la repercusión al comprador/consumidor de los gastos de constitución de la hipoteca era una cláusula abusiva y, por tanto, nula”.

La supresión o expulsión de la cláusula contractual que repercuta sobre los prestatarios de los gastos registrales determinará la aplicación de la citada norma octava del Real Decreto 1427/1989 y, por consiguiente, que los pagos de los gastos registrales se abonen por la parte a cuyo favor se inscriba el derecho, esto es, la entidad financiera prestamista.

 

La colaboración de la esposa en actividades profesionales o negocios familiares del esposo en condiciones laborales precarias ¿puede considerarse como trabajo para la casa que da derecho a una compensación del artículo 1438 del Código Civil mediante una interpretación de la expresión «trabajo para la casa»?

La colaboración de la esposa en actividades profesionales o negocios familiares del esposo en condiciones laborales precarias ¿puede considerarse como trabajo para la casa que da derecho a una compensación del artículo 1438 del Código Civil mediante una interpretación de la expresión «trabajo para la casa»?

La respuesta, muy interesante, a esta cuestión, nos las ofrece el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en sentencia de 26 de abril de 2017 declara y aclara que “esta sala debe declarar que la colaboración en actividades profesionales o negocios familiares, en condiciones laborales precarias, como es el caso, puede considerarse como trabajo para la casa que da derecho a una compensación, mediante una interpretación de la expresión «trabajo para la casa» contenida en el art. 1438 CC, dado que con dicho trabajo se atiende principalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio de forma similar al trabajo en el hogar. Con este pronunciamiento, se adapta la jurisprudencia de esta sala, recogida entre otras en sentencias 534/2011 135/2015, al presente supuesto en el que la esposa no solo trabajaba en el hogar sino que además trabajaba en el negocio familiar (del que era titular su suegra) con un salario moderado y contratada como autónoma en el negocio de su suegra, lo que le privaba de indemnización por despido, criterio que ya se anticipaba en sentencia 136/2017, de 28 de febrero que atiende para denegar el derecho a la compensación económica citada a que la realización de un trabajo fuera del hogar se haya realizado “por cuenta ajena.”

 Como conclusión la sentencia del Pleno afirma que “la Audiencia Provincial realiza una valoración razonable al tener en cuenta, a efectos de la compensación que reconoce, tanto los períodos en los que la esposa ha contribuido a las cargas familiares con el trabajo para la casa de forma plena, como aquellos en los que ha trabajado en el negocio familiar y que pondera en atención a que su dedicación durante estos períodos era parcial en atención a las circunstancias concurrentes, cuales eran un trabajo con horario reducido en el negocio familiar, unas cargas domésticas notables y un alta en Seguridad Social como autónoma.”

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En el enjuiciamiento de un delito de estafa procesal con falsedad documental ¿se puede condenar al que no participó materialmente en la falsificación?

En el enjuiciamiento de un delito de estafa procesal con falsedad documental ¿se puede condenar al que no participó materialmente en la falsificación?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en sentencia de 18 de abril de 2017 declara que “la experiencia del foro nos indica que en los casos en que una persona, con pleno dominio del hecho dispone de un documento falso que le favorece y lo utiliza, incurre en el delito como autor, ya que el art. 28 C.P., establece que también son autores los que se valen de un tercero como instrumento para cometer el delito. Es abundantísima la doctrina de esta Sala respecto a la responsabilidad como autor por el delito de falsedad, en tanto dicho delito no se encuentra incluido en los denominados «delitos de propia mano «, por lo que quienes acuerden la falsificación como una parte del plan conjuntamente desarrollado bajo su dominio funcional «son autores aunque no efectúen materialmente la creación o la alteración del documento.”

Añade la Sala que “al no constituir un delito de propia mano no exige la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, de modo que es autor tanto quien falsifica materialmente como quien se aprovecha de la acción con tal que tenga el dominio funcional sobre la falsificación. En nuestro caso fue la acusada quien presentó la demanda de autentificación en el juzgado civil, reconocido por ella misma; también fue la que llevó la resolución judicial sobre el testamento a protocolizar ante el notario, y también la misma fue la que le dijo a su abogado que apremiara a la querellante a abandonar la casa, que la recurrente era la heredera. Si la recurrente niega que lo haya falsificado ella o su hija, es indiferente. Hubo un tercero concertado que les auxilió en el plan defraudatorio. La responsabilidad penal es la misma.”

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¿Se puede incluir en la tasación de costas el IVA de los honorarios del Letrado y de los derechos del Procurador?

¿Se puede incluir en la tasación de costas el IVA de los honorarios del Letrado y de los derechos del Procurador?

La respuesta, de sentido afirmativo, nos las ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su auto de 19 de abril de 2017 que nos recuerda que es “…constante ser constante y reiteradísima la doctrina de esta Sala que considera incluible en la tasación de costas el IVA de los honorarios del Letrado y de los derechos del Procurador (SSTS 12-7-06, 27-4-06 , 30-3-06, 1-4-05, 9-12-04, 24-11-04, 26-11-03, 14-5-03, 8-4-03 y 15-2-03 entre las más recientes).”

Añade la Sala que “esta doctrina ha de seguir aplicándose, pese al respetable criterio opuesto de resoluciones de otras Salas de este Tribunal Supremo o de órganos administrativos sobre la misma cuestión, porque el crédito nacido de la condena en costas a favor de la parte vencedora se traduce en el reintegro de unos gastos que ésta ha tenido que soportar mediante el pago de unos servicios profesionales que devengan el impuesto de que se trata. Por ello, tal vez sea más acertado abordar el problema no tanto desde la perspectiva de una indemnización cuanto desde la de un crédito no muy distinto del que corresponde a quien, tras encargar a un industrial del ramo una obra urgente de reparación, exige luego al causante del desperfecto el reintegro del precio de la obra más el IVA correspondiente abonado por él.[…]» (STS de 20 de septiembre del corriente año (recurso nº 2213/00, y citada, entre otros, por ATS de 15 de diciembre de 2016, Rec. 1966/2003).

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El Procurador que actúa en un proceso civil en representación de una comunidad autónoma o de un Ayuntamiento ¿puede incluir sus derechos en la tasación de costas que se practique?

El Procurador que actúa en un proceso civil en representación de una comunidad autónoma o de un Ayuntamiento ¿puede incluir sus derechos en la tasación de costas que se practique?

La respuesta a esta cuestión, de sentido negativo, nos las ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en auto de 19 de abril de 2017 nos recuerda su doctrina, que considera plenamente aplicable en el proceso civil, explicando que esta Sala de lo Civil “ya ha determinado con cita del Auto del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012, recurso 4005/2008 (seguido, entre otros, por los de 18 y 20 de julio de 2012, recursos 4317/2008 y 6569/2009, 17 de septiembre de 2012, recurso 1577/2006, y 11 de septiembre de 2012, recurso 2863/2009), que los procuradores que actúan en representación tanto de las Comunidades Autónomas como de los Ayuntamientos no pueden incluir sus derechos en las tasaciones de costas que se practiquen en los recursos en los que intervengan, sin perjuicio de que puedan reclamar de sus clientes la cantidad que estimen procedente.”

Añade la Sala de lo Civil que “de la fundamentación del mencionado auto del Pleno de la Sala Tercera extraemos los siguientes fragmentos: «[…]el artículo 551.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial expresa, en lo que interesa, que: «La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales, cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el servicio jurídico del Estado». Se extiende ese precepto también a otros supuestos en los que los miembros del Cuerpo de Abogados del Estado representan y defienden «a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y disposiciones de desarrollo. Y contiene también excepciones a ese principio general como ocurre «con las Entidades Gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social que corresponderá a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social», y las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado, de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes de aquéllas «que corresponderá a los Letrados de las Cortes Generales integrados en las secretarías generales respectivas».”

Para la Sala “ese mismo artículo 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su apartado 3, dispone que: «La representación y defensa de las Comunidades Autónomas y las de los entes locales corresponderán a los Letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen Abogado colegiado que les represente y defienda». Y por lo que hace a los Entes Locales y en cuanto a la representación y defensa en juicio de los mismos, a ese precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial se remiten los artículos 54.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 abril 1986, y el artículo 221.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Por su parte la Ley 52/1997 de 27 noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones públicas dedica el artículo 13.1 a las costas, y manifiesta que: «La tasación de las costas en que fuere condenada la parte que actúe en el proceso en contra del Estado, sus organismos públicos, los órganos constitucionales o personas defendidas por el Abogado del Estado, se regirá, en cuanto a sus conceptos e importe, por las normas generales, con inclusión, en su caso, de los correspondientes a las funciones de procuraduría». Para disponer en su Disposición Adicional Cuarta 2 que el artículo 13.1 «será de aplicación a las Comunidades Autónomas».”

En palabras de la Sala de lo Civil “de todo ello resulta que, en todo caso, las Comunidades Autónomas para comparecer en juicio no necesitan de Procurador puesto que sus Letrados, como sucede en el caso del Abogado del Estado, asumen la representación y defensa de la Comunidad, y otro tanto sucede con las Corporaciones Locales, ya que aún en el supuesto de que no utilicen sus servicios jurídicos y designen Abogado colegiado, el mismo, según expresa la Ley, asume su representación y defensa.[…]» La doctrina contenida en este auto para el proceso contencioso administrativo, resulta de aplicación al proceso civil. Por ello, los letrados que prestan servicios jurídicos en la administración pública, para comparecer en juicio, no necesitan procurador porque dichos letrados asumen no solo la asistencia jurídica, sino también la representación procesal de la administración correspondiente, tal y como se desprende del art. 551.3 LOPJ (AATS de 10 de junio de 2015, Rec. 1064/2013). En definitiva, debe considerarse que la intervención del procurador en representación del Ayuntamiento de Valencia no es preceptiva ni necesaria y, por lo tanto, su actuación es inútil y superflua al ser fruto de una decisión que solo es imputable a la Administración Local.”

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¿Qué Tribunal es territorialmente competente para establecer las medidas sobre guarda, custodia y alimentos de los hijos menores cuando los progenitores residen en distintas ciudades?

¿Qué Tribunal es territorialmente competente para establecer las medidas sobre guarda, custodia y alimentos de los hijos menores cuando los progenitores residen en distintas ciudades?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, en Auto de 19 de abril de 2017 procede a señalar que “debemos recordar que la competencia territorial para conocer de las medidas paterno filiales, sobre guarda y custodia y alimentos de un menor, conforme al art. 769.3 LEC, viene determinada, dado que los progenitores residen en distintos partidos judiciales, a los Juzgados del domicilio de la parte demandada o de la residencia de dicho menor a elección del demandante.”

Añade la Sala que este criterio lo “ha reiterado esta Sala en numerosas resoluciones, entre otras, en AATS de 28 de junio de 2002 (conflicto n.º 1090/01), 24 de octubre de 2002 (conflicto n.º 19/02), 11 de febrero de 2003 (conflicto n.º 27/02), 11 de junio de 2003 (conflicto n.º 14/03), 19 de diciembre de 2003 (conflicto n.º 38/03), 22 de octubre de 2004 (conflicto n.º 60/04), 25 de enero de 2007 (conflicto n.º 172/06 ), 19 de diciembre de 2008 (conflicto n.º 143/08), 21 de septiembre de 2010 (conflicto n.º 327/10), 13 de septiembre de 2011 (conflicto n.º 115/11), 15 de noviembre de 2011 (conflicto n.º 188/2011), 10 de enero de 2012 (conflicto n.º 176/2011), 9 de abril de 2013 (conflicto n.º 174/2013), 18 de marzo de 2015 ( conflicto n.º 30/2015), de 8 de julio de 2015 ( conflicto n.º 100/2015) y de 2 de marzo de 2016 (conflicto n.º 8/2016). Por todo ello, y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, acreditado que las partes residen en partidos judiciales diferentes y que la demandante ha optado por el Juzgado del domicilio de residencia de la menor, esto es Santa Cruz de Tenerife, procede declarar la competencia territorial del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de esta ciudad.”

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¿Se puede vulnerar el derecho a la intimidad si se realiza una pericia sobre un ordenador que es usado por varios miembros de la misma familia?

¿Se puede vulnerar el derecho a la intimidad si se realiza una pericia sobre un ordenador que es usado por varios miembros de la misma familia?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de abril de 2017 señala que “es evidente que la utilización de un ordenador por todos o varios de los miembros de una familia introduce una doble singularidad que merece ser destacada. De una parte, porque, con carácter general, el desafío probatorio que incumbe a la acusación a la hora de probar la autoría de un hecho ligado al empleo de las nuevas tecnologías, exigirá siempre un esfuerzo argumental más depurado e intenso. Desde otra perspectiva, porque la reivindicación de una hipotética vulneración del derecho a la intimidad, en los supuestos de utilización compartida de un ordenador, no podrá prescindir de un hecho tan determinante como, por ejemplo, el uso común de una contraseña de acceso. Y es que, frente a lo que sucede respecto del contenido material de otros derechos, el derecho a la intimidad o, si se quiere, el espacio de exclusión que frente a otros protege el derecho al entorno virtual, es susceptible de ampliación o reducción por el propio titular.”

Afirma la Sala de lo Penal que “quien incorpora fotografías o documentos digitales a un dispositivo de almacenamiento masivo compartido por varios es consciente de que la frontera que define los límites entre lo íntimo y lo susceptible de conocimiento por terceros, se difumina de forma inevitable. Desde luego, son imaginables usos compartidos de dispositivos de esa naturaleza en los que se impongan reglas de autolimitación que salvaguarden el espacio de intimidad de cada uno de los usuarios. Pero nada de esto se apunta en la resolución recurrida. Esta idea cuenta, además, con el respaldo de una jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional. En efecto, en nuestra STS 786/2015, 4 de diciembre , con cita de la STC 173/2011, 7 de noviembre , recordábamos que « …el consentimiento eficaz del sujeto particular permitirá la inmisión en su derecho a la intimidad, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno (SSTC 83/2002, de 22 de abril, FJ 5; 196/2006, de 3 de julio, FJ 5), aunque este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento (STC 159/2009, de 29 de junio, FJ 3). Ahora bien, se vulnerará el derecho a la intimidad personal cuando la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto «aún autorizada, subvierta los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida» (SSTC 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 2; 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 5; 70/2009, de 23 de marzo, FJ 2). En lo relativo a la forma de prestación del consentimiento, hemos manifestado que este no precisa ser expreso, admitiéndose también un consentimiento tácito. Así, en la STC 196/2004, de 15 de noviembre, en que se analizaba si un reconocimiento médico realizado a un trabajador había afectado a su intimidad personal, reconocimos no sólo la eficacia del consentimiento prestado verbalmente, sino además la del derivado de la realización de actos concluyentes que expresen dicha voluntad (FJ 9). También llegamos a esta conclusión en las SSTC 22/1984, de 17 de febrero y 209/2007, de 24 de septiembre, en supuestos referentes al derecho a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE, manifestando en la primera que este consentimiento no necesita ser «expreso» (FJ 3) y en la segunda que, salvo casos excepcionales, la mera falta de oposición a la intromisión domiciliar no podrá entenderse como un consentimiento tácito (FJ 5).”

Concluye al Tribunal afirmando que “la Sala no detecta, por tanto, vulneración de derechos fundamentales que haya teñido de ilicitud alguna de las pruebas que fueron determinantes en la formulación del juicio de autoría. El examen pericial del funcionamiento interno del ordenador -insistimos- no proporcionó a la acusación elemento alguno de signo incriminatorio, toda vez que el acusado se había encargado previamente de extraer el disco duro y hacer así imposible el examen de ningún documento o imagen digital. Tampoco puede derivarse esa reivindicada ilicitud del hecho de que, en el momento de formalizar la denuncia contra ….., su esposa aportara una memoria flash en la que se contenían algunas de las imágenes expresivas de los actos lascivos ejecutados por el acusado sobre su hija. Quien así razona prescinde de dos ideas clave. De un lado, que esas imágenes están protagonizadas por la propia víctima, a la que el recurrente aproxima e introduce su pene entre los labios. Si una imagen queda afectada no es precisamente la del acusado, sino la de …., quien se ve obligada a proporcionar a los agentes una constancia gráfica de las sevicias a las que era sometida por su propio padre. De otra parte, ninguna objeción puede formularse al hecho de que quien aparece reflejado en esas imágenes, las incorpore a una memoria flash con el fin de ofrecer a los investigadores un respaldo probatorio de la realidad de los hechos denunciados.”

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