Listado mensual: marzo, 2015

¿Debe reconocerse a un Policía Nacional el complemento específico por haber sido especialista de la policía científica? y dicho reconocimiento ¿tiene efectos retroactivos?

La respuesta a esta cuestión es, para algunos Tribunales de signo positivo, y para otros de signo negativo, de manera que los agentes de la Policía Nacional que lo soliciten en los partidos judiciales en que los Tribunales lo vienen reconociendo verán reconocido su derecho y por lo tanto el cobro de dicho complemento con una retroactividad de 4 años, y lamentablemente aquellos que los soliciten en los Tribunales que tienen distinta opinión tendrán mayor dificultad para conseguir el reconocimiento del derecho a cobrar dicho complemento.
En la sentencia de 9 de marzo de 2015 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, además de responder a esta cuestión se indican los criterios seguidos por los distintos Tribunales en torno a esta cuestión. Así nos dice la sentencia que “se plantea nuevamente en este proceso la discrepancia que sobre la cuestión que se suscita existe entre diversos Tribunales Superiores de Justicia y el de la Comunidad Autónoma de Madrid sobre el reconocimiento que del complemento específico, componente general, debe de reconocerse a los policías que desempeñan el puesto de trabajo como especialista de la Policía Científica, puesto a desempeñar indistintamente por policías de la primera y segunda categoría. Se pone de manifiesto por parte de las sentencias dictadas por distintos Tribunales Superiores de Justicia que no existe un criterio uniforme sobre la materia; así, en tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otros, como el de La Rioja y el de Andalucía, entre otros, con fundamento en el artículo 4 B, b 1), del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , en el que se desprende que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría, en los importes que se fijan en el Anexo III, de forma que el componente general del complemento específico se separa e independiza del puesto de trabajo que se realiza para ser asignado en función del empleo o categoría del funcionario que lo percibe, esta Sala, como resulta de la sentencia que se aporta por el recurrente y funda su pretensión, en base a la normativa del complemento específico, que se anuda o vincula al puesto de trabajo, su desempeño es el que da lugar al derecho a percibirlo en aplicación al derecho constitucional de igualdad si se desempeñan las mismas funciones, toda vez que las funciones atribuidas a las distintas escalas y categorías del personal con sus correspondientes retribuciones vienen asignadas en función de dichas categorías y no del puesto de trabajo. TERCERO .- En análogo sentido al de esta Sala se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en su sentencia de 29 de abril de 2014 , que examinando el Real Decreto 950/2005 y la naturaleza del complemento específico concluye que: «Queda, pues, claro que es un complemento que retribuye un puesto de trabajo, no una categoría profesional, condición que no se desvirtúa por el hecho de que parte de dicho complemento, la parte que se asigna «complemento general» se fije en el art. 4-II del R.D. 311/1988 con carácter objetivo y en función de las categorías profesionales, circunstancia que verdaderamente desnaturaliza el complemento específico apartándose de la definición legal que acabamos de reproducir, pero que no priva al llamado componente general de su condición de mero componente del complemento específico cuyo abono, repetimos, renumera el puesto de trabajo y, congruentemente, según la doctrina expuesta a quien lo desempeñe. Por tanto, es claro que procede el abono del complemento específico íntegramente».
Mantiene esta misma postura el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en su sentencia de 31 de enero de 2014 en la que se dice «que lo que realmente hay que tener en cuenta es el desempeño del puesto de trabajo que se discute, que es el efectivamente realizado, independientemente de las coincidencias indicadas. El desempeño de las funciones es lo que provoca el nacimiento a la percepción de las retribuciones a dicho puesto asignadas».
Igual sucede en la sentencia dictada el día 10 de febrero de 2014 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada , por el desempeño de funciones de especialista de Policía Científica en la que se reconoce al funcionario que ejerce las funciones de determinado puesto de trabajo, el derecho a percibir las retribuciones complementarias correspondientes al mismo, dada la vinculación de los complementos retributivos al puesto de trabajo por su propia naturaleza y, por lo tanto, basta el desempeño del puesto de trabajo para que nazca el derecho a devengar aquellas retribuciones siempre que se trate de puestos de trabajo dotados con los complementos que se reclaman, por aplicación del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley, proclamado por el artículo 14 de la Constitución Española. CUARTO.- Dando por reproducidos en la presente sentencia los argumentos que se contienen en la que se aporta de la Sala de fecha 20 de mayo de 2013 y toda vez que no se suscita cuestión sobre la realidad de los servicios prestados, procede estimar la pretensión deducida, en sus propios términos, sin que pueda admitirse que no cabe la interposición del recurso contencioso-administrativo al fundarse la resolución recurrida en disposiciones que no han sido impugnadas, toda vez que siempre cabe su impugnación de forma indirecta.”

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CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

¿Debe el Estado asumir el pago del importe de la indemnización fijada a favor de un Policía Nacional por un hecho cometido por un tercero que ha resultado insolvente?

La respuesta a esta relevante cuestión es de signo positivo y así lo declara la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que partiendo de la existencia de una norma en vigor (Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa aprobado por Decreto 2038/1975, de 17 de julio) declara que “nos encontramos en condiciones de afirmar que los daños cuya reparación prevé el art. 180 del R.O.P.G. son todos los que sufra en su persona el funcionario, lo que incluye, lógicamente, no sólo los gastos de curación, sino también todo daño inherente a sus lesiones y secuelas, incluyendo, como no podía ser de otro modo, los daños morales. No basta, pues, entendemos, que al demandante se le abonaran las retribuciones íntegras correspondientes al desempeño de su puesto de trabajo durante el tiempo en el que permaneció de baja, ni que sus gastos de curación fueran sufragados por las correspondientes entidades médicas. Y ello porque si así fuera no se cumpliría el principio de la reparación integral del daño, que debe imperar en el ámbito de la responsabilidad civil. Dicha responsabilidad, según el art. 110 del Código Penal, comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales. Pues bien, de acuerdo con dicho precepto, se cuantificó como importe que debía satisfacer el condenado la suma de 2.400 euros por los días de curación, tratándose de hechos probados recogidos en la sentencia penal que tienen eficacia probatoria en el presente proceso. Dicha cuantía trataba de restablecer al funcionario de manera equitativa de los perjuicios que había sufrido, perjuicios que ya hemos concretado anteriormente y que no son difíciles de imaginar en el supuesto de sufrir una agresión. Así pues, lo que no puede obviarse en el presente supuesto es que al hoy recurrente le unía una relación de servicios con la Administración demandada, y en el desempeño de la misma se causó unas lesiones y unos daños materiales que no tiene el deber jurídico de soportar. Incluso la propia demandada las calificó, en el expediente instruido a tal efecto, como lesiones causadas en acto o con ocasión de servicio. No se trata, por consiguiente, de una suerte de responsabilidad subsidiaria del Estado que no ha participado en el procedimiento penal correspondiente. De lo que se trata, por el contrario, es de que el mismo garantice, de acuerdo con los preceptos que resultan de aplicación ( arts. 179 y 180 del Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa ), todo tipo de daño material y personal que sufran los policías en acto o con ocasión del servicio, cuando no exista dolo, negligencia o impericia del funcionario. Y dicha garantía sólo se puede cumplir si se respeta el principio de indemnidad antes aludido, lo que implica que en el presente caso el Estado asuma el pago del importe de la indemnización que se estableció a favor de su funcionario por un hecho cometido por un tercero que ha resultado insolvente . No olvidemos que por imperativo legal le corresponde al Estado dispensar a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos, y que esta protección sólo será correctamente dispensada si la Administración demandada asume la carga de indemnizar al recurrente por las lesiones y secuelas sufridas. Procede en consecuencia la estimación de la demanda en cuanto a la petición principal contenida en el suplico y relativa a que se reconozca el derecho del demandante al abono por parte de la Administración de la indemnización de…En idéntico sentido, nos hemos pronunciado en la sentencia de fecha 19-4-2007, recurso contencioso-administrativo número 893/2005 , y en sentencia de fecha 22 de noviembre de 2.011 en recurso num. 219/2010 . El principal se verá incrementado con el interés legal devengado desde la fecha de la reclamación en vía administrativa del funcionario hasta su efectivo abono.”
Como conclusión afirma la Sala que “no nos hallamos ante una cuestión de responsabilidad patrimonial sino ante la aplicación concreta de preceptos normativos y del principio de legalidad.”
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