Listado de la categoría: civil

¿Cómo exige el Tribunal Supremo que se solicite y detalle la petición de establecimiento del régimen de guarda y custodia compartida?

La respuesta a esta interesante y novedosa cuestión nos las ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que en sentencia de 16 de febrero de 2015 declara que “no existe ningún dato que permita ratificar las conclusiones a las que llega la sentencia, posiblemente influenciada por una inicial petición de guarda y custodia exclusiva a cargo del padre, y de un sistema que no acaba de aceptarse y que con frecuencia se ignora; un sistema – STS 15 de octubre 2014 – que permite a cualquiera de los padres no solo interesar esta forma de guarda, bajo el principio de contradicción, sino que le exige concretar la forma y contenido de su ejercicio a través de un plan contradictorio ajustado a las necesidades y disponibilidad de las partes implicadas que integre con hechos y pruebas los distintos criterios y la ventajas que va a tener para los hijos (una vez producida la crisis de la pareja), lo que no tiene que ver únicamente con la permanencia o no de los hijos en un domicilio estable, sino con otros aspectos referidos a la toma de decisiones sobre su educación, salud, educación y cuidado; deberes referentes a la guarda y custodia, periodos de convivencia con cada progenitor; relación y comunicación con ellos y régimen de relaciones con sus hermanos, abuelos u otros parientes y personas allegadas, algunas de ellas más próximas al cuidado de los hijos que los propios progenitores; todo ello sobre la base debidamente acreditada de lo que con reiteración ha declarado esta Sala sobre la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los hijos y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores, el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales.”
Concluye la Sala afirmando que “en el caso, y con independencia de que la sentencia recurrida poco diga de todo lo anteriormente expuesto, es lo cierto que ambos progenitores cuentan con capacidad suficiente para atender al hijo de manera adecuada y que la resolución que ahora se recurre impuso un régimen de visitas tan amplio a favor del esposo (el menor pernoctará, dependiendo del mes, no menos de diez noches en el domicilio del padre y este le recogerá del colegio no menos de veinte días de un total de 24 posibles, como recuerda la recurrente) que sorprende que no se adoptara la custodia compartida puesto que el cambio para el menor sería mínimo y sin duda más beneficioso desde la idea, además, de que va a servir para normalizar sus relaciones con la hija de su padre, habida de una nueva relación sentimental.”

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¿Qué Juzgado tiene competencia territorial en una demanda de modificación de medidas definitivas acordadas en divorcio? ¿Es el del Juzgado donde se ubica el domicilio conyugal u otro distinto?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece el auto de 4 de febrero de 2015 dictado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que declara que “bien se aplique el art. 769.1 LEC , puesto que, no existiendo ya domicilio conyugal, ambos litigantes tienen su domicilio en dicha ciudad, bien el art. 775.2 LEC, y en la medida en que una vez recaída sentencia firme de divorcio la modificación de medidas definitivas no se configura en el Capítulo IV del Título I del Libro Cuarto de la LEC como un incidente del juicio de divorcio ni como ejecución de la sentencia que le ponga fin. Es más, una interpretación de las normas sobre competencia ajustada al principio constitucional de tutela judicial efectiva permite descartar inmediatamente en este caso el fuero de Torrijos, pues, aunque un Juzgado de dicha localidad dictara hace ya más de dos años la sentencia de divorcio por encontrarse entonces el domicilio conyugal en la localidad de Méntrida, obligar ahora a los litigantes a pleitear en Torrijos cuando ambos residen en Móstoles carecería por completo de justificación legal y razonable alguna. Este mismo criterio fue seguido por esta Sala en auto de 11 de octubre de 2001, conflicto nº 144/2011.”

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La valoración de la prueba del informe de los servicios psicosociales en derecho de familia ¿debe ser asimilada a la de los peritos?

La respuesta a esta cuestión es de signo positivo y así lo declara la sentencia de 13 de febrero de 2015 dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que afirma que “la valoración de la prueba del informe de los servicios psicosociales debe ser asimilada a la de los peritos, aunque tenga una naturaleza no totalmente equiparada al informe pericial. La STS 660/2011, de 5 octubre, dijo que el juez debe valorar los informes periciales de acuerdo con lo que dispone el art. 348 LEC . De este modo, solo cuando dicha valoración no respete «las reglas de la sana crítica», podrá impugnarse, pero no es aceptable la sustitución de la estimación efectuada por el juez por la realizada por el recurrente (STS 10 de diciembre 2012). El asunto litigioso versa sobre la atribución de la guarda y custodia de un menor a personas distintas de sus progenitores, por las especiales circunstancias que han rodeado la vida y crecimiento del niño, afectado por la muerte de su padre a manos de su madre. En estos casos la pauta de referencia tiene que ser necesariamente el interés prevalente del menor, y ello no significa necesariamente que el tribunal deba aceptar necesariamente el contenido de dichos informes. Son las reglas de la sana crítica aplicadas a dicho informe, en el conjunto de las pruebas aportadas, lo que será determinante para resolver la controversia familiar.”

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¿Qué es el “control de la situación” cuando se estudia la posible culpa exclusiva de la víctima?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la sentencia de 6 de febrero de 2015 dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que nos recuerda que “la jurisprudencia de esta Sala ha precisado la importancia que en orden a la culpabilidad exclusiva de la víctima ha de darse al «control de la situación» que puede corresponderle en cada caso.”
Añade la Sala que “como señala la sentencia núm. 1384/2007, de 20 diciembre, la «competencia de la víctima» es uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de valorar la imputabilidad objetiva del resultado lesivo al agente. Entre las sentencias que niegan la imputación objetiva por apreciar que era la víctima la que tenía el control de la situación se encuentran la núm. 969/2003, de 24 octubre ; 650/2005 de 6 septiembre ; 619/2006 de 7 junio ; 720/2008 de 23 julio ; y 49/2010 de 23 febrero . Este es el caso, ya que la demandante, conocedora de que se trataba de una plataforma elevada y sin barandillas que, además, no estaba destinada a su utilización por el público, accedió a ella voluntariamente; siendo así que desde ese momento, y por el propio riesgo que asumía, debió de adoptar la diligencia necesaria para evitar caer desde la misma, lo que se produjo por una circunstancia ajena a los organizadores e instaladores de la plataforma que sólo a ella resultaba imputable.
Como ya se adelantó, la afirmación de que fue la propia culpa de la víctima la que dio lugar al accidente hace innecesaria cualquier consideración sobre el problema -que inicialmente se plantea en el motivo- acerca de la inversión de la carga de la prueba o la aplicación de la teoría del riesgo.

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En las demandas de reclamación de paternidad ¿qué principio de prueba se exige para su admisión? ¿es suficiente con que en la demanda conste la oferta de practicar determinadas pruebas en el momento procesal oportuno?

La respuesta a ambas cuestiones nos las ofrece el reciente auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2015 que recuerda que “la sentencia de 27 de junio de 1987 puso de relieve los cambios habidos en el ordenamiento español en torno a la admisión de las pruebas de investigación de la paternidad, con una referencia a las diversas etapas de esa evolución, de las cuales la última arranca de la promulgación de la Constitución Española, cuyo artículo 39, apartado 2, dispone que la Ley posibilitará dicha investigación. La mencionada norma se reflejó en el artículo 127 del Código Civil , según el cual, en los juicios sobre filiación, será admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas. Hoy este último precepto aparece contenido en el artículo 767, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”
Añade el alto Tribunal que “el reconocimiento de la libre investigación de la paternidad genera el riesgo de la tramitación de procesos inspirados en propósitos no merecedores de protección jurídica y, con el fin de reducirlo, el artículo 767, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil – como antes había hecho el citado artículo 127, apartado 2, del Código Civil – exige, para admitir a trámite las demandas que contengan este tipo de pretensión, un principio de prueba de los hechos en que se funden. La jurisprudencia, en cumplimiento de la función que le atribuye el artículo 1 del Código Civil , ha entendido que la norma actualmente contenida en el artículo 767, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuanto impone un requisito de procedibilidad, ha de ser objeto de interpretación flexible, pues no trata de condicionar la admisión de la demanda a una prueba anticipada de los hechos en los que la misma se funde, ni siquiera a la inicial demostración de su verosimilitud o apariencia de buen derecho – como se exige para el otorgamiento de una tutela cautelar -, sino que establece un instrumento, en forma de exigencia de principio de prueba, que está destinado a preservar la seriedad de este tipo de procesos; y que, sin embargo, no se considera deficientemente utilizado por el hecho de que, finalmente, la demanda no resulte estimada.
Las sentencias 239/1999, de 22 de marzo , y 247/2000, de 18 de marzo , destacaron la procedencia de «una interpretación espiritualizada, en el sentido de que basta con que en la demanda conste la oferta de practicar determinadas pruebas en el momento adecuado y, de este modo, pueda llevarse a cabo un control de la razonabilidad de dicha demanda, pues el requisito procesal de dicho precepto constituye un complemento tendente a procurar la seriedad de la demanda, pero nunca puede dar lugar a una restricción, ni a un obstáculo a la posibilidad que abre el artículo 39, apartado 2, de la Constitución «.
En lo que concierne a la segunda cuestión planteada nos enseña la Sala de lo Civil que “la sentencia 738/2004, de 12 de julio , precisó que la norma «establece un filtro para impedir demandas absolutamente infundadas o caprichosas, filtro que no impide admitir aquellas demandas en que haya un principio de prueba, que puede constituirse por la declaración aunque sea unilateral y no sujeta a contradicción «. Las sentencias 239/1999, de 22 de marzo y 59/2006, de 3 de febrero , consideraron bastante «con que se presente o muestre […] con la demanda (no necesariamente en escrito aparte), o sea en el cuerpo de su escrito, referencias concretas a medios de prueba a practicar, que contribuyan a conferir al sustento fáctico de la petición, credibilidad y verosimilitud, aunque luego no prospere la demanda «. Y la sentencia 502/2000, de 18 de mayo , rechazó que el principio de prueba pueda confundirse «con la que ha de realizarse en el curso del proceso para obtener una sentencia favorable «, pues «basta para que el Juez admita a trámite la demanda que del propio contexto o contenido de ella se aprecie una mínima línea de razonabilidad o verosimilitud de la que derivar la atribución de la paternidad, sometida siempre al resultado de la prueba a practicar en el proceso «.
Aplicación al caso de la expuesta doctrina.
La representación procesal de la demandante ha presentado con la demanda, como principio de prueba de los hechos en que la misma se funda, un acta notarial que refleja las declaraciones de la madre de doña Adelaida sobre algunas circunstancias de lugar y tiempo de la afirmada relación sexual esporádica que produjo la concepción, así como la afirmación de algunos contactos con personas de las que se dice son parientes del demandado.
No hay duda de que tales medios de prueba serían hoy insuficientes para la estimación de la demanda. Así lo admite la propia demandante que interesa la práctica de prueba.
Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia, cuya doctrina quedó antes resumida, constituyen un principio de prueba bastante para la admisión a trámite de la demanda, por implicar el cumplimiento del presupuesto de procedibilidad del apartado 1 del artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal como es interpretado.”

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