¿Cuál es la lógica a la que se refiere el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil?

¿Cuál es la lógica a la que se refiere el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil?

La respuesta nos las ofrece el auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2015, que nos recuerda que “esta Sala ha reiterado, con la sentencia núm. 888/2010 de 30 diciembre que «la lógica a que se refiere el art. 218.2 LEC es la de la argumentación -entramado argumentativo-, exposición de razones o consideraciones en orden a justificar la decisión, sin que se extienda al acierto o desacierto de las mismas, ni quepa al socaire de dicho precepto traer al campo del recurso extraordinario por infracción procesal el debate sobre las cuestiones de fondo, dentro de las que se comprenden los juicios de valor en relación con la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, que corresponden al ámbito del recurso de casación» Esta doctrina aparece también en la sentencia núm. 705/2010, de 12 noviembre, dictada en Recurso núm. 730/2007 , que contiene una importante precisión al señalar que «la exigencia del art. 218.2 «in fine», de la LEC de que la motivación debe ajustarse a las reglas de la lógica y de la razón se refiere a la exposición argumentativa del Tribunal y no a si es lógica la interpretación jurídica, ni la conclusión de este orden extraída, efectuadas por la resolución recurrida, pues se trata de cuestiones de fondo propios del recurso de casación».”
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¿Se puede condenar a una persona jurídica por los actos de aquellos incapaces que tiene bajo tutela? ¿Qué requisitos deben concurrir?

¿Se puede condenar a una persona jurídica por los actos de aquellos incapaces que tiene bajo tutela? ¿Qué requisitos deben concurrir?

Las respuestas nos las ofrece la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2015 que nos enseña que “el artículo 120.1 CP, en la responsabilidad civil subsidiaria declara que también exige el requisito de la convivencia; y aunque la tutora en este caso sea una persona jurídica, de modo que no puede ser literalmente interpretado en forma análoga a la que tendría lugar con respecto a personas físicas, tampoco resulta eludible, sino como explica la sentencia recurrida, en coherencia con los citados preceptos del Código en torno a la custodia y guarda de los tutelados, deberá ser entendida como una situación de residencia bajo el control y cuidado del organismo público competente, que habrá de entenderse concurrente siempre que tal asistencia sea precisada por el incapacitado, pues otra inteligencia llevaría a entender que no existiría, ni tampoco la consiguiente responsabilidad que se establece, si el incapacitado queda por completo al margen de la protección derivada de la tutela en su más amplio contenido.”
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