En caso de demanda por incumplimiento contractual ¿desde cuándo se computan los intereses legales de la cantidad objeto de reclamación?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia número 342/2019 de 13 de junio nos enseña que “El pago de intereses de demora que procede en caso de incumplimiento de la obligación de entrega de una cantidad de dinero tiene un carácter indemnizatorio y por ello se deben desde que se reclaman (art. 1108 CC). Así lo ha entendido sin fisuras y con normalidad la jurisprudencia al aplicar los arts. 1101 y 1108 CC (de manera expresa, la sentencia, 1201/1994, de 30 de diciembre, destaca que uno de los principales efectos de derecho material de la presentación de la demanda es la constitución en mora del deudor conforme al art. 1100 CC).De manera específica, en supuestos de contratos semejantes al litigioso, las sentencias 754/2014, de 30 de diciembre , 549/2018, de 5 de octubre , 143/2019, de 6 de marzo , 228/2019, de 11 de abril , y 249/2019, de 6 de mayo , cifran el daño en lo pagado menos lo recuperado con el interés legal de esa suma desde que se intima la mora ( art. 1108 CC ).De forma equivocada, como si se tratara del efecto propio de la nulidad del negocio, la sentencia recurrida aplica los intereses legales a la cantidad invertida desde la fecha de la inversión. En consecuencia, la sentencia infringe los arts. 1101 y 1108 CC y debe ser casada en el sentido de modificar su fallo en el único sentido de declarar que la parte actora debe indemnizar en la cantidad de 19.123,49 euros más los intereses legales devengados por esta suma desde la interpelación judicial.”

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¿Cuándo procede el reembolso por la comunidad de propietarios al comunero que haya ejecutado obras urgentes?

Esta cuestión, muy interesante, ha encontrado respuesta en el reciente Auto de 5 de junio de 2019, dictado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al respecto, señala la resolución que “el recurso de casación se formula a través de la vía casacional adecuada y se articula en dos motivos. El primer motivo del recurso se funda en la vulneración del artículo 7.1 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad horizontal , relativo a la realización de obras en elementos privativos y comunes y de la jurisprudencia aplicable al caso, concretada en la sentencia de fecha 2 de febrero de 2016 , en la que se declara que únicamente procederá el reembolso por la comunidad de propietarios al comunero que haya ejecutado las obras unilateralmente cuando se haya requerido previamente al secretario administrador o al presidente advirtiéndoles de la urgencia o necesidad de las mismas , sin que la comunidad pueda quedar exonerada si muestra pasividad en la realización de obras urgentes y necesarias. La recurrente argumenta que en este caso la comunidad de propietarios conoció en todo momento los daños descubiertos en elementos comunes, así como la urgente y necesaria reparación, habiendo sido requerida en este sentido. Por otro lado, la Audiencia no ha tenido en cuenta el segundo requisito exigido, que es la pasividad por parte de la comunidad de propietarios, que no mostró oposición, ni manifestó queja ante la realización de estas obras. El segundo motivo del recurso se funda en la vulneración del artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio de Propiedad Horizontal y del art. 396 del CC, así como de la jurisprudencia de aplicación, encarnada en la Sentencia de fecha 2 de febrero de 2016, dado que la realización de obras de conservación de conformidad con el art. 10 de la LPH constituye un acto debido por la comunidad, sin que sea posible que la junta se niegue a su realización o pago. La recurrente considera que la necesidad de las obras era acuciante, dada la gravedad de los daños, por lo que, ante la pasividad de la comunidad de propietarias tuvo que ejecutar la medida menos costosa y perjudicial para la comunidad.”

Pues bien, la Sala inadmite el recuso interpuesto argumentando que “mientras que la recurrente parte en ambos motivos de considerar que las obras que el recurrente realizó eran urgentes, que se requirió previamente a la comunidad y que la misma mantuvo una actitud pasiva, la Audiencia pone de manifiesto que no se ha acreditado que se practicara requerimiento alguno a la comunidad, que advirtiera la urgencia de las obras y que justifique la actuación unilateral del demandante, de modo que teniendo en cuenta el relato fáctico de la sentencia recurrida, no puede entenderse infringida la doctrina jurisprudencial, concretada en la Sentencia número 16/2016, de 2 de febrero, según la que «Sólo procederá el reembolso por la Comunidad de Propietarios al comunero que haya ejecutado unilateralmente obras en zonas comunes cuando se haya requerido previamente al Secretario- Administrador o al Presidente advirtiéndoles de la urgencia y necesidad de aquéllas. En el caso de no mediar dicho requerimiento, la Comunidad quedará exonerada de la obligación de abonar el importe correspondiente a dicha ejecución. No quedará exonerada si la Comunidad muestra pasividad en las obras o reparaciones necesarias y urgentes.”

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¿Cuándo prescriben las acciones de reclamación de cantidades anticipadas contra aseguradoras derivadas de compraventa de viviendas basadas en la Ley 57/1968?

La cuestión, muy conflictiva y no pacífica, ha encontrado respuesta definitiva por el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia número 320/2019 de 5 de junio.

A este respecto el alto Tribunal declara que bajo el régimen de la Ley 57/1968 el plazo de prescripción es el general delart.1964 CC.

Explica la Sala que “en trance de sentar un criterio uniforme sobre el plazo de prescripción contra la entidad aseguradora bajo el régimen de la Ley 57/1968, esta sala considera que es el general del art. 1964 CC (para el presente caso, quince años). La razón fundamental es que el art. 1-1.ª de dicha ley prevé como garantías alternativas de la devolución delas cantidades anticipadas tanto el contrato de seguro como el aval solidario (art. 1-1.ª), y no tendría ningún sentido que el plazo de prescripción de la acción de los compradores fuese distinto -y considerablemente más corto- en el caso del seguro que en el del aval, ya que ambas formas de garantía deben ser contratadas imperativamente por el vendedor en beneficio exclusivo de los compradores y el art. 7 de la propia Ley 57/1968establece que los derechos de estos «tendrán el carácter de irrenunciables». En consecuencia, procede estimar el motivo y casar la sentencia recurrida por ser evidente que cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años desde la fecha establecida para la entrega de la vivienda.”

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¿Se aplica el mismo plazo de prescripción para ejercitar la acción civil exdelicto cuando hay condena penal que cuando se absuelve en dicha jurisdicción?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su sentencia número 287/2019 de 23 de mayo, aborda esta interesante cuestión diferenciando los casos en los que ha existido condena penal previa, de aquellos otros en que ha existido sentencia absolutoria, sobreseimiento o archivo de la causa penal.

Así explica la Sala que “para la adecuada inteligencia de la resolución se ha de tener presente que la acción de responsabilidad civil que ejercita la actora, aquí recurrente, tiene su origen y fundamento en el accidente por el que se siguió un proceso penal previo, en el que recayó sentencia condenatoria, y el que la demandante se reservó el ejercicio de la acción civil. La sentencia 148/2015, de 27 de marzo, que cita como relevante la 34/2004, de 31 de enero, a su vez citada por la de 23 de enero de 2009, afirma que la doctrina más reciente de esta sala razona que «para aplicar la acción exdelicto se requiere la existencia de condena y no en los supuestos tanto de absolución, sobreseimiento, como archivo, al resultar precisa declaración penal al efecto.”

Para el alto Tribunal “en estos supuestos de ausencia de condena penal el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil tendrá su fundamento en el art, 1968. 2 CC , en relación con el art. 1902 del mismo Texto Legal .Pero no es así cuando, como en el caso de autos, ha recaído condena penal.  El apartado segundo del artículo 1968 del Código Civil fija en un año el plazo de prescripción de las acciones para exigir la responsabilidad por las obligaciones derivadas del culpa o negligencia a que se refieren los artículos 1902 y siguientes, a cuya regulación remite a su vez el artículo 1.093, al decir que las obligaciones civiles que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley quedarán sometidas a las disposiciones del capítulo II del título XVI del Libro IV del Código.”

En base a ello declara la Sala de lo Civil que “por tanto, el breve término prescriptivo anual es de aplicación tan solo a las acciones que tienden a la exigencia de las obligaciones nacidas de culpa extracontractual «no penadas por la ley», pero no a las que nazcan de hechos revestidos de tipicidad penal, esto es, a las acciones tendentes a reclamar las responsabilidades civiles nacidas de delitos o faltas, de ilícitos penales a las que se refiere el art. 1.092 CC , por lo que no debe sin más aplicarse el art. 1.968. 2.º a cualquier reclamación que no tenga su origen en una previa relación contractual, y en este sentido es doctrina reiterada de la sala de tiempo atrás (SSTS de 21 de marzo de 1984; 1 de abril de 1990; 10 de mayo de 19903) que cuando la acción ejercitada tiene su origen en un delito o falta declarado por la jurisdicción penal, no es aplicable la prescripción corta del art. 1968. 2 CC, que solo se refiere a los supuestos de culpa extracontractual civil, sino que la acción exdelicto del art. 1902 CC está sometida al plazo de prescripción de 15 años, como supuesto general de prescripción de acciones personales establecido en el art. 1964 CC.”

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¿Cuál es el efecto del artículo 1.355 del Código Civil sobre los bienes del matrimonio?

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia número 295/2019 de 27 de mayo el efecto del art. 1355 del Código Civil es que el bien ingresa directamente en el patrimonio ganancial. Si los fondos utilizados fueran gananciales, el bien adquirido sería ganancial por aplicación del art. 1347.3 CC. no haría falta la voluntad de las partes para atribuir al bien adquirido carácter ganancial. Lo que permite el artículo 1355 CC es que los cónyuges atribuyan carácter ganancial a bienes que, de no existir tal acuerdo, serían privativos con arreglo a los criterios de determinación legal. Puesto que los bienes adquiridos a costa de bienes privativos son privativos (art. 1346.3 CC), el art. 1355CC permite que los cónyuges atribuyan carácter ganancial a los bienes adquiridos con fondos privativos de un cónyuge, sustituyendo con su voluntad la determinación legal de los bienes. Aunque el art. 1355 CC no lo menciona expresamente, los cónyuges también pueden atribuir carácter ganancial en su totalidad a bienes adquiridos mediante precio en parte ganancial y en parte privativo (art. 1354 CC).”

Añade la Sala que “frente a la atribución de ganancialidad realizada de forma voluntaria por los cónyuges, la prueba posterior del carácter privativo del dinero invertido sería irrelevante a efectos de alterar la naturaleza del bien, que ha quedado fijada por la declaración de voluntad de los cónyuges. d) Sin embargo, la prueba del carácter privativo del dinero (que, frente a la presunción de ganancialidad del art.1361 CC, incumbe al que lo alegue) puede ser determinante del derecho de reembolso a favor del aportante (art. 1358 CC). Cabe observar que la misma existencia del reembolso hace razonable la exigencia del consentimiento de ambos cónyuges para la atribución de ganancialidad a un bien que sería privativo, puesto que tal atribución hace nacer a favor de quien aportó los fondos un derecho de reembolso. El derecho de reembolso procede, por aplicación del art. 1358 CC, aunque no se hubiera hecho reserva alguna en el momento de la adquisición. Ello por varias razones: en nuestro ordenamiento la donación no se presume, por lo que el reembolso que prevé el art. 1358 CC para equilibrar los desplazamientos entre las masas patrimoniales procede siempre que no se excluya expresamente; el acuerdo de los cónyuges para atribuir la ganancialidad al bien no convierte en ganancial al dinero empleado para su adquisición, y genera un crédito «por el valor satisfecho» (art. 1358 CC); la adquisición de los bienes comunes es «de cargo» de la sociedad de gananciales (art. 1362.2.ª CC). e) Para la atribución de ganancialidad, el art. 1355.I CC exige el «mutuo acuerdo», es decir, el consentimiento de ambos cónyuges. A continuación, el art. 1355.II CC facilita la prueba de la existencia del convenio de atribución de ganancialidad en los casos de adquisición en forma conjunta y sin atribución de cuotas, porque en este caso presume la voluntad favorable de los cónyuges al carácter ganancial de los bienes. Por ello, para desvirtuar esta presunción de la voluntad común favorable a la ganancialidad no basta con probar que el precio pagado es privativo.”

Para la Sala “el que esté interesado en desvirtuar la presunción que establece el art. 1355.II CC debe probar que en el momento de realizar la adquisición no existía la voluntad común de que el bien se integrara en el patrimonio ganancial. f) El art. 1355 CC no contempla la atribución de ganancialidad de manera unilateral, por voluntad de un solo cónyuge. La declaración del cónyuge que, al adquirir un bien en solitario, manifiesta hacerlo para su sociedad de gananciales, es coherente con la presunción de ganancialidad (art. 1361 CC), pero por sí sola no atribuye al bien adquirido la condición de ganancial. Ante una norma que para la atribución de ganancialidad exige el «común acuerdo» de los cónyuges (y solo presume la voluntad común favorable en casos de adquisición conjunta sin atribución de cuotas), hay que entender que si adquiere uno solo es el no adquirente quien debe probar la existencia del acuerdo, dado que constituye un hecho positivo exigido por la norma como presupuesto para la atribución de la ganancialidad. Si se trata de un inmueble, la manifestación del cónyuge de que el bien se adquiere para la sociedad da lugar a que el bien se inscriba a nombre del cónyuge adquirente con esta indicación (art. 93.4 RH), sin que para ello se exija demostración de que los fondos invertidos son gananciales. Por el contrario, aunque el dinero empleado fuera privativo, la inscripción del bien adquirido como privativo del cónyuge requiere la justificación del carácter privativo del precio mediante prueba documental pública. Esta previsión expresa del art. 95.2 RH es coherente con el tipo de prueba que puede apreciar el registrador de la propiedad. En consecuencia, parece razonable concluir que la condición de ganancial basada en la sola declaración del cónyuge adquirente es meramente presuntiva y el adquirente puede probar en un proceso judicial el carácter privativo de los fondos a efectos de que se declare que el bien adquirido es privativo.”

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El Tribunal Supremo fija el reparto de indemnizaciones por los daños causados en colisiones recíprocas de tráfico

En los casos en los que no exista prueba del grado de culpa de cada conductor

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-el-reparto-de-indemnizaciones-por-los-danos-causados-en-colisiones-reciprocas-de-trafico-

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¿Cabe la resolución del contrato de compraventa si existe incumplimiento del plazo de entrega por parte de la promotora debido a problemas urbanísticos?

Resuelve la cuestión la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia número 264/2019 de 10 de mayo que recuerda que “la STS de 1 de abril de 2014 (rec. 475/2012 recoge que: Por lo que respecta a los efectos resolutorios del incumplimiento del plazo de entrega, la jurisprudencia más reciente (por ejemplo, SSTS de 14 de junio de 2011, rec. 369/2008, 21 de marzo 2012, Rc. 931/2009, y 25 de octubre de 2013, rec. 1666/2010) viene interpretando la norma general en materia de resolución de obligaciones recíprocas (artículo 1124 CC) en el sentido de que el incumplimiento que constituye su presupuesto ha de ser grave o sustancial, lo que no supone una tenaz y persistente resistencia renuente al cumplimiento pero sí que origine la frustración del fin del contrato, esto es, que se malogren las legítimas aspiraciones de la contraparte, cosa que ocurre, en los términos de los Principios de Unidroit (art. 7.3.1 cuando se «priva sustancialmente» al contratante, en este caso al comprador, «de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato», encontrándose sin duda entre las lógicas expectativas del comprador el recibir la cosa en el tiempo, lugar y forma que se hubieran estipulado y en condiciones para ser usada conforme su naturaleza, pues, no en vano, la de entrega constituye la obligación esencial y más característica de la compraventa para el vendedor ( artículo 1461 CC , en relación con el  artículo 1445 CC).”

Añade la Sala que “cuando se trata de indagar si el retraso ha obedecido a la existencia de causas no imputables a la promotora vendedora, se ha de tener en cuenta que tales causas deben ser imprevisibles e inevitables por ella a la fecha del contrato .De ahí que, con independencia de lo dispuesto en la Ley 57/1968, en el ámbito de la construcción, en el que deben preverse plazos prudenciales de tiempo para la realización de las obras, tenga poca cabida la existencia de alguna causa de fuerza mayor que pueda justificar un retraso en la entrega de la vivienda. Quien fija el plazo de entrega de las viviendas es el promotor, que es un profesional de la Construcción y debe conocer las dificultades propias de esta actividad y, por lo tanto, tiene que prever las circunstancias y asegurarse de poder cumplir sus compromisos, fijando un plazo de entrega mucho más dilatado en el tiempo, aunque ello le haga perder algún posible cliente. El  riesgo  de  acabar  las  obras  dentro  del  plazo  establecido  en  el  contrato  es  asumido  íntegramente  por el  promotor  vendedor  como  parte  de  su  riesgo  empresarial  y,  en  consecuencia,  no  puede  trasladarse  al comprador.”

Por ello para el alto Tribunal “si se aplica la anterior doctrina al supuesto enjuiciado existen elementos suficientes y relevantes, para la estimación de los motivos, por cuanto de ellos se infiere la frustración del interés contractual para el comprador. Una cosa es que el plazo de entrega no pudiese calificarse de esencial con rigor, admitiendo un leve retraso, y otro que quien confiaba en tener entregada su vivienda, física y jurídicamente, el 13 de enero de 2009, no pudiese hacerlo hasta el mes de mayo de 2014, tiempo en que las condiciones de financiación y de disfrute no eran las previstas. Que obedeció a problemas urbanísticos no ofrece dudas, pero también que no puede trasladarse al comprador por el vendedor profesional las dificultades urbanísticas que surjan y paralicen las obras. Para un profesional del ramo tales circunstancias no pueden calificarse de imprevisibles, y quien compra en la confianza de lo que se le ofrece no debe ser el que soporte el riesgo empresarial. En un supuesto similar se pronunció la sala en sentencia 247/2018, de 25 de abril.”

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¿Cuándo resulta aplicable el artículo 411 LEC para determinar la competencia territorial?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en auto de 21 de mayo de 2019 (COMPETENCIAS núm.: 82/2019), recuerda que “ es  doctrina  reiterada  de  esta  Sala  recogida,  entre  otros,  en  los  Autos  de  fecha  25  de  octubre  de2011  (conflicto  de  competencia  n.º  170/2011),  13  de  diciembre  de  2011  (conflicto  de  competencia  n.º175/2011), 28 de febrero de 2012 (conflicto de competencia n.º 264/2011) y 6 de marzo de 2012 (conflicto de competencia n.º 255/2011), que el artículo 411 LEC, referente a la perpetuación de la jurisdicción, resultaría únicamente aplicable cuando resulte acreditado que el domicilio actual lo es por cambio o alteración ocurrida en fecha posterior al momento en que se presentó la petición iniciadora del procedimiento, de forma que cuando conste que el domicilio averiguado de forma sobrevenida no ha sido alterado sino que existía ya en  aquella  fecha,  no  cabría  alegar  el  citado  artículo  411  para  mantener  la  competencia  del  órgano  que conoció inicialmente al carecer de dicho presupuesto procesal por las razones primeramente expuestas. Por el contrario, si no se acredita tal circunstancia, o si resulta probado que la alteración se produjo a posteriori, el  Juzgado  que  conoció  inicialmente,  perpetua  su  jurisdicción  por  aplicación  del  artículo  411,  aunque  el requerimiento de pago deba practicarse en el nuevo domicilio acudiendo al auxilio judicial […]».La aplicación de la doctrina señalada lleva a la solución antes expresada. La competencia le corresponde al Juzgado de Primera Instancia de Gijón que inicialmente apreció su competencia y admitió a trámite la demanda con emplazamiento en domicilio designado en la demanda, sin que con los datos que obran en las actuaciones, haya quedado acreditado que el domicilio real de la demandada ya en el momento de la presentación de la demanda estuviera ubicado en Palma de Mallorca.”

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¿Cómo se determina la competencia en los expedientes de matrimonio en el Registro Civil celebrados en un Consulado?

En la resolución de 6 de julio de 2018 la Dirección General de los Registros y del Notariado analizaba un supuesto en el que el interesado de nacionalidad española adquirida por residencia  pretende  inscribir  un  matrimonio  que  se  celebró  en  el  consulado de Brasil en Madrid y la resolución señala que “el encargado del Registro Civil Central mediante providencia ordena la remisión del expediente matrimonial al Registro Civil Único de Madrid por ser éste el competente. Esta providencia es el objeto del recurso. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad  española,  son  inscribibles  en  el  registro  civil  español  competente  (cfr.  arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.  La  competencia  para  decidir  la  inscripción  corresponde  al  Registro  Civil  Único  de  Madrid ya que el matrimonio se celebró en el Consulado de Brasil en Madrid y según el artículo 16 de la Ley del Registro Civil los matrimonios se han de inscribir en el lugar donde acaecen. Esta  dirección  general,  a  propuesta  de  la  Subdirección  General  de  Nacionalidad  y  Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la providencia apelada  danto  traslado  del  expediente  al  Registro  Civil  Único  de  Madrid  por  ser  el  competente.”

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¿Cuándo es aplicable el artículo 23 de la LPH para extinguir el régimen de propiedad horizontal?

Nos enseña la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su sentencia número 239/2019 de 24 de abril que “lo relevante para la aplicación del precepto, por tanto, es el coste relativo de las obras y la edificación, con independencia de las causas o motivos que hayan motivado la necesidad de las obras, sin que sea exigible la producción de un acontecimiento de fuerza mayor. (…). Este tribunal tampoco comparte el argumento de que deba incluirse el suelo para calcular el valor del edificio a efectos de fijar el límite del coste de la reconstrucción, porque de lo que se trata es de ponderar lo que cuesta económicamente la reconstrucción del edificio, con independencia de que, según su ubicación, el suelo tenga más o menos valor. Partiendo de la finalidad del art. 23 LPH, este tribunal considera que lo correcto para calcular el «valor de la finca al tiempo de ocurrir el siniestro» es atender al valor actual de la construcción, tal y como ha hecho la Audiencia que, tras fijar el valor de reposición bruto calculado con apoyo en coste real de las obras de ejecución, aplica los coeficientes de depreciación por antigüedad y estado de conservación del inmueble. Cierto que en las normas urbanísticas se han incrementado los deberes de los propietarios, pero ello no es incompatible con la solución de equilibrio que, a falta de acuerdo entre los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal, establece el art. 23 LPH. (…)

Añade el alto Tribunal que “….la regla del art. 23 LPH está prevista de manera específica para la propiedad de un edificio organizada como propiedad horizontal y su finalidad es permitir que, a falta de acuerdo, ningún copropietario se vea obligado a continuar en un régimen que comporta unos gastos que superan cierto límite que el legislador refiere al valor de la construcción al tiempo en que deben hacerse las reparaciones. Ese valor debe ser el real, por lo que no puede prescindirse para su cálculo de la antigüedad y conservación del edificio, realizado conforme a técnicas constructivas superadas y que además ha sufrido el deterioro del paso del tiempo.”

Como último razonamiento a esta relevante cuestión declara la Sala que “la normativa sobre patrimonio cultural no es la que debe tenerse en cuenta para el cálculo del valor real del edificio a efectos del art. 23 LPH, que lo que permite, a falta de acuerdo entre los copropietarios, es poner fin al régimen de propiedad horizontal cuando los gastos de reparación superan el umbral previsto en el propio precepto. Naturalmente que quien resulte propietario del edificio litigioso en virtud de la subasta quedará vinculado por los deberes que impone la ley al propietario de un inmueble integrante del patrimonio cultural.”

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