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Presupuestos para la apreciación de la agravante por razones de género.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su reciente sentencia número 99/2019 de 26 de febrero nos enseña “como recuerda la STS Nº 707/2018 de 15 de enero (2019) esta Sala Segunda del Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre al aplicación de la agravante genérica nueva del artículo 22.4 del Código Penal , como lo hizo en las sentencias 420/2018 y 565/2018 recordando los fundamentos explícitos del legislador de 2004 y 2015 y la doctrina del TC en su reiteradamente citada sentencia nº 59/2008. Se estimó entonces que: Con la introducción de la agravante relativa a cometer el delito por una discriminación basada en razones de género, se amplía esta protección con carácter general, de modo que la agravación dela pena no solamente es procedente en los casos expresamente contemplados en las descripciones típicas de la parte especial, en los que las razones de la agravación ya viene contemplada en el tipo, sino en todos aquellos otros casos en los que la discriminación por esas razones, basadas en la intención de dominación del hombre sobre la mujer, que dentro de las relaciones de pareja es considerada por el autor como un ser inferior, vulnerando, por lo tanto, su derecho a la igualdad, aparezcan como motivos o móviles de la conducta. Debiendo ahora matizarse en el sentido de la doctrina expuesta en la sentencia del Pleno de este Tribunal en la ya citada nº 677/2018 que relativiza esa referencia subjetiva al subjetivo propósito del autor. Por ello bastará para estimarse aplicable la agravante genérica que el hecho probado de cuenta de la relación típica prevista en los tipos penales antes citados de tal suerte que el delito se entienda como manifestación objetiva de la discriminación característica de la misma. Y, en lo subjetivo, bastará la consciencia de tal relación unida a la voluntad de cometer el delito de que se trate diversos de aquéllos.”

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Novedades con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto-Ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

Ayer, día 6 de marzo de 2019 entró en vigor el Real Decreto-Ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, introduciendo reformas a la normativa vigente con el fin de adaptar el ordenamiento jurídico al derecho constitucional de una vivienda digna y adecuada.

En resumidas cuentas, este nuevo Real Decreto-Ley modifica lo siguiente:

Implicaciones en el ámbito Civil-Procesal Civil

  • Se amplía la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. Si es persona física el arrendatario, a una duración mínima de cinco años, o siete años, si es persona jurídica.
  • La prórroga tácita también se modifica. Una vez vencido el contrato, si ninguna de las partes del mismo decide no renovarlo en tiempo y forma (cuatro meses antes para el arrendador y dos meses antes para el inquilino), se prorrogará anualmente durante tres años más.
  • Se establece como máximo dos mensualidades de renta la cuantía de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario, ya sea a través de depósito o de aval bancario, y salvo que se trate de contratos de larga duración.
  • Cuando el arrendador sea persona jurídica, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato correrán por su cuenta.
  • Ya no es obligatorio la comercialización de los alquileres turísticos mediante canales de oferta turística y se deben remitir a lo establecido en la normativa sectorial turística que resulte de aplicación.
  • La comunidad de propietarios podrá limitar el destino del uso de un inmueble a alquiler turístico siempre que 3/5 partes voten en contra de que se realice la actividad económica en la vivienda.
  • En los procedimientos de desahucio, será el órgano judicial el competente de fijar el día y la hora de los lanzamientos y además, se introduce como obligatorio, el trámite de comunicación a los servicios sociales, lo que supone que cuando afecte a hogares vulnerables, debe determinarse la situación de vulnerabilidad y esto podrá producir la suspensión del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por un plazo máximo de un mes, o de tres meses cuando el actor sea persona jurídica.

Implicaciones fiscales

  • Se exceptúa la repercusión del IBI al arrendatario cuando el arrendador es un ente público, cuando se trate de un arrendamiento de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.
  • Entra en vigor la modificación sobre la regulación del recargo del IBI para las viviendas desocupadas con carácter permanente.
  • Se añade una bonificación en el IBI que podrá llegar hasta el 95% para los inmuebles destinados a arrendamiento de vivienda con renta limitada por una norma jurídica, la cual podrán disfrutar las viviendas de protección pública destinadas a alquiler o las viviendas de alquiler social que tengan una renta determinada por ley.
  • En relación al ITPAJD, se introduce una exención para los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente.

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¿Cómo se determina el cómputo del plazo en la usucapión ordinaria de inmuebles entre presentes y entre ausentes?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su sentencia número 116/2019 de 21 de febrero responde a esta cuestión en los siguientes términos: “procede, en primer lugar, conforme a lo alegado en los citados motivos primero, segundo y tercero del recurso de casación, entrar en el examen del cómputo del plazo de prescripción adquisitiva, según lo previsto en los arts. 1957 y 1958 CC, para determinar si en el presente caso se había consumado la usucapión de los bienes inmuebles contemplados en la referida escritura de 28 de mayo de 1997, tal y como alega la parte recurrente.”

Razona el alto Tribunal, con relación al caso concreto que examina que “en el presente caso, la demandante no discute que la escritura de liquidación de la sociedad de gananciales y partición de la herencia de D.  Jesús Ángel, de 28 de mayo de 1997, tenga la calificación de justo título a los efectos de la usucapión ordinaria (arts. 1940 y 1952 CC), cuestión por otra parte controvertida en la doctrina civilista. Tampoco discute que dicha escritura determine el dies a quo del plazo de prescripción adquisitiva en favor del demandado. Ni se cuestiona la aplicación del art. 1958 CC en el presente caso, dada la constatación de la ausencia de la demandante en parte del tiempo establecido para la usucapión inmobiliaria ordinaria delos bienes contemplados en la anterior escritura de partición. Partiendo de estos antecedentes jurídicos del pleito, para determinar el cómputo de la prescripción adquisitiva, conforme a los citados arts. 1957 y 1958 CC, debe fijarse, en primer término, el período de usucapión alcanzado durante la fase de presencia de ambas partes (art. 1957 CC). En nuestro caso, dicho periodo se inició el 28 de mayo de 1997, tal y como se ha señalado, de forma que el 28 de mayo de 2005 el demandado contaba con un período de usucapión de 8 años entre presentes, dado que, según la regla tercera del art. 1958 CC, el primer año de comienzo de la ausencia de la demandante (mayo del 2005), al no ser «entero y continuo», no se computa. Por lo que al demandado le restaban dos años de prescripción adquisitiva para completar los 10 años.”

Continúa la Sala indicando que “procede, en segundo término, fijar el periodo de extensión de la prescripción adquisitiva entre ausentes, teniendo en cuenta lo dispuesto en la regla segunda del art. 1958 CC , por la que «cada dos años de ausencia se computará como uno para completar los 10 del presente». En nuestro caso, y sin poder contar el primer año de ausencia por lo ya expuesto, y el último de ausencia por idéntica razón (marzo de 2011), el período abarcó del año 2006 al año 2010, esto es, una extensión del plazo de prescripción de dos años, según lo dispuesto en la citada regla segunda del art. 1958 CC. Si a los ocho años ya consumados por el demandado, para la prescripción adquisitiva entre presentes, se le suman estos dos años del período de prescripción adquisitiva entre ausentes, el resultado es que el 28 de mayo de 2009 el demandado había consumado la usucapión de dichos bienes, conforme a la partición efectuada el 28 de mayo de 1997. Consumación que es anterior, en todo caso, al reconocimiento de la filiación extramatrimonial de la demandante, declarada por sentencia de 30 de noviembre de 2009, así como a su reclam1ación extrajudicial de los bienes de la herencia, de 18 de febrero de 2011, por lo que debe concluirse que el demandado había consumado la usucapión ordinaria de los bienes inmuebles contemplados en la escritura de 28 de mayo de 1997.”

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¿Puede fundarse la petición de un permiso de salida del centro penitenciario en el cumpleaños de un hijo?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en auto de 22 de febrero de 2019, ha negado este derecho a quien solicita la concesión de un permiso para que se autorice su salida del centro penitenciario “a fin de que pueda pasar los días 23 y 24 de febrero -fin de semana- en compañía de mujer y sus dos hijas. Basa su petición en el artículo 47.1 LOGP , que señala: «En caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente  vinculadas  con  los  internos,  alumbramiento  de  la  esposa,  así  como  por  importantes  y comprobados motivos, con las medidas de seguridad adecuadas, se concederán permisos de salida, salvo que concurran circunstancias excepcionales». El artículo 48 LOGP señala, por otro lado, que los permisos a que se refiere el artículo 47 LOGP podrán ser concedidos asimismo a internos preventivos con la aprobación, en cada caso, de la autoridad judicial correspondiente.”

Concluye la Sala afirmando que “no procede la concesión del permiso solicitado. Sin perjuicio de que esta Sala, como ha señalado en otras ocasiones, es consciente de las restricciones que implica la privación de libertad en las relaciones familiares, si se observa el texto del artículo 47 LOGP no existe una previsión legal referida a la concesión de permisos con base en el motivo alegado por el solicitante. Este precepto recoge los denominados permisos extraordinarios de salida, que se basan en la existencia de un acontecimiento que afecta a un familiar del interno (se citan expresamente los supuestos de fallecimiento, enfermedad grave o alumbramiento).La concesión sólo tendría cabida en la cláusula relativa a los «importantes y comprobados motivos» y estos no concurren en relación con el hecho de que una de las hijas del Sr.  Mateo      alcance la mayoría de edad, que ha de enmarcarse en la normalidad y no constituye un acontecimiento inesperado. Por ello, no reúne la nota de extraordinariedad, que es el fundamento de los permisos citados.”

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¿Qué clasificación tienen los intereses de un préstamo hipotecario devengados antes y después de la declaración de concurso?

Clarifica esta interesante cuestión la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia número 112/2019 de 20 de febrero que expone que “los arts. 59 y 92.3º LC permiten el devengo, sin postergación, de los intereses generados por los créditos con garantía real «hasta donde alcance la respectiva garantía»; lo que supone la afección de la garantía al pago de tales intereses con el límite indicado. El art. 90 LC no establece expresamente que esos intereses tengan el carácter de crédito con privilegio especial, pero porque es innecesario, una vez que el privilegio abarca la totalidad del crédito garantizado, conforme a lo expresado en el título. Además, conforme a esta regulación, los intereses devengados por el crédito hipotecario serán privilegiados con privilegio especial, con independencia de su fecha de devengo -anterior o posterior a la declaración del concurso- si están cubiertos por el valor de realización del bien que sirve de garantía.”

Añade el alto Tribunal que “si el valor de realización no cubre los intereses, debe entenderse que los devengados con anterioridad a la declaración de concurso son subordinados (art. 92.3º LC), mientras que los posteriores no pueden ser reclamados, por exceder dela garantía.2.- La constitución de garantías reales para asegurar la efectividad de un derecho de crédito confiere a su titular un refuerzo de su posición, tanto al permitirle, ante su insatisfacción, promover el procedimiento de realización de valor legalmente previsto (ius distrahendi), como al otorgarle un privilegio -aunque no absoluto, en tanto que existen otros acreedores privilegiados- para el cobro con lo obtenido en dicha realización forzosa( sentencia 313/2018, de 28 de mayo ).En la sentencia 491/2013, de 23 de julio , advertimos que la realización del bien hipotecado, que garantiza el crédito con privilegio especial (art. 90.1º LC), supondrá el pago de dicho crédito (art. 155.1 LC) y dará lugar a la cancelación de la carga. Crédito que no abarca solo el principal, sino también los intereses devengados y cubiertos por la garantía, como se desprende tanto de los preceptos de la LC citados, como del art. 692 LEC, supletoriamente aplicable por mor de la disposición final quinta LC, que establece que el precio del remate se destinará, sin dilación, a pagar al acreedor su crédito, intereses devengados y costas causadas y el resto se depositará a disposición de los titulares de derechos posteriores inscritos o anotados, sobre el bien hipotecado.”

Para la Sala “tales previsiones normativas no exoneran al acreedor hipotecario de su deber de comunicación del crédito, como se desprende inequívocamente del tenor literal del art. 85.3 LC, cuando dice: «Si se invocare un privilegio especial, se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos registrales». En consecuencia, si la comunicación del crédito por parte del acreedor fue errónea o incompleta, lleva razón la Audiencia Provincial al considerar que, una vez precluidos los momentos procesales hábiles para instar la modificación de la lista de acreedores, no puede pretenderse una alteración de la cantidad reconocida en la lista definitiva. Si, como alega la parte recurrente, cuando se realizó la comunicación de créditos todavía no se había alcanzado el límite garantizado, debería haberse comunicado la cantidad devengada hasta esa fecha como crédito con privilegio especial y la parte todavía no devengada como crédito contingente sin cuantía propia (hasta que se cumpliera la contingencia) y con la calificación de privilegio especial.4.- Ahora bien, como en la lista definitiva se reconoció a Banco de Vasconia S.A. (actualmente Banco Popular) un crédito con privilegio especial, por principal e intereses, de 374.718,41 €, carece de sentido que la administración concursal únicamente haya entregado al acreedor 344.100,58 €, correspondientes a los principales de los dos préstamos hipotecarios, y ninguna cantidad por intereses. Cuando lo correcto es que le hubiera abonado el total de la cantidad reconocida en la mencionada lista definitiva. 5.- Por esta razón, debe estimarse el recurso de casación y, con él y por los mismos argumentos, también estimarse en parte el recurso de apelación y la demanda, a fin de condenar a la administración concursal a abonar a la demandante la parte de crédito con privilegio especial reconocida y no satisfecha, es decir, 30.617,83 €.”

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¿Cómo se determina la competencia territorial en delito de apropiación indebida sobre no devolución de vehículo arrendado?

Nos enseña la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su auto de cuestión de competencia de 20 de febrero de 2019 que “nos encontramos con que la entidad Gedescoche, con domicilio en Valencia, formuló denuncia en esta localidad contra  Raúl  , con domicilio en Guijuelo, cometida en el marco de un contrato de compraventa con pacto de retro del vehículo propiedad de  Raúl, y un posterior contrato de arrendamiento del mismo vehículo en favor de  Raúl , contratos firmados ante Notario en Salamanca. El arrendatario, a la finalización del contrato, el día 19 de abril de 2018, ha continuado en posesión del vehículo pese al requerimiento de devolución realizado por la empresa arrendadora mediante burofax remitido al domicilio del arrendatario.”

Pues bien la Sala afirma y declara que “en relación con el delito de apropiación indebida relativo a la no devolución del vehículo arrendado, viene diciendo (como ejemplo, el auto de 5/11/14, cuestión de competencia 20514/14,implicada la misma compañía Gedescoche SAU), lo siguiente: «nos encontramos con la investigación de un delito de apropiación indebida, en el que la competencia corresponde al juez del lugar donde se cometió el delito, siendo el lugar de comisión aquél en que el sujeto activo, asumiendo facultades dominicales que no le corresponden, transforma la legítima posesión de la cosa recibida y se adueña de ella incorporándola a su patrimonio o dándole un destino distinto de aquél para el que se recibió o bien negando haberla recibido (ver auto de 5/6/13, cuestión de competencia 20056/13, y auto de 2/10/13, cuestión de competencia 20399/13,entre otros).» «En el caso que nos ocupa, todos los elementos conducen a que la mutación de legítima posesión en ilegítima propiedad se produjo en Vitoria, lugar de domicilio del vendedor-arrendatario del vehículo y donde desarrollaba su actividad. No es razonable pensar que el arrendatario fuese a Valencia a no devolver el vehículo. Lo  razonable  es  deducir  que  el  denunciado  continuó  en  Vitoria  con  el  vehículo  sin  abonar  las  rentas  del arrendamiento, por lo que el lugar en que se cometió el delito es Vitoria, a quien conforme al art. 14.2 LECrim, corresponde la competencia». En el caso que nos ocupa, resulta competente Béjar, en la medida en que el arrendatario domiciliado en su jurisdicción, finalizado el arrendamiento, llevó a cabo la comisión de los hechos: asumiendo funciones dominicales sobre el vehículo alquilado al transformar la legítima posesión de la cosa recibida, adueñándose de ella para incorporarla a su patrimonio. Particulares que se desprenden de la suscripción del contrato de alquiler del vehículo en la localidad de Salamanca, próxima al domicilio del denunciado, sin que lo estipulado en la cláusula octava del mismo, en relación con la obligación de devolverlo en Valencia, donde radica el domicilio social de la sociedad arrendadora, desvirtúe la naturaleza del acto de apropiación llevada a cabo por el denunciado, al no desprenderse de lo actuado otras razones que las formales vinculadas al domicilio social de la empresa denunciante.”

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