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¿Cómo se determina si conducir un vehículo de motor sin haber obtenido nunca el permiso de conducir o la licencia, constituye un delito o una infracción administrativa?

Esta interesantísima cuestión ha sido resuelta definitivamente por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia de 3 de octubre de 2017.

En efecto, señala la Sala, sobre este particular que “se hace necesario deslindar, pues, cuándo la misma acción, esto es, conducir un vehículo de motor o un ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso de conducir o la licencia, constituye un delito y cuando constituye una infracción administrativa. Parece obvio que cuando una misma acción está contemplada sancionadoramente por las disposiciones administrativas y por las disposiciones penales, la condena penal requerirá que en la acción sea de apreciar un elemento más de peligrosidad, de afectación sobre el bien jurídico protegido, de culpabilidad, de desvalor de la acción o de desvalor del resultado, que la requerida para imponer la sanción administrativa. El art. 384 del C. Penal se halla integrado en el capítulo IV del Título XVII del Libro II del C. Penal, bajo la rúbrica de «los delitos contra la seguridad vial»» Este enunciado ya proporciona un criterio de interpretación sobre la finalidad de la norma, pues el bien jurídico protegido es la seguridad vial; es decir, la acción penalmente sancionada no constituye solo la infracción de una disposición administrativa como es la establecida por el art. 1.1 del R.D. 818/2009 de 18 de Mayo , ya referido anteriormente, que sería objeto de una mera sanción administrativa, sino que atenta contra la seguridad vial. La Exposición de Motivos de la Ley 15/2007 de 30 de noviembre, presentó parte del contenido del art. 384, párrafo segundo, del CP con estas palabras: «…una criticada ausencia era la conducción de vehículos por quienes hubieran sido privados, judicial o administrativamente, del derecho a hacerlo por pérdida de vigencia del mismo. Cierto que algunos  casos  podrían  tenerse  como  delitos  de  quebrantamiento  de  condena  o  de desobediencia, pero no todos; por ello se ha considerado más ágil y preciso reunir todas esas situaciones posibles en un solo precepto sancionador». Nada argumentó la Exposición de Motivos sobre la inclusión en el párrafo segundo del art. 384 del CP, junto con estas conductas, la de conducir sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción, por lo que el legislador omitió el motivo. No se alcanza a comprender que el legislador considerara en 1983 que el art. 340 bis, c) del C. Penal vigente en la época merecía la derogación porque la acción constituía un ilícito administrativo en el sentir mayoritario de la doctrina y la práctica forense y veinticuatro años después, en 2007, «resucite»  el precepto dándole semejante redacción a la derogada, salvo por razones de política criminal para tratar de atajar las consecuencias lesivas de los accidentes de circulación, anticipando la protección penal. El análisis de la finalidad de la norma, dada su integración en los delitos contra la seguridad vial, parece responder a la consideración de que la conducción de un vehículo de motor sin haber obtenido nunca el permiso genera una situación de riesgo abstracto para la seguridad vial, pero esta proyección teleológica sólo responde a la realidad cuando el conductor carece de pericia para conducir y así lo demuestra con su acción, no cuando conduce correctamente, ateniéndose a los reglamentos, en cuyo caso la acción de conducir no provoca ningún riesgo abstracto para la seguridad vial. El art. 384 del CP no requiere entre sus elementos que la conducta genere un riesgo, ni tan siquiera abstracto, para la seguridad vial; si requiriera esta exigencia, la conducción sin haber obtenido el permiso no constituiría ningún delito porque el hecho de conducir sin carnet no genera ni siquiera un peligro potencial para la circulación más que cuando la conducción sea antirreglamentario pero en este caso el riesgo abstracto se provoca por la impericia del conductor, por su negligencia, no por el hecho mismo de no poseer permiso de conducir. La posesión o no del permiso de conducir es un elemento anodino respecto a la seguridad vial, que queda afectada por la ejecución concreta de los actos de conducción, no por el incumplimiento de las normas reglamentarias para el ejercicio de la actividad. La discriminación entre la acción sancionada administrativamente y la acción sancionada penalmente ha de seguir el criterio de la afectación del bien jurídico protegido de la seguridad vial. Cuando el conductor circula con un vehículo de motor o ciclomotor, a pesar de no haber obtenido nunca el permiso de conducir o la licencia, de forma reglamentaria, sin poner ni siquiera en riesgo abstracto la seguridad vial porque quien conduce reglamentariamente ningún riesgo representa para otros usuarios de la vía pública, su conducta es anodina respecto del bien jurídico protegido; por el contrario, cuando el conductor que circula con un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca ni el permiso de conducir ni la licencia, infringe preceptos reglamentarios que pongan en riesgo la seguridad vial, aunque sea abstractamente, su conducta provoca un mayor desvalor de la acción porque afecta al bien jurídico protegido que es la seguridad vial. Por tanto, sólo constituye delito previsto por el art. 384, párrafo segundo, del CP la acción de conducir un vehículo de motor o ciclomotor, careciendo de permiso de conducir o licencia porque nunca se ha obtenido, siempre y cuando con la conducción el autor infrinja algún precepto reglamentario que ponga en riesgo la seguridad vial. En otro caso la acción sólo constituye una infracción reglamentaria. El ordenamiento jurídico constituye un sistema armónico de normas, de tal forma expresadas que unas complementan a las otras sin que se solapen o dejen lagunas salvo por deficiencias de técnica legislativa. Presuponiendo la armonía del ordenamiento jurídico en lugar de las deficiencias de técnica legislativa, sólo mediante la referida distinción es posible armonizar el art. 65.5, k) de la Ley 18/09 de 23 de Noviembre con el art. 384, párrafo segundo, inciso final, del CP, sobre todo poniendo en valor que la reforma de la legislación administrativa es posterior a la reforma del CP, como antes se indicó, de tal modo que constituye labor interpretativa diferenciar qué casos considera la propia norma administrativa que constituyen delito, según referencia del expresado artículo 65.5, k) de la Ley 18/09 de 23 de Noviembre , de los casos que sólo constituyen infracción administrativa.”

Por ello para la Sala de lo Penal “el tipo penal sanciona la conducción de un vehículo a motor careciendo de todo permiso o licencia por no haberlo tenido nunca o por haber perdido vigencia por la pérdida total de los puntos asignados legalmente, mientras que el tipo administrativo se refiere a carecer de la autorización administrativa correspondiente, es decir, puede tenerse pero no es adecuada a las características del vehículo con el que se circula, conforme a las diferentes modalidades que se determinan legalmente y las circunstancias propias del caso (arts. 34 a 40 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores). Como dice el Fiscal, todo ilícito penal en esta materia parte como mínimo de una infracción administrativa, pero no a la inversa. De ahí que el art. 72 de la Ley de Seguridad Vial establece la suspensión de las actuaciones del procedimiento administrativo sancionador cuando se ponga de manifiesto un hecho con apariencia de delito perseguible de oficio, admitiendo por ende la primacía del Derecho penal sobre el administrativo. A su vez, se regulan como faltas administrativas muy graves conductas que podrían subsumirse en el catálogo de los delitos tipificados en los arts. 379 y siguientes del Código Penal, lo que supone, en definitiva, que coexiste una pluralidad de comportamientos con un contenido sustancialmente análogo que en modo alguno pueden entenderse desplazados del orden penal por su previsión administrativa, como acertadamente argumenta el Ministerio Fiscal. La doctrina de las Audiencias Provinciales es prácticamente unánime, salvo la Audiencia Provincial de Toledo, en considerar la conducta de conducir un vehículo de motor sin haberlo obtenido nunca como típica. Al respecto, citamos: SAP (Madrid (Sección 7ª), de 22 de enero de 2015; SAP Almería (Sección 3ª), de 20 de noviembre de 2015; SAP La Coruña (Sección 6ª), de 30 de noviembre de 2015; SAP Sevilla (Sección 1ª), de 15 de enero de 2016; SAP Madrid (Sección 16ª), de 4 de abril de 2016 ; SAP Barcelona (Sección 9ª), de 22 de diciembre de 2016). Nuestra decisión coincide, pues, con la doctrina mayoritaria de las Audiencias, de manera que la función de este recurso es contribuir a la seguridad jurídica e igualdad ante la ley, como valores constitucionales presentes en un recurso creado precisamente para conseguir la función nomofiláctica que nos corresponde, de manera que, a partir de ahora, la conducción sin haber obtenido nunca la correspondiente habilitación administrativa se interprete de idéntica manera en todo el territorio nacional. Por cuanto antecede, procede la estimación del recurso promovido por el Ministerio Fiscal.”

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El rechazo irregular de la práctica de una prueba por el Tribunal ¿determina siempre la vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa?

Nos enseña la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de octubre de 2017, respecto a esta cuestión que “ en nuestra STS 1059/2012 de 27 de diciembre, recordábamos lo ya declarado en las STS 1300/2011 de 2 de Diciembre y recordando la de las STS de 17 de Febrero del 2011, y la 545/2010 de 15 de junio) haciéndonos eco en ellas de la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en su Sentencia 198/1997 en la que se dijo: «el rechazo irregular de la prueba por el Órgano Jurisdiccional no determina necesariamente  la vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y así, tal y como ha declarado la jurisprudencia constitucional, la relación de instrumentalidad existente entre el derecho a la prueba y la prohibición de indefensión hace que la constatación de una irregularidad procesal en materia probatoria no sea por sí sola suficiente para que la pretensión de amparo adquiera relevancia constitucional, pues para que así sea el defecto procesal ha de tener una inducción material concreta, por lo que si ésta no se ha producido, tampoco cabe apreciar la existencia de indefensión desde la perspectiva constitucional».”

Recuerda también la Sala que “desde la perspectiva de la infracción de mera legalidad, en la que se sitúa el motivo que examinamos, dijimos La censura casacional de la decisión que excluye la práctica de una prueba pasa por la aplicación de los siguientes criterios: a) Un requisito formal: la oportuna propuesta en tiempo y en la forma legalmente impuesta. b)  El requisito de pertinencia: Conforme al mismo el medio propuesto ha de poseer una relación con el objeto del proceso, o más exactamente con el tema de prueba. Si aquello que se propone demostrar es ajeno a lo que la decisión del proceso exige que sea demostrado, el medio es no pertinente. c) Además su práctica debe ser necesaria: Con ello se exige que entre el medio y lo que se trata de demostrar exista una relación instrumental. Para tal objetivo el empleo del medio debe resultar ineludible. Ahí se afecta al derecho a no sufrir indefensión. La que originaría su privación porque, en tal caso, el objetivo probatorio de la parte devendría frustrado (STS 1289/1999 de 5 de marzo). Es de subrayar que la presencia de este requisito puede variar según el momento del procedimiento. Lo inicialmente necesario -por ejemplo al tiempo de decidir la admisión del medio- puede devenir innecesario -por ejemplo al tiempo en que su práctica estaba prevista- lo que ocurrirá si la práctica de otros medios, conforme a una ponderada valoración, hacen prescindible el excluido, cualquiera que sea su eventual resultado. Por ello se hace referencia a la necesidad de ponderar la prueba de cargo ya practicada en el momento de denegar la práctica de un determinado medio. Sea de manera directa sea indirectamente al denegar la suspensión del juicio para disponer de dicho medio en una sesión ulterior. d)  Además la práctica del medio, incluso después de su admisión, ha de resultar posible. Lo que exige ponderar las circunstancias del caso concreto. A tal situación cabe equiparar aquéllas en que la dificultad resulte, por extrema, no proporciona. e)  Además se requiere que el resultado eventual del medio resulte de indudable relevancia. Atañe esta exigencia a la consideración del sentido de la resolución que ha de fundarse en dicho resultado probatorio. Sea la de condena o absolución, sea cualquier otra consecuencia de transcendente contenido penal. Para ser relevante ha de considerarse que tenga potencialidad para modificar de alguna forma importante el sentido del fallo, a cuyo efecto el Tribunal puede tener en cuenta el resto de las pruebas de que dispone (STS 1591/2001 de 10 de diciembre y STS  976/2002 de 24 de mayo). f)  Como carga de orden procesal, se viene exigiendo la exteriorización, al tiempo de la exclusión del medio, de la oportuna protesta. g)  En la Sentencia de este mismo Tribunal de 10 de Junio del 2011, resolviendo el recurso 10.183/2011, también requeríamos para estimar este motivo que los órganos judiciales hayan rechazado inmotivadamente su práctica, con una explicación incongruente, arbitraria o irrazonable, de una manera tardía. h)  Y, añadíamos en esa misma sentencia como requisito, que, habiendo admitido la prueba, finalmente no hubiera podido practicarse ésta por causas imputables al propio órgano judicial, habiendo de tenerse en cuenta a este respecto que no resulta aceptable que de la admisión se derive un bloqueo absoluto del trámite o, en el mejor de los casos, se incurra en la violación del derecho, también constitucional, a un juicio sin dilaciones indebidas, en tanto que al juez tampoco le puede ser exigible una diligencia que vaya más allá del razonable agotamiento de las posibilidades para la realización de la prueba que, en ocasiones, desde un principio o sobrevenidamente se revela ya como en modo alguno factible (STS 398/2014 de 8 de mayo).”

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¿La aplicación de la agravante del artículo 148 del Código Penal (resultado o riesgo causado en las lesiones) es imperativa o es potestativa?

En la sentencia de 12 septiembre de 2017 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declara que “en todo caso, la subsunción de los hechos en el tipo penal del artículo 147.1 del Código Penal no supone que su punición haya de sujetarse necesariamente al subtipo agravado del artículo 148.4 del Código Penal, por más que la víctima estuviere -como los hechos probados recogen- ligada al autor por una relación de afectividad análoga al matrimonio. A diferencia de lo que acontece respecto de las lesiones agravadas contempladas en los artículos 149 y ss, la agravación penológica recogida en el artículo 148 del Código Penal, no se ha configurado por el legislador como imperativa, sino potestativa del Juzgador, en atención al caso concreto. El precepto recoge la facultad que tiene el Juez o Tribunal, de ampliar discrecionalmente el marco de punición de los hechos, cuando se den las concretas circunstancias previstas en la norma, siempre atendiendo al resultado causado o al riesgo producido. Y si el vínculo de afectividad propio de una pareja estable (art. 149.4 CP), es uno de los supuestos que el legislador contempla como de susceptible agravación, sin duda por el plus de culpabilidad que refleja que el autor desprecie con su acción la comunidad de convivencia que tiene con la víctima, el elemento que justifica que la respuesta penal sobrepase el ámbito de punición inherente a la concurrencia de la agravante genérica de parentesco del artículo 23 del Código Penal, radica en el desvalor de la acción o del resultado. Por más que la comunidad de afecto en la pareja -existente o pasada-, defina un singular rechazo de los comportamientos agresivos que surgen en su seno y justifique con ello la apreciación como agravante de la circunstancia mixta de parentesco, la punición agravada del artículo 148.4 del Código Penal , exige, o un juicio negativo del comportamiento, que el legislador centra en el riesgo al que se somete a la víctima (desvalor de la acción), o un juicio negativo de cómo el comportamiento ha afectado al bien jurídico (desvalor del resultado). Elementos que no se dan en el caso analizado, pues -más allá de la significación antijurídica de la agresión sexual, que justifica su punición independiente-, el Tribunal refleja que los padecimientos corporales consistieron en una erosión en epitelio del cuello uterino, hematomas en cadera izquierda, zona parpebral izquierda, región nasal interna, herida sangrante en región zigomática derecha, expresando que la curación sobrevino en diez días y precisó un único punto de sutura. El motivo debe ser estimado, si bien, ajustándose la punición de las lesiones del artículo 147.1 del Código Penal, a la concurrencia -como circunstancia agravante- de la circunstancia mixta de parentesco, recogida en el artículo 23. del Código Penal.”

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¿Cómo debe examinarse la esquizofrenia para apreciarla como atenuante o como eximente?

Nos enseña la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia de 21 de septiembre de 2017 que “en nuestra STS 1081/2007, 20 de diciembre, recordábamos que la esquizofrenia, entendida en términos psiquiátricos como la escisión de la personalidad que lleva al autismo, ha sido aplicada por la jurisprudencia de esta misma Sala con distinto criterio en función de su intensidad y, sobre todo, de la proximidad entre el momento ejecutivo y el brote esquizoide que caracteriza esa enfermedad. Y es ese brote el que coloca al agente en una verdadera situación de excepcionalidad para captar el mensaje imperativo de la norma penal. No faltan precedentes en los que esta atenuante ha sido valorada como analógica, sobre todo en aquellos casos en los que el acusado «…no se hallaba en fase aguda», y contaba con la «… plena conservación de su  capacidad volitiva»  (cfr. STS 8 junio 1990); o cuando el acusado no sufría un brote esquizofrénico en el momento de cometer el delito, ni tampoco concurrían en él «…circunstancias externas reveladoras de un comportamiento anómalo, sino que nada hubo en su comportamiento que revelase que era una persona […] afirmándose que obró con verdadero cuidado y astucia»  (STS 1185/1998, 8 de octubre); o cuando la acción del acusado no estuvo conectada a un brote esquizofrénico, sino al «…residuo patológico que le dejó su padecimiento esquizofrénico».”

Añade el alto Tribunal que “de hecho, la jurisprudencia, viene reservando la aplicación de la eximente incompleta en los casos de esquizofrenia paranoide a aquellas situaciones de delirio psicótico o incomunicación absoluta con el exterior o a aquellos otros en los que, al ocurrir los hechos, el acusado actuase bajo un brote esquizoide (cfr. STS 686/2002, 2 de junio, con cita de las SSTS 4 junio 1999, 20 marzo 2000 y 26 diciembre 2000).”

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Penal.

¿Qué requisitos deben concurrir para que se aprecie la atenuante de confesión?

En sentencia de 14 de septiembre de 2017 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nos recuerda que “la jurisprudencia de este Tribunal (SSTS 683/2007 de 17 de julio, 755/2008 de 26 de diciembre, 508/2009 de 13 de mayo, 1104/2010 de 29 de noviembre, 318/2014 de 11 de abril,541/2015 de 18 de septiembre 643/2016 de 14 de julio, 165/2017 de 14 de marzo o 240/2017 de 5 de abril, entre otras) exige como requisitos de la atenuante del artículo 21.4 CP que el sujeto confiese a las autoridades la comisión de un hecho delictivo o su participación en el mismo; que la confesión sea veraz, con exclusión de los supuestos en que se sostenga una versión interesada de carácter exculpatorio que después se revela totalmente falsa; y que la confesión se produzca antes de conocer que el procedimiento, entendiendo por tal también las diligencias policiales de investigación, se dirige contra él, lo que ha de relacionarse con la utilidad de la confesión. Quedan al margen aquellos supuestos en los que la aparente confesión se produzca cuando ya no exista posibilidad de ocultar la infracción ante su inmediato e inevitable descubrimiento por la autoridad.

Recordaba la STS 427/2017 de 14 de junio, con cita de otros precedentes, que esta atenuante encuentra su justificación en razones de política criminal. Al Estado le interesa que la investigación de los delitos se vea facilitada por la confesión -siempre voluntaria y espontánea- del autor del hecho. Con ello se simplifica el restablecimiento del orden jurídico por aquel que lo ha perturbado, se refuerza el respaldo probatorio de la pretensión acusatoria e incluso se agiliza el ejercicio del ius puniendi. La atenuante de confesión, superada ya su antigua configuración que la vinculaba al arrepentimiento del culpable, encuentra hoy su fundamento en razones de política criminal, en la medida que ahorra esfuerzos de investigación y facilita la instrucción de la causa. Además del elemento cronológico se exige de ella que sea sustancialmente veraz, aunque no una coincidencia total con el hecho probado. El requisito de la veracidad parte de su propio fundamento como atenuante. La confesión (resaltan entre otras SSTS 832/2010 de 5 de octubre, 240/2012 de 26 de marzo, 764/2016 de 14 de octubre, 118/2017 de 23 de febrero) supone un reconocimiento de la vigencia de la norma y un aquietamiento a las previsiones de penalidad previstas en el ordenamiento para su conducta. Si lo que pretende el confesante no es posibilitar la actuación instructora sino la defensa ante un hecho delictivo, no se cumple con esa finalidad que fundamenta la atenuación. Ahora bien, eso no implica que, puesta sobre la mesa la veracidad de los hechos, no pueda el confesante poner también de relieve aquellos elementos de donde deducir cualquier género de comportamiento atenuatorio de su responsabilidad penal. De ahí que la atenuante no resulte incompatible con el mantenimiento de versiones defensivas en aspectos que no sean sustanciales, que puedan resultar no acreditados, siempre que no quede desvirtuada su propia finalidad.”

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