¿Qué se entiende por relación laboral indefinida no fija?

¿Qué se entiende por relación laboral indefinida no fija?

La reciente sentencia de 24 de octubre de 2014 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que cita una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2013, responde a esta cuestión recordando que “la denominada relación laboral indefinida no fija es una creación jurisprudencial que surgió a finales del año 1996 para salir al paso de la existencia de irregularidades en la contratación de las Administraciones Públicas que, pese a su ilicitud, no podían determinar la adquisición de la fijeza por el trabajador afectado, pues tal efecto pugna con los principios legales y constitucionales que garantizan el acceso al empleo público -tanto funcionarial, como laboral- en condiciones que se ajusten a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. En términos de la sentencia del Pleno de 20 de enero de 1998, «el carácter indefinido del contrato implica desde una perspectiva temporal que éste no está sometido, directa o indirectamente a un término», pero añade que «esto no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas».

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La absolución en el proceso penal por los mismos hechos que provocaron el despido laboral ¿puede conllevar la rescisión, nulidad o revisión de la sentencia firme de despido?

La absolución en el proceso penal por los mismos hechos que provocaron el despido laboral ¿puede conllevar la rescisión, nulidad o revisión de la sentencia firme de despido?

La respuesta a esta cuestión, nos las ofrece la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2014 que declara que “Así, la STS de 16 de julio de 1997 rechaza que la absolución en el proceso penal sea óbice a la declaración de procedencia de despido por los mismos comportamientos y que integra por sí sola la causa de revisión. En igual sentido, la STS de 5 de abril de 2005, en su Fundamento Quinto, párrafo tercero y cuarto: «Como se razona en la citada sentencia de 13-2-1998, la valoración que de la prueba practicada realiza el Juez Penal en un proceso en el que rige el derecho fundamental a la presunción de inocencia para llegar a la conclusión de que no resulta probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometiera el delito que se le imputa, no impide que el Juez del Orden Social de la Jurisdicción considere suficientemente acreditado –en uso y ejercicio de la potestad que le confiere el art. 97.2 LPL en orden a la valoración de la prueba –el incumplimiento contractual grave que justifica la procedencia del despido; y que este sentido de independencia de uno y otro Orden Jurisdiccional, en relación con la valoración de la prueba– con los limites antes dichos de inexistencia del hecho o falta de participación del trabajador en el ilícito penal, en cuyas circunstancias prevalece o se impone la sentencia penal sobre lo civil– ha sido proclamado en doctrina constante de este Tribunal Supremo (sentencias de 15 de junio de 1.992, y 20 de junio de 1.994 entre otras; y ello por cuanto, como señala el Tribunal Constitucional en sus sentencias de 24/1983 de 23 de febrero , 36/1985 de 8 de marzo y 62/1984 de 2 de mayo «la jurisdicción penal y laboral operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta»
Añade la Sala de lo Social que en “nuestra sentencia de 10 de junio de 2014, reitera dicha doctrina, y añade que «en definitiva, no debe aplicarse en el presente caso el motivo específico de revisión del art. 86.3 LPL , pues el Juez penal no excluyó la existencia del hecho ni de modo absolutamente concluyente la participación en el mismo de la inculpada sino que fue la falta de prueba lo que condujo esencialmente – por aplicación del principio de presunción de inocencia – a la absolución de la hoy demandante en revisión».

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¿Cómo hay que acreditar que ha existido una pareja de hecho a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad?

¿Cómo hay que acreditar que ha existido una pareja de hecho a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la sentencia de 12 de noviembre de 2014, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que tratando esta cuestión, con cita en anteriores resoluciones, ha declarado que “1) que los requisitos legales de «existencia de pareja de hecho» y de «convivencia estable y notoria», establecidos ambos en el vigente artículo 174.3 LGSS son distintos, debiendo concurrir ambos para el reconocimiento del derecho a pensión a favor del sobreviviente; 2) que, en el mismo precepto legal, las reglas de acreditación de uno y otro requisito son asimismo diferentes; 3) que la «existencia de pareja de hecho» debe acreditarse, de acuerdo con el repetidamente citado artículo 174.3 LGSS , bien mediante «inscripción en registro específico» de parejas de hecho, bien mediante «documento público en el que conste la constitución» de la pareja, lo que refleja la voluntad de la ley de limitar la atribución de la pensión en litigio a las parejas de hecho regularizadas.”

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Repercusión en los medios

Repercusión en los medios.

 

El pasado domingo, día 18 de mayo de 2014, el diario Información publicó una noticia sobre la investigación llevada a cabo por una Juez por el acoso recibido por un trabajador. Representa al querellante el despacho Whitman Abogados.

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