¿Existe la segunda instancia en el proceso laboral?

¿Existe la segunda instancia en el proceso laboral?

La respuesta a esta cuestión es de sentido negativo y así se ocupa de recordarlo la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que en sentencia de 24 de cotubre de 2014 nos enseña que “el Tribunal Constitucional ha declarado que, la suplicación, no es un recurso de apelación ni una segunda instancia, sino un recurso de objeto limitado, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial el recurrente; en el que no rige el principio iura novit curia y en el que, salvo la concurrencia de infracciones de orden público, la Sala ha de decidir dentro de los motivos de suplicación ( STS, 4ª de 13.12.2002 ) y en el que, por ello mismo, se deben respetar una serie de requisitos formales impuestos por la ley.
Lo razonado determina, inexcusablemente, la total desestimación del recurso dado que no es posible, a la luz de la doctrina expuesta, que la Sala construya ex oficio el recurso, ya que vulneraría el principio dispositivo y de rogación que rige el proceso, colocando a la otra parte en situación de indefensión y vulnerando su derecho a la igualdad como litigante con tal actuación de oficio.
No hay que olvidar -las afirmaciones se han hecho respecto del recurso de casación, pero son extrapolables al de suplicación- que el Tribunal no puede asumir una función de defensa material de la parte, con quiebra del principio de imparcialidad inherente a la función de juzgar, y, como ha quedado expuesto supra , siendo improcedente la aplicación del principio «da mihi factum, dabo tibi ius», que es ajeno al recurso extraordinario ( STS 30.3.2005 -rec. 226/04 -), por su carácter, se reitera, acentuadamente técnico-jurídico y hallarse sometido a motivos legalmente regulados que han de ser objeto de la exposición correspondiente, lo que determina que «los poderes de la Sala están limitados por los motivos del recurso», de modo que «no puede ésta de oficio sustituir al recurrente en la fundamentación de las causas de impugnación de la sentencia recurrida» ( SsTS 29.9.2003 -rec. 4775/02 -, 27.4.2005 -rec. 4596/03 – y 16.1.2006 -rec. 670/05-).”

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La legitimación para promover el despido colectivo ¿es la misma para la empresa que para un grupo mercantil? ¿Qué diferencia existe entre ambas?

La legitimación para promover el despido colectivo ¿es la misma para la empresa que para un grupo mercantil? ¿Qué diferencia existe entre ambas?

La respuesta es esta compleja cuestión nos las proporciona la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 25 de noviembre de 2014, que resolviendo esta cuestión nos enseña que “la legitimación para promover el despido colectivo se predica de la empresa, entendiéndose como tal a quien proporciona y retribuye el trabajo, fuere quien fuere la empresa que lo controla. La jurisprudencia ha validado la promoción del despido colectivo por el grupo de empresas a efectos laborales, cuando no se cuestiona su condición de empleadoras por la RLT (STS 25-06-2014, rec. 165/2013, confirma SAN 18-12-2012 y STS 18-03-2014, rec. 114/2013 ). Dicha legitimación se predica únicamente, por tanto, de los denominados grupos de empresa a efectos laborales, entendiéndose como tales los grupos en los que concurre confusión de plantillas y confusión patrimonial, o uso abusivo de la personalidad jurídica ( STS 19-12-2012, rec. 4340/2011; SAN 26-07-2012, proced. 124/2012; SAN 28-09-2012, proced. 152/2012; 18-12-2012, proced. 257/2012; SAN 25-02-2013, proced. 324/2012 y STS 20-03-2013, rec. 81/2012 ). – Las sentencias del TS 27-05-2013, rec. 78/2012, 25-09-2013, rec. 3/2013; 19-12-2013, rec. 3/2013 , STS 28-01-2014, rec. 46/2013 y STS 29-01-2014, rec. 121/2013 han matizado la jurisprudencia precedente, subrayando que la unidad de empresa y la apariencia externa de unidad son irrelevantes a estos efectos, por cuanto, concurren necesariamente en los grupos mercantiles, por lo que los rasgos diferenciadores son únicamente la confusión patrimonial, entendiéndose que concurre cuando el patrimonio de las diversas empresas es indistinguible y hay confusión de plantillas, asociadas al fraude de ley, o el uso abusivo de la personalidad.”
“Cuando no concurren las notas citadas” añade la Sala de lo Social “no hay grupo de empresas a efectos laborales ( STS 28-01-2014, rec. 46/2013 ), no concurriendo porque una tenga las acciones de la otra, subrayando, en ese caso, que no pertenecen al mismo ciclo productivo ( STS 21-05-2014, rec. 182/2013).”

“Por el contrario”, explica el Tribunal “cuando se trate de un grupo mercantil, entendiéndose como tal cuando una empresa controle a otra u otras (art. 42 C.Co ) el grupo como tal no estará legitimado para promover el despido colectivo (TSJ Murcia 22-10-2012, rec. 896/2011 ; TSJ Galicia 21-11-2012, rec. 22/2012 ; SAN 11-03-2013, proced. 381/2012 ; SAN 20-03-2013, proced. 19/2013 ; SAN 25-02-2013, proced. 19/2013 ; SAN 20-03-2013, proced. 219/2012 , STS 27-05-2013, rec. 78/2012 ). – Ya anticipamos más arriba, que procedería el levantamiento del velo, cuando se acredite que empresas, que no se integran propiamente en el grupo de empresas, al no concurrir las exigencias del art. 42 CCo , forman parte del entramado empresarial, con cuyas empresas mantienen una confusión patrimonial indistinguible, así como confusión de plantillas ( SAN 15-10-2014, proced. 488/2013 ).”

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¿Qué se entiende por relación laboral indefinida no fija?

¿Qué se entiende por relación laboral indefinida no fija?

La reciente sentencia de 24 de octubre de 2014 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que cita una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2013, responde a esta cuestión recordando que “la denominada relación laboral indefinida no fija es una creación jurisprudencial que surgió a finales del año 1996 para salir al paso de la existencia de irregularidades en la contratación de las Administraciones Públicas que, pese a su ilicitud, no podían determinar la adquisición de la fijeza por el trabajador afectado, pues tal efecto pugna con los principios legales y constitucionales que garantizan el acceso al empleo público -tanto funcionarial, como laboral- en condiciones que se ajusten a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. En términos de la sentencia del Pleno de 20 de enero de 1998, «el carácter indefinido del contrato implica desde una perspectiva temporal que éste no está sometido, directa o indirectamente a un término», pero añade que «esto no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas».

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La absolución en el proceso penal por los mismos hechos que provocaron el despido laboral ¿puede conllevar la rescisión, nulidad o revisión de la sentencia firme de despido?

La absolución en el proceso penal por los mismos hechos que provocaron el despido laboral ¿puede conllevar la rescisión, nulidad o revisión de la sentencia firme de despido?

La respuesta a esta cuestión, nos las ofrece la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2014 que declara que “Así, la STS de 16 de julio de 1997 rechaza que la absolución en el proceso penal sea óbice a la declaración de procedencia de despido por los mismos comportamientos y que integra por sí sola la causa de revisión. En igual sentido, la STS de 5 de abril de 2005, en su Fundamento Quinto, párrafo tercero y cuarto: «Como se razona en la citada sentencia de 13-2-1998, la valoración que de la prueba practicada realiza el Juez Penal en un proceso en el que rige el derecho fundamental a la presunción de inocencia para llegar a la conclusión de que no resulta probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometiera el delito que se le imputa, no impide que el Juez del Orden Social de la Jurisdicción considere suficientemente acreditado –en uso y ejercicio de la potestad que le confiere el art. 97.2 LPL en orden a la valoración de la prueba –el incumplimiento contractual grave que justifica la procedencia del despido; y que este sentido de independencia de uno y otro Orden Jurisdiccional, en relación con la valoración de la prueba– con los limites antes dichos de inexistencia del hecho o falta de participación del trabajador en el ilícito penal, en cuyas circunstancias prevalece o se impone la sentencia penal sobre lo civil– ha sido proclamado en doctrina constante de este Tribunal Supremo (sentencias de 15 de junio de 1.992, y 20 de junio de 1.994 entre otras; y ello por cuanto, como señala el Tribunal Constitucional en sus sentencias de 24/1983 de 23 de febrero , 36/1985 de 8 de marzo y 62/1984 de 2 de mayo «la jurisdicción penal y laboral operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta»
Añade la Sala de lo Social que en “nuestra sentencia de 10 de junio de 2014, reitera dicha doctrina, y añade que «en definitiva, no debe aplicarse en el presente caso el motivo específico de revisión del art. 86.3 LPL , pues el Juez penal no excluyó la existencia del hecho ni de modo absolutamente concluyente la participación en el mismo de la inculpada sino que fue la falta de prueba lo que condujo esencialmente – por aplicación del principio de presunción de inocencia – a la absolución de la hoy demandante en revisión».

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¿Cómo hay que acreditar que ha existido una pareja de hecho a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad?

¿Cómo hay que acreditar que ha existido una pareja de hecho a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la sentencia de 12 de noviembre de 2014, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que tratando esta cuestión, con cita en anteriores resoluciones, ha declarado que “1) que los requisitos legales de «existencia de pareja de hecho» y de «convivencia estable y notoria», establecidos ambos en el vigente artículo 174.3 LGSS son distintos, debiendo concurrir ambos para el reconocimiento del derecho a pensión a favor del sobreviviente; 2) que, en el mismo precepto legal, las reglas de acreditación de uno y otro requisito son asimismo diferentes; 3) que la «existencia de pareja de hecho» debe acreditarse, de acuerdo con el repetidamente citado artículo 174.3 LGSS , bien mediante «inscripción en registro específico» de parejas de hecho, bien mediante «documento público en el que conste la constitución» de la pareja, lo que refleja la voluntad de la ley de limitar la atribución de la pensión en litigio a las parejas de hecho regularizadas.”

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Repercusión en los medios

Repercusión en los medios.

 

El pasado domingo, día 18 de mayo de 2014, el diario Información publicó una noticia sobre la investigación llevada a cabo por una Juez por el acoso recibido por un trabajador. Representa al querellante el despacho Whitman Abogados.

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