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¿Son legales los pactos prematrimoniales? y de ser así ¿cuáles son sus límites?

Civil

¿Son legales los pactos prematrimoniales? y de ser así ¿cuáles son sus límites?

La respuesta a ambas cuestiones nos las ofrece la sentencia de 24 de junio de 2015 dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que nos enseña que «el fenómeno pactos prematrimoniales tiene la denominación de capitulaciones matrimoniales en nuestro ordenamiento, si bien sujetas a restrictivos criterios formales, al deber formalizarse en escritura pública con inscripción posterior (arts. 1327 y 1333 Civil). En cualquier caso las capitulaciones no solo afectan al régimen económico matrimonial sino también con criterio más flexible a «cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo» (art. 1325 C. Civil).»

Por otro lado, añade el alto Tribunal «el art. 1328 del C. Civil considera nulas las estipulaciones que sean contrarias a las leyes, buenas costumbres o limitativas de la igualdad de derechos de los cónyuges. En el profundo cambio del modelo social y matrimonial que se viene experimentando ( art. 3.1 del C. Civil ) la sociedad demanda un sistema menos encorsetado y con mayor margen de autonomía dentro del derecho de familia, compatible con la libertad de pacto entre cónyuges que proclama el art. 1323 C. Civil , a través del cual debe potenciarse la facultad de autorregulación de los cónyuges ( art. 1255 C. Civil ) que ya tiene una regulación expresa en lo que se refiere a los pactos prematrimoniales, previsores de la crisis conyugal, en los arts 231-19 del Código Civil Catalán y en el art. 25 del ley 10/2007 de 20 de marzo de la Comunidad Valenciana.

De lo expuesto se deduce que no existe prohibición legal frente a los denominados pactos prematrimoniales, debiendo ponerse el acento en los límites a los mismos, que están en la protección de la igualdad de los cónyuges y en el interés de los menores, si los hubiere, pues, no en vano, el art. 90.2 del C. Civil establece como requisito para los convenios reguladores, aplicable por analogía en ese caso, para su aprobación, que no sean dañosos para los menores o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. En igual sentido el art. 39 de la Constitución cuando establece la protección de la familia y de la infancia.»

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¿Cabe moderar o extinguir una renta vitalicia mensual acordada tras la ruptura matrimonial en aplicación de la doctrina «cláusula rebus sin stantibus?

Civil

¿Cabe moderar o extinguir una renta vitalicia mensual acordada tras la ruptura matrimonial en aplicación de la doctrina «cláusula rebus sin stantibus?

En una muy interesante resolución de 24 de junio de 2015 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admite la posibilidad de moderación de la renta vitalicia. En efecto analiza el alto Tribunal si en aplicación de la doctrina sobre la «cláusula rebus sic stantibus» cabe una moderación de lo pactado.

Y al respecto nos enseña la Sala de lo Civil que «esta Sala, en sentencias de 17 de enero de 2013, recurso 1579 de 2010 , 18 de enero de 2013, recurso 1318 de 2011 y 15 de octubre de 2014, recurso 2992 de 2012 , exige para la aplicación de la cláusula «rebus», con mayor flexibilidad que en otras épocas, que la alteración sea sobrevenida y que concurra aumento extraordinario de la onerosidad o que no concurra la posibilidad de haber efectuado una previsión razonable de la situación desencadenada (art. 9:503 de los Principios Europeos de la Contratación).

Aplicada la doctrina al caso de autos, hemos de rechazar la moderación o extinción de la renta vitalicia, pues no se provoca una especial onerosidad en las prestaciones, ni la situación actual de los contratantes era difícilmente previsible, dado que ambos mantienen una desahogada situación financiera igual que la existente al momento de los pactos, por lo que ninguna variación se ha producido, razón que nos lleva a la aplicación del art. 1258 del Código Civil que determina algo tan elemental como que los contratos han de ser cumplidos.»

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Para que me concedan la nacionalidad española ¿es lo mismo tener buena conducta cívica que no tener antecedentes penales?

Para que me concedan la nacionalidad española ¿es lo mismo tener buena conducta cívica que no tener antecedentes penales?

La respuesta a esta cuestión, de sentido negativo, nos las ofrece la sentencia de 19 de junio de 2015 dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que con cita en su sentencia anterior de 19 de diciembre de 2011 nos recuerda que “nada tiene que ver pues el concepto jurídico indeterminado «buena conducta cívica» a que se refiere el artículo 22.4 del Código Civil, con la carencia de antecedentes penales, ya que la «buena conducta cívica» (además de suficiente grado de integración en la sociedad española) (artículo 22.4 del Código Civil), constituye un requisito adicional sobre la mera observancia de una conducta de no transgresión de las normas penales o administrativas sancionadoras, impuesto por el ordenamiento jurídico en razón del carácter excepcional que supone el reconocimiento de la nacionalidad por residencia y, por ende envuelve aspectos que trascienden los de orden penal y ha de ser valorada atendiendo a la conducta del solicitante durante un largo periodo de tiempo de permanencia en España y no puede identificarse sin más con la ausencia de antecedentes penales o policiales», añadiendo que «El cumplimiento de tal requisito viene determinado, por lo tanto, no solo por la ausencia de elementos negativos en la conducta del solicitante, como pueden ser transgresiones de las obligaciones de distinta naturaleza que el ordenamiento jurídico impone al ciudadano, sino por la acreditación positiva de un comportamiento conforme con los principios y valores cívicos de la comunidad en la que se integra, que ha de resultar más expresiva, convincente y concluyente cuando median situaciones y actuaciones que, al margen de la trascendencia penal, merecen una valoración negativa a efectos de cumplir con tal requisito de buena conducta cívica.”
Añade el alto Tribunal “concretando más y en supuesto similar al que ahora se enjuicia, el Tribunal Supremo ha declarado en una reciente sentencia de 5 de Diciembre de 2011 que procede, para la valoración de este requisito, «la toma en consideración del antecedente desfavorable que pesa sobre el recurrente, que ha sido condenado penalmente por hechos relacionados con la llamada «violencia doméstica»; sin que esos hechos sean lejanos en el tiempo, sino prácticamente coetáneos a la tramitación del expediente. Este dato negativo merece un juicio de desvalor de suficiente entidad como para no poder prescindir de él a la hora de apreciar la concurrencia del requisito de la buena conducta cívica, y no puede considerarse contrarrestado por los demás datos que el recurrente esgrime, que son más atinentes a la integración social en España (requisito distinto al que nos ocupa, también exigido por el artículo 22.4 CC) que a la buena conducta cívica.”

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¿Quién debe acordar la apertura de información reservada previa a iniciar expediente disciplinario contra un policía nacional?

¿Quién debe acordar la apertura de información reservada previa a iniciar expediente disciplinario contra un policía nacional?

La sentencia de 27 de marzo de 2015 dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicias de Aragón examinando esta cuestión explica que “al alegar nulidad del expediente sancionador -y por consiguiente de la resolución impugnada- con base en la incompetencia del Comisario Provincial de la Policía Nacional para acordar, con base en el artículo 30.1 de la LO 4/2010, la apertura de información reservada, previamente a toda o cualquier apertura de expediente disciplinario, la recurrente está identificando erróneamente como acto iniciador del expediente sancionador una actuación administrativa no prevista con tal significación en los artículos 19 , 30 y 32 del citado texto legal. La iniciación del expediente disciplinario, siempre de oficio, dependerá del correspondiente acto de incoación, a virtud de concretos y precisos impulsos que enumera el artículo 19.1 de la citada Ley , entre los que no se encuentra la referida información reservada, y no son otros, como bien saben las partes, que la propia iniciativa del órgano competente para la imposición de la sanción de que se trate, una orden superior, una moción razonada de un subordinado o simple denuncia.”
Añade el Tribunal Superior de Justicia que “es potestativo del órgano competente para la incoación de expediente disciplinario, que en un momento tan inicial como la comunicación o denuncia de hechos susceptibles de ser constitutivos de sanción disciplinaria, puede serlo tanto el Director General de la Policía como, en este caso, el Comisario Provincial de la Policía Nacional…., la apertura de información reservada, precisamente entre otros posibles fines para evitar la iniciación de expediente disciplinario ninguno. En definitiva, podrá acordarse o no la apertura de dicha información reservada y sólo la incoación de expediente disciplinario, determinará que dicha información reservada quede incorporada al expediente, precisamente en garantía del derecho de defensa del propio interesado, permitiendo que lo actuado por la Administración antes de la apertura del expediente disciplinario quede a su vista y contradicción. Desde este punto de vista, es indiferente quien acordara la apertura de la correspondiente información reservada si, atendido lo previamente informado, finalmente es órgano competente quien acuerda la incoación del correspondiente expediente sancionador, quedando incorporada al mismo la información reservada, que tuvo causa, precisamente, en lo que sólo puede constituir en este caso fundamento del acuerdo de iniciación del expediente administrativo, esto es, en este caso lo que puede entenderse como moción razonada de un subordinado -minuta del delegado de automoción de la Comisaría de…., en definitiva, el expediente sancionador se inició, en tanto que se entendió que se trataba de hechos que podían ser constitutivos de falta grave, por acuerdo del Director General de la Guardia Civil, órgano competente entonces, acordando éste la incorporación al procedimiento de la información reservada adoptada por el Comisario Provincial, cuando se denunciaron hechos en los que podían faltar elementos y datos para una primera e indiciaria mínima calificación a efectos de determinación del órgano competente.”
Concluye el Tribunal afirmando que “sólo en el seno del expediente disciplinario, propiamente dicho, es donde operaría la posible causa de nulidad alegada, sin que pueda, aun cuando concurriera, un pretendido vicio de incompetencia en una actuación previa, potestativa, auxiliar y complementaria extenderse a la totalidad del procedimiento principal. En cualquier caso, como alega el Abogado del Estado, el vicio de incompetencia que se denuncia, erróneamente, es incompetencia jerárquica, que no conlleva un efecto de nulidad de pleno derecho, sino de anulabilidad, siendo susceptible de convalidación por el superior jerárquico, ex artículo 67.3 de la Ley 30/92. Así operaría ya en el seno del mismo expediente disciplinario, en el caso de la incoación de expediente disciplinario por órgano que posteriormente se revelara incompetente, siendo evidente que un posible vicio de tal naturaleza en una información reservada previa no podrá extenderse al procedimiento al que complementa, del que sólo es auxiliar.”

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Los facultativos médicos del Cuerpo Nacional de Policía ¿deben jubilarse a los 65 años o tienen derecho a prolongar su actividad hasta los 70 años?

Los facultativos médicos del Cuerpo Nacional de Policía ¿deben jubilarse a los 65 años o tienen derecho a prolongar su actividad hasta los 70 años?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 13 de mayo de 2015 que nos enseña que tras examinar si la Ley 30/1984 se aplica de forma supletoria a la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a estudiar si el reclamante pertenece o no al Cuerpo Nacional de Policía y para concluir afirmativamente el Tribunal razona que “el artículo 17 de la referida Ley Orgánica 2/1986 regula las Escalas y Categorías de que consta el Cuerpo Nacional de Policía, y que son las siguientes: La Escala superior, con dos categorías; la Escala ejecutiva, con dos categorías; la Escala de subinspección, con una sola categoría; y la Escala básica, con dos categorías. Para el acceso a las Escalas anteriores, se exigirá estar en posesión de los títulos de los Grupos A, B, C y D, respectivamente, y la superación de los cursos correspondientes en el Centro de Formación. Y añade también el mismo artículo 17 que en el Cuerpo Nacional de Policía existirán las plazas de Facultativos y de Técnicos, con títulos de los Grupos A y B, que sean necesarias para la cobertura y apoyo de la función policial, que se cubrirán entre funcionarios de acuerdo con el sistema que reglamentariamente se determine. Excepcionalmente, si las circunstancias lo exigen, podrán contratarse, temporalmente, especialistas para el desempeño de tales funciones. La conclusión a la que llega la sentencia, y que no podemos sino confirmar es que el recurrente, facultativo médico forma parte del Cuerpo Nacional de Policía.”
Añade la Sala, dando respuesta a la cuestión principal propuesta, de jubilación a los 65 o 70 años, explica que aún dando la razón al recurrente “cuando invoca el menor desgaste físico de los facultativos o médicos con respecto a los demás miembros de los Cuerpos de Seguridad, que desarrollan las funciones o tareas que podríamos denominar «típicas» o definitorias de tales Policías Nacionales, y que se relacionan en la repetida Ley Orgánica 2/1986 (velar por el cumplimiento de las leyes, mantener y restablecer el orden y seguridad ciudadana, prevenir la comisión de actos delictivos…). Y que el artículo 1 de la Ley 26/1994, de 29 septiembre, que regula la situación de segunda actividad del Cuerpo Nacional de Policía exceptúa expresamente de su aplicación a los funcionarios que ocupen plazas de facultativos y técnicos del mencionado Cuerpo.”
“Sin embargo” explica el Tribunal, “estas razones, que hubieran justificado un trato desigual, de haberlo querido así el legislador, no imponen que la ley que determina el estatuto jurídico de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía sea inconstitucional por no haber previsto que dentro de los funcionarios que lo forman existen unos que tienen un desgaste físico, o unas necesidades físicas menores que las generales, y por ello que sea contraria al artículo 14 de la Constitución o al 35, en cuanto consagra el derecho al trabajo, pues es evidente que quien decide ingresar en un determinado Cuerpo como el de Policía, con una determinada edad de jubilación, es tratado por igual, en relación a los funcionarios de dicho Cuerpo, sin que se produzca una desigualdad contraria al artículo 14 de la Constitución, porque el legislador prevea para otros funcionarios distinta edad de jubilación, que puede obedecer a diversos criterios, igualmente legítimos. En consecuencia, no se aprecia motivo para plantear cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.”

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¿Cuál es la doctrina del Tribunal Supremo sobre las medidas cautelares?

¿Cuál es la doctrina del Tribunal Supremo sobre las medidas cautelares?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece el auto de 27 de abril de 2015 dictado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que con cita en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2014 recuerda que “La decisión sobre la procedencia de la medida cautelar comporta un alto grado de ponderación conjunta de criterios por parte del Tribunal que, según nuestra jurisprudencia, puede resumirse en los siguientes puntos:
a) Necesidad de justificación o prueba, aun incompleta o por indicios de aquellas circunstancias que puedan permitir al Tribunal efectuar la valoración de la procedencia de la medida cautelar. Como señala un ATS de 3 de junio de 1997: «la mera alegación, sin prueba alguna, no permite estimar como probado, que la ejecución del acto impugnado (o la vigencia de la disposición impugnada) le pueda ocasionar perjuicios, ni menos que éstos sean de difícil o imposible reparación», el interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que baste una mera invocación genérica.
b) Imposibilidad de prejuzgar el fondo del asunto. Las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso. De modo que la adopción de tales medidas no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. Como señala la STC 148/1993 «el incidente cautelar entraña un juicio de cognición limitada en el que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre las cuestiones que corresponde resolver en el proceso principal» (Cfr. ATS de 20 de mayo de 1993).
c) El periculum in mora, constituye el primer criterio a considerar para la adopción de la medida cautelar, Si bien, ha de tenerse en cuenta que el aseguramiento del proceso, no se agota, en la fórmula clásica de la irreparabilidad del perjuicio, sino que su justificación puede presentarse, con abstracción de eventuales perjuicios, siempre que se advierta que, de modo inmediato, puede producirse una situación que haga ineficaz el proceso. Si bien se debe tener en cuenta que la finalidad asegurable a través de las medidas cautelares es la finalidad legítima que se deriva de la pretensión formulada ante los Tribunales.
d) El criterio de ponderación de los intereses concurrentes es complementario del de la pérdida de la finalidad legítima del recurso y ha sido destacado frecuentemente por la jurisprudencia: «al juzgar sobre la procedencia [de la suspensión] se debe ponderar, ante todo, la medida en que el interés público exija la ejecución, para otorgar la suspensión, con mayor o menor amplitud, según el grado en que el interés público esté en juego». Por consiguiente, en la pieza de medidas cautelares deben ponderarse las circunstancias que concurren en cada caso y los intereses en juego, tanto los públicos como los particulares en forma circunstanciada, Como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia «cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrarío, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, sólo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto» (ATS 3 de junio de 1997, entre otros muchos).
e) La apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris) supuso una gran innovación respecto a los criterios tradicionales utilizados para la adopción de las medidas cautelares. Dicha doctrina permite valorar con carácter provisional, dentro del limitado ámbito que incumbe a los incidentes de esta naturaleza y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, los fundamentos jurídicos de la pretensión deducida a los meros fines de la tutela cautelar.”
Añade la Sala que “la LJCA no hace expresa referencia al criterio del fumas bonis iuris, cuya aplicación queda confiada a la jurisprudencia y al efecto reflejo de la LEC 1/2000 que sí alude en su articulo 728 a este criterio. No obstante, debe tenerse en cuenta que la más reciente jurisprudencia hace una aplicación mucho más matizada de la doctrina de la apariencia del buen derecho, utilizándola en determinados supuestos (de nulidad de pleno derecho, siempre que sea manifiesta, ATS 14 de abril de 1997, de actos dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula, de existencia de una sentencia que anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme; y de existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone una resistencia contumaz) «…pero advirtiendo, al mismo tiempo, de los riesgos de esa doctrina al señalar que «……..de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera que por amparar el derecho a la efectiva tutela judicial se vulnerarla otro derecho, también fundamental y recogido en el propio articulo 24 de la Constitución , cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito.»

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¿Qué es el recurso de anulación y cuál es su finalidad?

¿Qué es el recurso de anulación y cuál es su finalidad?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la sentencia de 8 de junio de 2015 dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que con cita en varias resoluciones, entre otras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 23/2011, de 14 de marzo ( Recurso de amparo número 4510/2007 ), nos enseña que “el recurso de anulación establecido en el art. 239.6 LGT , de motivos tasados, es un remedio que, en su «espíritu y finalidad» – art. 3.1, Título Preliminar del Código civil – aspira a hacer innecesario el planteamiento de un ulterior recurso, éste de plena cognitio. Así las cosas, carecería de sentido que un remedio, basado en motivos tasados y que tiene como finalidad evitar un recurso posterior, en caso de quedar frustrada tal finalidad, provocara para éste, que no ha podido evitarse, la misma limitación de la cognitio que es propia del remedio. Éste no sólo habría fracasado sino que, además, habría cercenado el contenido natural del recurso posterior que no había conseguido hacer innecesario.”
Añade la Sala que “si alguna duda hubiera respecto del sentido del art. 239.6 LGT , quedaría aclarada por el art. 60 del Reglamento General en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en sus apartados 2 -el plazo para la alzada sólo empieza a correr con la resolución expresa o presunta del recurso de anulación – y 4: «la resolución que se dicte como consecuencia del recurso de anulación sólo podrá ser impugnada en el mismo recurso que pudiera proceder contra el acuerdo o la resolución de la reclamación», lo que implica que el recurso de anulación no sólo no influye, recortándolo, en el ámbito objetivo de la congnitio del ulterior recurso, sino que, al contrario, es la resolución del recurso de anulación la que pierde su sustantividad, pues se engloba, para su impugnación, dentro del contenido más amplio de ese recurso posterior.5. La Sentencia aquí impugnada no lo ha entendido así y, dado que el demandante había interpuesto el recurso de anulación que le había sido ofrecido, no ha entrado en el conocimiento de las cuestiones de fondo planteadas y que versaban, en lo fundamental, sobre la conformidad o disconformidad a Derecho de una liquidación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales: se limita a examinar si concurría el motivo de nulidad que se atribuyó a la resolución de 29 de julio de 2004, declarando que las indicadas cuestiones de fondo «quedaban extramuros del limitado espacio de cognición propio del recurso 77-2005». Con ello traslada la limitación de la cognitio del recurso de anulación al posterior recurso contencioso-administrativo que aquél no consiguió evitar. Tal solución es fruto de una interpretación del art. 239.6 LGT claramente desproporcionada, habida cuenta de que la finalidad perseguida por el recurso de anulación, que es la de evitar la interposición de un ulterior recurso, para nada exige que éste quede sometido a la misma limitación de la cognitio que afecta a aquél, con lo que ha venido a crearse una causa de no pronunciamiento sobre el fondo del asunto desprovista de base legal.”

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Cuando no existen funcionarios integrantes de la escala correspondiente ¿puede adscribirse a agentes por necesidad del servicio transitoriamente al desempeño de funciones propias de la escala inmediatamente superior a la que pertenecen? y de ser así ¿deben percibir las retribuciones complementarias correspondientes?

Cuando no existen funcionarios integrantes de la escala correspondiente ¿puede adscribirse a agentes por necesidad del servicio transitoriamente al desempeño de funciones propias de la escala inmediatamente superior a la que pertenecen? y de ser así ¿deben percibir las retribuciones complementarias correspondientes?

La respuesta a ambas cuestiones nos las ofrece la sentencia de 27 de abril de 2015 dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que nos dice que “en el artículo 9 de dicho Real Decreto 1484/1.987 se prevé que -cuando por no existir funcionarios integrantes de la Escala correspondiente, las necesidades del servicio debidamente justificadas así lo exijan, el personal del Cuerpo Nacional de Policía podrá ser adscrito transitoriamente al desempeño de funciones propias de la Escala inmediatamente superior a la que pertenezcan. En dicho supuesto se percibirán las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que se desempeñe. Los puestos correspondientes serán ofertados para su provisión normal y definitiva, en la primera convocatoria posterior que se realice, cesando la adscripción transitoria al proveerse los indicados puestos-. Es de reseñar que la ya lejana Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Octubre de 1.999 advirtió que el artículo 9 del Real Decreto 1484/1.987 no infringe el principio de legalidad, por referirse la norma reglamentaria a una ordenación complementaria que ha de aplicarse cuando las necesidades del servicio, debidamente justificadas, lo exijan, por no existir funcionarios integrantes de la Escala correspondiente.”
Como consecuencia declara el Tribunal que “resulta así procedente el derecho de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía a percibir retribuciones correspondientes al desempeño de funciones propias de un puesto de trabajo que, en principio, debe ejercer un miembro de Escala superior. Por lo expuesto, como punto de partida cabe reconocer al funcionario que ejerce plenamente las funciones de determinado puesto de trabajo, el derecho a percibir las retribuciones complementarias correspondientes al mismo, teniendo declarado reiteradamente esta Sala que la vinculación de los complementos retributivos a los puestos de trabajo es innegable por su propia naturaleza y, por tanto, basta el desempeño de los puestos para que nazca el derecho a devengar aquellas retribuciones , siempre que se trate de puestos de trabajo dotados con los complementos que se reclamen o, cuando menos, del ejercicio de funciones de idéntico contenido a las propias del puesto de que deriven esos complementos, y todo ello por aplicación del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la ley, proclamado en el artículo 14 de la Constitución . La conculcación de éste exige la previa demostración de que ante situaciones idénticas comparadas, la solución normativa es diferente sin la existencia de razones objetivas para el distinto tratamiento. “
Por último no está de más aprovechar estas líneas para recordar, tal y como hace la sentencia que acabamos de citar,
las funciones atribuidas a las correspondientes Escalas del Cuerpo Nacional de Policía, creadas por la Ley Orgánica 2/1.986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se han desarrollado en el Real Decreto 1484/1.987, de 4 de Diciembre, sobre Normas Generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía . El artículo 5 del citado Real Decreto dispone que el CNP está formado por cuatro Escalas: Superior, Ejecutiva, Subinspección y Básica, señalando que: «a) la Escala Superior comprende dos categorías, la de Comisario Principal y la de Comisario; b) la Escala Ejecutiva comprende dos categorías, la de Inspector- Jefe y la de Inspector; c) la Escala de Subinspección comprende la categoría de Subinspector; y d) la Escala Básica comprende dos categorías, la de Oficial de Policía y la de Policía.”

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¿Qué es un plan especial? y ¿puede éste contradecir un Plan General?

¿Qué es un plan especial? y ¿puede éste contradecir un Plan General?

La respuesta a ambas cuestiones nos las ofrece la sentencia de 29 de mayo de 2015 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que con cita en diversas resoluciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recuerda que “en sentencia, entre otras, de 8 de marzo de 2010 la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado: Como dijimos en la STS de 24 de octubre de 1989, los Planes Especiales no son otra cosa que planes territoriales de distinto ámbito, de índole general o parcial, que en vez de atender a todos los aspectos de planeamiento sólo se extienden a una materia concreta y esencial, de entre la diversidad de objetivos que puede tener, como se desprende del art. 17 de L. Suelo y reitera el R.P.U., o como dice la doctrina, se trata de un instrumento de ordenación polivalente capaz de asumir varias funciones, incluso en función del desarrollo del planeamiento integral. Lo que, desde luego, no puede hacer un Plan Especial es contradecir las determinaciones de un Plan General, bien que limitado a supuestos de contradicción abierta y en materias o aspectos esenciales del planeamiento (se trata de un problema de límites que no pueden ser sobrepasados), entendiéndose de tal naturaleza los que afectan al contenido de la potestad urbanística, de manera que no cabe sustituir a los planes de rango superior como instrumentos de ordenación del territorio (arts. 17 L.S. y 6 y 76 R.P.U.) ni en el establecimiento y coordinación de las infraestructuras básicas. Esto es, tales características no obstan a que por la Administración, a través de Planes Especiales, se proceda a la ejecución de obras previstas en el Plan General u otro instrumento de planeamiento urbanístico que incidan en uno o varios sectores o áreas de planeamiento en tanto que no se incluyan factores no afectados por dichas obras, y se incluyan aquéllos a los que sí incide una obra singular, o una actuación de ejecución de una urbanización con construcción de todos los servicios previstos en el Plan aplicable.”
Añade la Sala que “ los planes especiales, a diferencia de los demás instrumentos de planeamiento, no ordenan el territorio desde una perspectiva integral y global, sino que su punto de vista es más limitado o sesgado porque atiende a un sector concreto y determinado. Esta diferencia tiene su lógica consecuencia en las relaciones con el plan general, pues si su subordinación fuera puramente jerárquica quedaría el plan especial sin ámbito propio sobre el que proyectarse, toda vez que no puede limitarse a reproducir lo ya ordenado en el plan general. Téngase en cuenta que el plan especial precisa un campo concreto de actuación en función de los valores que persiga y de los objetivos que se haya propuesto(…).”
Recuerda también el Tribunal Superior de Justicia que “también ha señalado el Tribunal Supremo en sentencia de 14-6-2011 lo siguiente: Esta Sala ha declarado en reiterada jurisprudencia que la potestad de planeamiento, aún siendo discrecional, se circunscribe a un fin concreto: la satisfacción del interés público, hallándose condicionada al mismo tiempo por los principios de interdicción de la arbitrariedad e igualdad consagrados en los artículos 103.1 , 9.3 y 14 de la Constitución . Así, entre otras, Sentencias de 26 de julio de 2006 (casación 2393/2003), 30 de octubre de 2007 (casación 5957/2003) y 24 de marzo de 2009 (casación 10055/2004). En la primera de ellas se insiste precisamente en que «las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación resultante en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales; no los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los intereses de la propia Corporación Municipal»
También se ha afirmado en la jurisprudencia de esta Sala y Sección la necesidad de que el cumplimiento de este requisito teleológico se justifique y motive convenientemente en la memoria del instrumento de planeamiento ( sentencia de 20 de octubre de 2003 ), resultando dicha exigencia de motivación más rigurosa y precisa cuanto más reducido sea el ámbito territorial abarcado por la modificación.»

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¿Qué requisitos deben concurrir para que pueda condenarse por abandono de destino?

¿Qué requisitos deben concurrir para que pueda condenarse por abandono de destino?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la sentencia de 1 de junio de 2015 dictada por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que recuerda que “la Sala en el Pleno no jurisdiccional celebrado con fecha 13 de Octubre de 2010 adoptó determinados Acuerdos para resolver, con carácter general y sin perjuicio de la apreciación de las circunstancias específicas del caso, este tipo de situaciones.”
Añade la Sala que “estos Acuerdos se han ido plasmando en sentencias posteriores, pudiendo sintetizarse nuestra doctrina ya consolidada conforme a lo expresado en la sentencia de 14 de marzo de 2011 en los siguientes términos:
a) La ausencia justificada a efectos penales es la que se atiene al marco normativo regulador de los deberes de presencia y disponibilidad (SSTS 3 de noviembre de 2010 y 11 de noviembre de 2010).
b) La mera situación de enfermedad no se equipara a la justificación de la ausencia (SSTS 3 de noviembre de 2010, 17 de noviembre de 2010 y 1 de diciembre de 2010).
c) En los casos de enfermedad dicho marco normativo de carácter reglamentario ha estado representado hasta fecha reciente por la Instrucción 169/2001, de 31 de julio, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa (SSTS 3 de noviembre de 2010 y 22 de febrero de 2011). Actualmente rige la Instrucción de la Subsecretaria del Ministerio de Defensa 1/2013, de 14 de enero.
d) La autorización reglamentaria no agota las posibilidades de justificación típica de la ausencia, porque el delito de Abandono de destino no es tipo penal en blanco ni ilicitud meramente formal que descanse en el incumplimiento de preceptos administrativos (SSTS 3 de noviembre de 2010 y 11 de noviembre de 2010).
e) Lo que resulta relevante para la justificación típica es la demostración no solo de la situación de enfermedad, sino que al margen de la dicha Instrucción se observaron no obstante los deberes inherentes a la plena disponibilidad, esto es, que el sujeto activo estuvo localizable, disponible para el mando y sometido a control militar dentro del plazo legalmente establecido (SSTS 3 de noviembre de 2010, 11 de noviembre de 2010, 21 de enero de 2011 y 27 de enero de 2011).
f) La prueba de la justificación de la ausencia producida al margen de dicho marco normativo incumbe a quien lo alegue (SSTS 3 de noviembre de 2010, 11 de noviembre de 2010, 31 de enero de 2011 y 21 de febrero de 2011), y
g) Resulta irrelevante la decisión unilateral del sujeto obligado, en cuanto a la forma de observar los deberes que le incumben, y, en particular, en cuanto a tramitar las bajas por enfermedad y someterse al control de la Sanidad Militar (SSTS 22 de febrero de 2011 y 7 de marzo de 2011).”

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